Bono avisa a los tribunales que deben hacerse respetar usando el sentido común

  • Madrid.- El presidente del Congreso, José Bono, ha advertido hoy a los tribunales de que deben hacerse respetar utilizando el sentido común y ha recordado que la fe se tiene en Dios, pero no en los jueces, como tampoco se tiene en los periodistas o los dentistas.

De la Vega pide al PP que no dé "lecciones de democracia" en el caso Garzón
De la Vega pide al PP que no dé "lecciones de democracia" en el caso Garzón

Madrid.- El presidente del Congreso, José Bono, ha advertido hoy a los tribunales de que deben hacerse respetar utilizando el sentido común y ha recordado que la fe se tiene en Dios, pero no en los jueces, como tampoco se tiene en los periodistas o los dentistas.

Bono ha terciado hoy en la polémica suscitada por la causa que se sigue en el Tribunal Supremo para decidir si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón prevaricó al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Ha reconocido Bono que es el Supremo el que tiene que resolver la causa contra Garzón y ha señalado que su decisión deberá ser respetada, pero ha advertido de que "es muy bueno que los tribunales se hagan respetar utilizando el sentido común".

Para el presidente del Congreso, "se cree en Dios, al que no se ve, pero no se cree en los dentistas, ni se cree en los periodistas, ni se cree en los jueces".

Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha defendido la legalidad de la actuación del Supremo en la causa contra Garzón, pero no ha acallado las críticas del PP al Ejecutivo, al que los "populares" han acusado de causar un daño a la democracia que tardará en cicatrizar.

Chaves ha asegurado que el Gobierno no tiene ninguna duda de que el Supremo está actuando "conforme al Estado de derecho y conforme a la ley", pero ha estimado que eso "no es incompatible" con que haya ciudadanos "que discrepen".

Aunque Chaves ha garantizado que el Supremo cuenta con el máximo respeto del PSOE y del Ejecutivo, las críticas del PP han continuado y su responsable de comunicación, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de participar en las "acusaciones" y "ataques" al tribunal con "declaraciones altisonantes".

Para el PP, el Gobierno "está más cerca de las minorías radicales que de los ciudadanos" y ha unido la crisis institucional a la económica y la social.

González Pons ha vuelto a referirse a las manifestaciones del domingo en defensa de Garzón, con las que, a su juicio, se trató de "coaccionar y limitar el poder de decisión" de un tribunal.

Una opinión rebatida por el eurodiputado socialista y ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, quien ha precisado que "una manifestación nunca es un atentado a la democracia" y que expresar una opinión en la calle no es desmerecer la Transición o la Constitución.

También la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se ha referido hoy a las manifestaciones del fin de semana y ha expresado el respeto del Consejo a la libertad de expresión como un derecho fundamental.

No obstante, a renglón seguido ha pedido también respeto a las actuaciones judiciales y, en concreto, para un tribunal que está en "la cúspide del poder judicial, como es el Tribunal Supremo".

A su juicio, "todas aquellas descalificaciones que afectan a los jueces como a las propias instituciones constituyen un grave quebranto en la confianza que los ciudadanos tienen en el Estado de Derecho".

Frente a su petición de mesura, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha insistido hoy en que le "repugna" la instrucción hecha por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela en el caso de Garzón porque es "una interpretación sesgada de la ley que tiene mucho de negacionismo del franquismo y de tergiversación de la transición democrática".

Para su jefe de filas, Cayo Lara, si Garzón se sienta en el banquillo por investigar crímenes del franquismo será porque la Ley de Memoria Histórica "no es la ley que debería ser".

Aunque en el Supremo continúa la causa penal contra Garzón, el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha criticado la recusación que el juez ha presentado contra el magistrado que le investiga, Luciano Varela, al considerar que se trata de un "fraude de ley" que dilata el proceso "dolosamente" y busca "emponzoñarlo".

Garzón ha recusado a Varela porque entiende que éste ha mostrado "interés directo" en la causa al haber reclamado a las dos acusaciones en este asunto -Falange Española de las Jons y Manos Limpias- que subsanaran los defectos que contenían sus escritos de acusación.

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