La fiscal Anticorrupción al frente del caso Bankia, Carmen Launa, ha arremetido duramente contra la excúpula de la entidad en esta primera sesión de juicio por la salida a Bolsa y ha recordado nada más hacer uso de la palabra, que se aprovecharon de las "las irregularidades y omisiones de información" en el folleto para ocultar "conscientemente" la situación real del banco en detrimento de los inversores.
Por eso ha adelantado que, aunque en el momento solo acusan a cinco exdirectivos por el delito de estafa de inversores, no se descarta, a tenor de cómo vaya avanzando este procedimiento, incluir el tipo penal de falsedad contable por la reformulación de cuentas tanto de Bankia como de BFA (ambas acusadas como personas jurídicas) a 31 de diciembre de 2011.
Ignacio Ayala, abogado de Rodrigo Rato, ha solicitado más plazo de tiempo para ampliar la prueba pericial, reproduciendo así la petición formulada por escrito a la Audiencia Nacional hace ahora tres semanas. Misma demanda ha hecho el abogado del exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, que ha añadido que el exbanquero invirtió en acciones de la entidad y las mantuvo incluso después de su dimisión, como muestra de que confiaba en la solidez de la misma.
Francisco Verdú Pons, que se convirtió en todo un ejemplo durante el juicio de las 'black' al asegurar como testigo que rechazó de plano el uso de la tarjeta por cuestiones morales, busca ahora ausentarse de la vista porque desde 2013 reside en Miami, y así lo ha hecho saber su letrado al tribunal. La defensa de José Manuel Fernández Norniella, por su parte, ha solicitado que se adhiera al procedimiento documental sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración en 2011, previa salida a Bolsa de Bankia.
Tanto Rato como Olivas, Verdú Pons y Norniella son los principales acusados del juicio por el mayor rescate bancario de la historia del país y que costó 22.248 millones de euros. La Fiscalía solo les considera a ellos responsables penales de la quiebra de la entidad y pide penas de prisión que van entre los dos años y siete meses hasta los cinco años, en el caso del exvicepresidente del Gobierno.
Aplicación de doctrina Botín y expulsión de los resarcidos
Otro de los alegatos que se ha escuchado desde la bancada de los letrados de los 34 acusados ha sido la aplicación de la doctrina Botín. Piden expulsar del juicio a todos aquellos perjudicados a los que se les ha devuelto su inversión en Bolsa para excluir a las acusaciones particulares. De esta forma se podría tener en cuenta esta doctrina -cuya aplicación evitó el juicio contra la cúpula de la CAM por las preferentes- y archivar la causa de aquellos a los que no acusa el Ministerio Fiscal.
Gran parte de estos letrados ha expuesto que se han vulnerado los derechos de sus patrocinados por atribuirles responsabilidad penal en esta macrocausa. La defensa del exministro Ángel Acebes ha ido más allá y ha dicho que éste se incorporó al Consejo tras la aprobación de las cuentas por la salida a Bolsa y que la querella presentada por UPyD y que dio inicio a la investigación es de tinte "político" puesto que se produjo cuándo este todavía estaba en activo.
Otros muchos han solicitado además que se les dispense de acudir a las sesiones de esta vista que cuenta con señalamientos hasta el mes de junio. Al respecto, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha dado luz verde a que se pueda ausentar Francisco Ros (por enfermedad) y Javier López Madrid aunque este último solo las sesiones de mañana y pasado por "un asunto laboral indispensable", según ha argumentado su letrado.
La vista ha arrancado pasadas las 11.00 horas de la mañana y lo ha hecho con mucha menos expectación que la que tuvo el juicio de las tarjetas ‘black’, pieza separada del procedimiento general. “Que devuelvan lo robado. A Soto del Real", ha sido alguna de las consignas que han coreado los pocos preferentistas que aguardaban la llegada de los acusados en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
Como estaba previsto, tanto Rodrigo Rato como otros cinco acusados han ingresado al recinto en los furgones de la Guardia Civil que les han trasladado desde las prisiones donde cumplen condena por el caso de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia, por lo que han evitado el temido paseíllo que sí han tenido que hacer otros exmiembros del Consejo de Administración de la entidad como Javier López Madrid, Ángel Acebes o Arturo Fernández.
La entrada de los acusados en la sala de juicio ha estado marcada por la anécdota protagonizada por el funcionario encargado de nombrarles uno a uno y que se ha mostrado especialmente cercano con los 14 acusados con los que ya coincidió en el juicio de las tarjetas ‘black’ y, más concretamente, con Ildefonso Sánchez Barcoj, a quien ha abrazado efusivamente.
Y no son las únicas caras conocidas que ven los banqueros y exdirectivos de la entidad nacionalizada, puesto que los tres magistrados de la Sección Cuarta que enjuiciarán el procedimiento son los mismos que el de las tarjetas ‘black’, con Ángela Murillo al frente del tribunal. El fiscal que se encargó de ejercer la acusación pública durante los cinco años de instrucción, Alejandro Luzón, dejó el caso en manos de Carmen Launa cuando fue nombrado fiscal jefe de Anticorrupción. Sin embargo, ambos están presentes en esta primera sesión de juicio.
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