La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que le dé luz verde para ahondar en la investigación por la presunta caja 'b' del PP madrileño. Las fiscales al frente del caso Púnica quieren indagar contratos de determinados entes con el Gobierno regional que habrían servido para financiar de manera ilegal las campañas regionales de Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González. Para ello han solicitado a la Sala de lo Penal que se admitan una batería de diligencias que solicitaron al juez el pasado mes de julio, entre las que se encuentran incorporar en esta pieza la declaración del exdirector de la Agencia de Informática de Madrid, Silvano Corujo.
De acuerdo con un escrito con fecha de 5 de noviembre y al que ha tenido acceso La Información, Corujo reveló "prácticas presuntamente ilícitas" que se venían realizando desde ICM (Agencia de Informática y Comunicación) en connivencia con algunos empresarios salpicados por esta trama de corrupción. Según indican, Corujo decidió colaborar con la Justicia y contar cómo desde la empresa pública se adjudicaron contratos que estarían inflados. La dinámica consistiría en sobredimensionar estas licitaciones a entes implicados en la red para que luego éstos, a su vez, contrataran con empresarios vinculados a la trama.
Se refieren en concreto las fiscales Anticorrupción a los empresarios Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echevarría los cuáles participaron en este circuito a través de firmas suyas. Destacan en concreto Formaselect Consulting, Venezolana de Gestión, Sintra o Swat, según recoge el escrito el cual apuntan que con este entramado se fingió "la existencia de relaciones comerciales que no eran reales". Al respecto recuerdan que, de las pesquisas practicadas hasta la fecha, se constata que el PP madrileño falseó las cuentas electorales en las campañas de 2007, 2011 y 2014, teniendo en cuenta que sobrepasaron el límite de gasto legamente permitido.
Nuevas diligencias
"Parte del coste de la campaña sería abonada de forma subrepticia, mediante entregas en efectivo o utilizando para el pago de los servicios a terceras empresas interpuestas en su realización", recalca el escrito, el cual recuerda que tanto Sánchez Moyano como Madoz Echevarría desempeñaron un "papel nuclear". Tanto es así que dice que pusieron a disposición del partido su "elenco" de empresas abonando de este modo gastos electorales que ocultó de la financiación oficial el entonces gerente, Beltrán Gutiérrez. Además, recuerdan la declaración prestada hace apenas unos meses en sede judicial por Guillermo Ortega. El exalcalde del PP en Majadahonda compareció ante los investigadores del caso Púnica en julio para denunciar este presunto entramado diseñado por la entonces cúpula del PP madrileño.
Según dijo, la sobrefacturación de los contratos regresaría al partido nutriendo un fondo desde el que se atenderían gastos electorales y privados. En concreto, implicó en la dinámica a Mercado Puerta de Toledo, ente dependiente del IMADE (Instituto Madrileño del Desarrollo) y del que era gerente. De hecho, las confesiones sobre esta trama llevaron al magistrado Manuel García Castellón a detener su declaración teniendo en cuenta que se estaba incriminando en la dinámica y que se le podría imputar por su relato. El exedil popular recordó también un episodio ocurrido en la sede del partido en la calle Génova, donde el extesorero del partido Álvaro Lapuerta, entregó a Aguirre un sobre con 60.000 euros de una constructora.
Por todo ello las fiscales del caso solicitan que se incorpore a esta parte concreta de Púnica la declaración de Corujo así como los expedientes de adjudicación a Indra de las campañas electorales de los tres ejercicios arriba mencionados. Anticorrupción considera pertinente investigar el incremento del presupuesto de licitación que pasó de ser de 1,5 millones en 2007 a 2,9 en 2011 y de 4,47 millones de euros en el año 2014. Según explican, el estallido de esta red y la detención del que fuera gerente de ICM, José Martínez Nicolás, derivó en que quedara sin efecto la última adjudicación y que, además, se revisara el precio del contrato, el cual finalmente quedó reducido en 1,98 millones de euros.
La tesis del instructor
Se trata de una petición que ya formularon el pasado mes de julio y que entonces declinó el magistrado Manuel García Castellón. El instructor expuso en un auto del 26 de octubre que no veía "sobrefacturación" en los contratos de la Comunidad de Madrid con Indra. Igualmente dijo que tampoco quedaba acreditado que existiera una "doble contratación" de un mismo servicio por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno regional para el recuento de votos en las elecciones. "Mucho menos se puede inferir que existiese una sobrefacturación que se desviara a empresas del entorno del Partido Popular, tesis que, entiende este instructor, el escrito no identifica en qué indicios se sustenta", reza el auto del magistrado al que ha tenido acceso La Información.
Con todo, las pesquisas en la trama Púnica siguen avanzando. De hecho García Castellón imputó la pasada semana a cinco exalcaldes del PP en el marco de la investigación abierta por los trabajos de mejora de reputación online que llevó a cabo Alejandro de Pedro. El conocido como 'conseguidor' o 'informático' de la red está investigado por haber llevado a cabo estas labores de tinte privado recibiendo por ello fondos públicos de los consistorios o gobiernos a cuyo frente se encontraban los políticos beneficiarios de estos servicios. Entre el total de 17 investigados se encuentran los exediles Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada), Narciso de Foxa (Majadahonda), Ana María Kringe (Denia) y el exalcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa. Este último dimitió la semana pasada de su cargo como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid tras conocer su imputación en la red.
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