El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado un fuerte impulso al caso Púnica y ha acordado citar a cerca de 60 personas, ente imputados y testigos, que desfilarán por sede judicial en enero y febrero del próximo año. La batería de diligencias se acuerda en el marco de piezas clave del entramado como el relativo al amaño de obras pública en la Comunidad de Madrid, el 'pelotazo' de la empresa escolar de la red o los trabajos de mejora online para miembros del Partido Popular que se habría costeado con dinero de las arcas públicas.
De este modo, entre el total de 57 personas convocadas para el próximo 2021 se encuentran el constructor confeso y cabecilla de la red, David Marjaliza, el que fuera su socio José Luis Cápita y una serie de personas vinculadas al PP. Así, se incluye en la lista los exalcaldes de Denia (Ana Kringe), Castellón (Juan Alfonso Bataller) y Majadahonda (Narciso de Foxá) y el actual presidente del PP en Gandía y exdiputado de las Cortes Valencianas, Víctor Soler Beneyto. Sobre este último el magistrado requirió información a la cámara regional antes de actuar contra él. Las declaraciones, recogidas en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso La Información, tendrán lugar entre los días 18 de enero y 21 de febrero.
El magistrado trata de reactivar las piezas todavía abiertas en esta trama de corrupción que arrancó en octubre de 2014 y cuyo plazo final de instrucción se fijó para el pasado verano. Sin embargo, el parón por la crisis de la covid y la reforma de los plazos de instrucción hacen que el procedimiento en el que figuran imputados Esperanza Aguirre, Ignacio González o Cristina Cifuentes, vaya camino de sumar su séptimo año de instrucción. Así, del total de 57 citados a declarar, 24 lo harán en condición de investigados y 31 en calidad de testigos y dos como peritos. Entre la tanda de imputados que inaugurará esta ronda se incluye el exviceconsejero del PP de Madrid Miguel Ángel Valdepeñas y la que fuera directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, María Teresa Alonso.
Las comisiones del metro
Valdepeñas ya fue citado como investigado el pasado mes de septiembre en el marco de la séptima pieza que investiga la contratación irregular de la empresa Waiter Music. Entre todos los llamados a declarar entonces se encontraba el senador del PP David Erguido el cual tuvo que renunciar a su escaño tras conocerse su imputación. Aunque Erguido ya ha sido interrogado por estos hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 todavía tiene pendiente recabar el testimonio de todos ellos por las adjudicaciones a esta empresa dedicada a organizar eventos musicales a cambio de entrar en el circuito de facturas falsas del partido regional.
Entre los días 27 y 28 de enero declararán Marjaliza y el que fuera su socio Cápita. Anticorrupción sospecha que este empresario cercano al constructor confeso desvió a Suiza parte de la fortuna que amasó con algunos de los pelotazos urbanísticos en Valdemoro, localidad epicentro de la red. De hecho, le acusó de haber llegado a ocultar 750.000 euros en paraísos fiscales y de haberse valido de una maraña de sociedades para ocultar el rastro del dinero. Junto con ellos están citados también Javier Aldavert y Antonio Martín, vinculados a Obrum. Estos empresarios fueron imputados hace cerca de tres años junto con Juan Miguel Villar Mir por presuntos amaños en las licitaciones del ente público Mintra. Pese a que la Audiencia ha dado carpetazo a la causa en lo que al expresidente de OHL se refiere, las actuaciones siguen contra el resto.
Los investigadores les atribuyen la creación de esta firma para licitar contratos como el de las obras del metro de Madrid y desviar luego comisiones de hasta seis millones de euros para Francisco Granados y el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid. Con todo, el magistrado García Castellón también ha acordado citar el 20 de enero a dos peritos propuestos por la defensa Antonio Martín. Así pues esta es una de las líneas de investigación que reactiva el instructor junto con la relativa a los trabajos de mejora online que llevó a cabo el 'conseguidor' de la Púnica, Alejandro de Pedro. Precisamente en el marco de esta pata concreta de la macrocausa declararán los exediles del PP implicados en la red.
El pelotazo de Alfedel
Se trata de una de las últimas diligencias a practicar sobre esta trama que se aplicó en otros consistorios populares como Valencia o Majadahonda. Los investigadores apuntan a delitos de fraude, malversación, falsificación de documentos y tráfico de influencias por estos trabajos reputacionales. Consideran que se beneficiaron de unos encargos privados que se costearon con dinero de los ayuntamientos y, en algunos casos, (como ocurrió en Denia) denuncian incluso falseamiento de facturas para abonar estos cometidos que se realizaron desde las empresas Madiva y Eico. Por ese motivo, cita también a Claudio José Reig, en calidad de jefe de gabinete de la exalcaldesa Kringe, y a Abel Linares, vinculado a una de las firmas del informático De Pedro.
Ya en febrero el grueso de las citaciones se centrará en la pieza undécima del caso, relativa a la promotora Alfedel. Así, declarará como investigado Ángel Bravo, vinculado a esta empresa que, según Anticorrupción, desfalcó 15 millones de euros a sus socios. Además, el juez tomará declaración a una larga lista de testigos en relación a estos hechos que tuvieron lugar entre los años 2002 y 2014. Las fiscales sostiene que la promotora ingresó 19 millones de euros tras la adjudicación de unos suelos en Valdemoro gracias a la mano de Granados, exedil de esta localidad. Bajo la premisa de que se iba a construir un colegio y que era de interés para el municipio, pagaron un precio muy inferior al del mercado sin cumplir además con las condiciones de los pliegos. Según sospechan, a cambio de estas concesiones, Aldefel desvió comisiones que provenían de las cuentas de las cooperativas que habían confiado en este negocio y que desconocían estas irregularidades.
Finalmente, desfilarán por la Audiencia Nacional el 22 de febrero Javier Cid Sicluna -hermano de uno de los 'históricos' de Púnica, Ramiro Cid Sicluna- y el exjefe de la asesoría jurídica del El Corte Inglés Faustino José Soriano. El objetivo de estas citaciones, que ya se habían fijado para el mes de julio, es aclarar los pormenores de la venta de una finca de la que era titular El Corte Inglés en diciembre de 2004 por 17 millones de euros. ADADE pidió esta diligencia denunciando un "concierto de voluntades" entre Soriano y los cabecillas de la trama puesto que el terreno fue a parar a Obras y Vías, de la que es dueño Ramiro Cid Sicluna. Anticorrupción apuntó que El Corte Inglés entregó a Valdemoro el 12,5% del terreno que no vendió a la anterior empresa a cambio de seis fincas de propiedad municipal. Tiempo después, Obras y Vías adquirió este 12% por 7,3 millones en un movimiento que ocultaría "una trama criminal" para que la firma de Ramiro Cid acabara haciéndose con lo que restaba de la parcela de El Corte Inglés.
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