La Guardia Civil de Navarra y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO), han desarticulado, en el marco de la Operación Baserría, un grupo criminal internacional dedicado a la producción ilícita de cigarrillos y a su distribución, lo que supone la mayor red de fabricación y distribución de tabaco de contrabando de Europa.
Según han informado el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el delegado especial de la Agencia Tributaria de Navarra, Roberto Pérez, el coronel jefe 9ª zona de la Guardia Civil de Navarra, Santiago Martín, y el capitán jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, Víctor Manuel Obarrio.
Arasti ha explicado que el grupo criminal habría obtenido unos beneficios que rondaban los 80 millones de euros y habría explotado laboralmente a trabajadores de nacionalidad ucraniana, que se encontraban encerrados en una de las naves que, a su vez, hacía de vivienda para ellos. "Trabajaban en unas jornadas muy por encima de las permitidas y residían en condiciones infrahumanas, por lo que también es una buena noticia que esas personas hayan podido ser liberadas de la situación de explotación que venían padeciendo", ha afirmado, tras agradecer el "magnífico trabajo" de la Guardia Civil y la "colaboración" de la Agencia Tributaria y la EUROPOL.
El inicio de la operación tuvo lugar después de que agentes de la Guardia Civil obtuvieran informaciones sobre actividades de índole sospechosa que estaban teniendo lugar en varias explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en diferentes áreas de la Cuenca de Pamplona y la Comarca Norte de Aralar.
Del conjunto de indagaciones realizadas, se extrajeron indicios de actividades delictivas, por lo que se establecieron dispositivos de vigilancia sobre estas zonas. Durante el transcurso de la investigación, los agentes realizaban seguimientos discretos a los propietarios, así como a parte de los trabajadores de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Se comprobó que estas personas tomaban fuertes medidas de seguridad para no ser descubiertos.
De la vigilancia ejercida sobre estas personas se supo que mantenían reuniones en restaurantes con diferentes camioneros y posteriormente se les guiaba hasta naves situadas en polígonos industriales de Navarra y País Vasco, donde realizaban cargas y descargas de productos paletizados y almacenados.
Este cargamento podía ser hoja de tabaco para su posterior manipulación y transformación en el producto final, resultando el mismo en distintas marcas comerciales de tabaco de uso habitual tanto en España, como de otros países europeos, para lo cual eran convenientemente etiquetados en el idioma correspondiente.
Durante la investigación se contó con el apoyo de EUROPOL para el intercambio de información con los países de procedencia y tránsito de la materia prima necesaria para la fabricación del tabaco en España, más concretamente en la Comunidad foral, donde se realizaban las labores de fabricación de cigarrillos en una fábrica clandestina, camuflada en una nave correspondiente a una granja agrícola.
Explotación de la operación
Tras localizar una gran infraestructura instalada y segmentada en Navarra y País Vasco dedicada a la elaboración de cigarrillos de tabaco, se solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro en las fábricas clandestinas. En España se realizaron cinco entradas y registros en edificios clandestinos situados en las dos comunidades autónomas, donde se intervinieron más de tres millones de cajetillas de tabaco, más de 27 toneladas de hoja de tabaco y más de 3 toneladas de picadura, así como maquinaria y precursores para la elaboración de las cajetillas.
Una vez intervenido el material, se procedió a la detención de los presuntos autores de la actividad ilícita. En total, han resultado detenidas 16 personas (seis de nacionalidad española, siete ucranianos y tres búlgaros). Se les considera presuntos autores de siete delitos (contrabando, pertenencia a grupo criminal, delito contra los derechos de los trabajadores, delito contra la propiedad industrial, delito contra la hacienda pública, trata de seres humanos y delito contra la salud pública).
En el transcurso de la operación también se produjo la detención de un camionero que transportaba 7,2 toneladas de tabaco ya elaborado y almacenado en cartones de diez cajetillas dispuestos para su venta, equivalentes a 300.000 cajetillas, que, junto con las intervenidas en la fábrica de Navarra y otros puntos, suman un total de 4,5 millones de cajetillas.
Capacidad de producción y patrimonio
En el interior de la nave de Larraun-Aldatz (Navarra) se intervinieron los libros-registros de la actividad de la fábrica clandestina en los que se observa, por la producción de cajetillas, que tenía una "alta actividad". En los meses previos a la actuación policial y hasta su culminación, se habrían producido un total de 14.421.000 cajetillas de tabaco, según la contabilidad intervenida.
Se estima que la capacidad de producción de la fábrica sería de 3.175.000 cajetillas al mes, alrededor de un millón de cigarrillos al día. De la actividad ilícita de la elaboración y distribución del tabaco, el grupo criminal habría obtenido unos beneficios económicos de casi 80 millones de euros.
"Condiciones infrahumanas"
En el taller de fabricación de tabaco ubicado en Navarra fueron localizados siete trabajadores de nacionalidad ucraniana. En el interior de la nave, los cabecillas de la trama habían construido una nave secundaria, lo que conformaría una especie de cofre, que contenía todo el entramado correspondiente a la fábrica clandestina y que habían ocultado con paja para que desde el exterior simulara estar totalmente ocupado por este producto.
La zona de acceso al interior estaba oculta por una zona dedicada para carpintería y material agrícola, todo lo cual debía ser movido con maquinaria elevadora para dejar paso a una puerta corredera. De esta forma se trataba de evitar la detección del taller de fabricación en una posible inspección.
Los trabajadores se hospedaban y realizaban su actividad en la nave interior secundaria que se utilizaba como "alojamiento precario". La nave había sido construida a modo de gran caja hermética, tenía todas las salidas secundarias bloqueadas y solo una salida habilitada, pero cerrada mediante un candado exterior. Las condiciones de trabajo incluían jornadas laborales diarias de entre diez y doce horas de media, "y los trabajadores no salían de la nave en ningún momento del día". Uno de los cabecillas era el encargado de hacer la compra que los propios trabajadores ucranianos solicitaban.
Además, "se vulneraban las normas de prevención en materia de riesgos laborales", esto es obstrucción del acceso al exterior, falta de ventilación, emanaciones de gases por combustión, cables a la vista con evidente riesgo de provocar un cortocircuito, y fundamentalmente la ausencia de vías de escape ante cualquier tipo de incendio o accidente, lo que "tenía muy alto riesgo de producirse por el tipo de actividad que se realizaba". Estos siete trabajadores a los que se incluyó en las diligencias como participantes de la trama se encuentran en libertad a la espera de resolución judicial.
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