Viernes, 18.10.2019 - 14:23 h
No las firmó por falta de información

El auditor estalló tras meses pidiendo las cuentas a Bankia: "Es difícil justificarlo"

Francisco Celma entrega a la Audiencia los correos en los que imploró a la entidad que le remitiera la documentación necesaria sobre los estados.

Arranca el juicio por la salida a bolsa de Bankia en la Audiencia Nacional
Imagen de la primera sesión de vista oral del caso Bankia el 26 de noviembre/ Pool

Francisco Celma, el auditor de Deloitte que estudió las cuentas de Bankia con motivo de su salida a Bolsa, imploró durante meses al comité de auditoría de la entidad que le hiciera entrega de toda la documentación necesaria para dar el visto bueno a los estados financieros de 31 de marzo de 2012. La falta de concreción a sus continuos requerimientos provocó que estallara contra sus interlocutores: "La situación de retraso es difícil de justificar y hace muy difícil avanzar en el trabajo", expuso.

Este es uno de los mensajes que recogen los correos electrónicos cruzados con el banco entre los meses de diciembre de 2011 y febrero de 2012 y a los que ha tenido acceso La Información. El letrado del socio auditor los entregó a la Audiencia Nacional poco antes de que arrancara el juicio por el debut bursátil que le sienta en el banquillo junto con otras 33 personas y así lo comunicó los primeros días de juicio para apoyar su petición de archivo de la causa. 

De los mismos se desprende que Celma intentó, sin éxito, conseguir información relativa a activos inmobiliarios de Bankia. Así, en el primer correo aportado al tribunal con fecha de 19 de diciembre de 2011, se dirigió al expresidente del comité de auditoría Alberto Ibáñez -también acusado en el procedimiento- y le expuso que estaban actualizando su petición de información cada tres días en vista de que no la recibían. 

La siguiente comunicación, ya en enero, vino en respuesta a la entrega de información sobre los saldos a fecha de 31 de diciembre de 2011, año del debut bursátil del banco. En la misma, el experto agradece el envío pero recuerda al interlocutor que seguía pendiente de todo el material que debía recibir del área de inmobiliaria y que los retrasos se estaban acumulando. "Como verás, sigue siendo muy importante", apostilló.

Un tono más duro empleó en su siguiente mensaje, cuando faltaba un mes para el cierre trimestral de los estados financieros. "Dado que estamos a 9 de febrero, creemos que la situación de retraso en la recepción de documentación es difícil de justificar y hace muy difícil avanzar en la realización de trabajo de auditoría. Mostramos nuestra preocupación", dijo entonces. 

Incluso llegó a hacer una nueva petición que volvió a caer en saco roto, y ello pese a que Ibáñez González era consciente de la situación puesto que pidió que quedara reflejado en las actas del Consejo de Administración que Deloitte "todavía" no le había dado el visto a las cuentas. Precisamente la ausencia de firma de los estados financieros de 2012 fue el motivo por el cual la Fiscalía no dirigió acusación contra ellos. Alejandro Luzón, al frente del caso hasta que fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción, argumentó que, desde el punto de vista jurídico, no se podían considerar cuentas anuales como tal porque ni se auditaron ni se aprobaron en las juntas de BFA y su matriz.

Criterio no compartido por el magistrado instructor de la causa, Fernando Andreu, que concluyó, tras cinco años de investigación, que había que juzgarle por revisar las cuentas previas, relativas a la salida a Bolsa de 2011. De hecho, en su auto de apertura de juicio oral expuso que, de no haberlas analizado, ni el Banco de España ni la CNMV (que llegaron a estar imputadas en el procedimiento) hubieran permitido que Bankia operara en Bolsa. 

En lo que respecta a Deloitte, fue la Sala la que en el último momento obligó al juez a incluirla entre los acusados puesto que, aunque Celma era independiente, la firma revisaba sus actuaciones y por tanto la responsabilidad penal es la misma. Anticorrupción acusa a la excúpula de la entidad de presentar unas cuentas al regulador que recogían unos beneficios de 309 millones si bien, tras la posterior reformulación, arrojaban unas pérdidas superiores a los 3.000 millones de euros.

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