La operación lanzada esta mañana en el Campus Palmas Altas de Abengoa en Sevilla se enmarca dentro de una investigación a la sevillana que viene de lejos. El magistrado de la Audiencia Nacional que dirige estas actuaciones secretas, Ismael Moreno, abrió diligencias en el año 2016 por presunta falsedad en las cuentas entre los años 2014 y 2016. El calvario para la multinacional arrancó hace ahora cuatro años a tenor de una querella presentada por una plataforma de perjudicados que puso en la diana a su entonces presidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por el cobro de indemnizaciones millonarias a su salida de la empresa. Los directivos fueron juzgados y absueltos por estos hechos pero las dudas sobre la veracidad de las cuentas llevaron al instructor a mantener esta línea de la investigación abierta.
De hecho, la presentación de una pericial clave por parte de la Plataforma de perjudicados por Abengoa, defendida por Ius Aequitas, llevó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 a ratificar en julio de 2020 la imputación meses antes de Abengoa como persona jurídica y de Deloitte por ser la auditora que dio luz verde a las cuentas. El magistrado declinó escuchar entonces los reclamos de la empresa y sostuvo que había indicios sólidos que hacían pensar que se maquillaron las cuentas de esos ejercicios en aras a ofrecer una imagen a los inversores que no se correspondía con la real. En su auto recordó que las actuaciones que investiga, y en las que actúan también la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, habían afectado a una pluralidad de personas. EN concreto, recordó que esta pieza figuraban más de 300 personas como perjudicadas, lo que daba pie a seguir investigando estos hechos por la vía penal.
La pericial clave del ICAC
De este modo el magistrado que dio luz verde a la ampliación de la querella siguió investigando estos hechos apoyándose además en la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 20 de febrero de 2018 en la que se sancionó al socio responsable de Deloitte Manuel Arranz y a la firma tras constatarse las supuestas irregularidades contables. Desde Deloitte sostienen que el ICAC no cuestionó la auditoría de 2014 sino que el expediente se refirió a la falta de evidencia de documentación en los papeles de trabajo pero el magistrado citó como imputados a Arranz además de las consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde.
Además también quiso escuchar en sede judicial a los peritos de este organismo, los cuáles apuntaron que los auditores dieron por buenos los ingresos registrados en las cuentas de Abengoa de 2014 procedentes de la actividad de la ingeniería y construcción, que representa el 63% de su cifra de negocio. Igualmente también alertaron que se respaldó la "ilícita alteración al alza" de márgenes de beneficio de proyectos de Abengoa como el de la planta A3T en México. El objetivo, según sospechan los investigadores, sería abultar las cuentas de la compañía para ofrecer una imagen ficticia de sus resultados. Así pues, tras escucharles a los peritos del ICAC, Moreno dio un paso más e imputó al que fuera director financiero en esos años, Jesús Ángel García-Quílez, y a su exnúmero 'dos', María del Sol Santana.
Investigación en México
Igualmente en los últimos tiempos el instructor de la causa también llamó a declarar a Julián García Woods, gestor del fondo británico Oceanwood Capital que alcanzó cerca del 4% de Abengoa, y también a algunos de los socios de KPMG que participaron en el 'proyecto Palmera'. Se trató de un proyecto que la firma puso en marcha para Abengoa en septiembre de 2015 a petición de los bancos que iban a participar en la fallida ampliación de capital de ese año. KPGM no emitió informe final de estos hechos después de que HSBC y Santander denegaran en el último momento financiar los 650 millones de euros en los que estaba presupuestada la operación. Estos hechos llevaron a Benjumea a interponer una demanda de 1.000 millones contra estas entidades en un juzgado de Madrid que finalmente fue desestimada.
En lo que respecta en la causa de la Audiencia Nacional, el magistrado siguió con las diligencias y aceptó parcialmente la petición de los perjudicados de indagar el contrato estrella de Abengoa en México. Así, hace apenas unos meses libró comisión rogatoria a México para hacerse con el contrato que la multinacional sevillana firmó con Pemex en relación a la planta de cogeneración eficiente A3T. Moreno acordó esta diligencia de calado a tenor de las conclusiones de las periciales acerca de que se habrían alterado al alza en un 14,7% su margen de beneficio. De este modo los investigadores tratan de averiguar si este contrato, que se convirtió en el primer desarrollo propio de Abengoa en México, se abultó y sirvió para enmascarar unas cuentas que se presentaron como con beneficios de 125 millones de euros pese a que en realidad ocultaban pérdidas de 92,7 millones.
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