Momento clave en la causa que sigue la Audiencia Nacional contra Abengoa por falsedad contable. Cerca de un año después de que el magistrado Ismael Moreno ampliara la investigación por alteración en las cuentas entre 2014 y 2016, el foco se centra en la antigua cúpula de la multinacional. Tanto es así que el magistrado al frente del caso, Ismael Moreno, ha citado como investigados al que fuera director financiero en esos años, Jesús Ángel García-Quílez, y a su exnúmero 'dos', María del Sol Santana. Aunque ambos fueron llamados en un primer momento como testigos, el instructor ha provocado un giro de los hechos y les interrogará como imputados el próximo 14 de enero.
Se trata pues de la primera diligencia en este nuevo año en relación con el procedimiento que arrancó en 2016 contra el que fuera presidente de Abengoa Felipe Benjumea, y el CEO, Manuel Sánchez Ortega. El objetivo era indagar si la situación financiera que reflejó la sevillana era real o estaba abultada con el objetivo de captar inversores. Los dos altos cargos y otros tres acusados más fueron juzgados y absueltos en relación a las millonarias indemnizaciones percibidas tras su salida de la empresa en pleno colapso financiero. Con todo, la causa siguió y en febrero del año pasado se amplió contra la empresa como persona jurídica, la firma Deloitte y su socio Manuel Arranz por supuesta falsedad en las cuentas de esos años.
El magistrado admitió de este modo la ampliación de la querella presentada por la plataforma de perjudicados de Abengoa por delitos de estafa de inversores y alteración contable. Los más de 300 perjudicados que litigan en esta causa aportaron además informes periciales que vendrían a demostrar que la compañía andaluza ocultó de manera sistemática "sustanciales pérdidas de sus activos". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también se apoyó en el expediente sancionador del ICAC de febrero de 2018. El mismo recogía que los auditores dieron por buenos los ingresos registrados en las cuentas de Abengoa de 2014 procedentes de la actividad de la ingeniería y construcción, que representa el 63% de su cifra de negocio. Igualmente también respaldaron la "ilícita alteración al alza" de márgenes de beneficio de proyectos como el de la planta A3T en México.
Turno para KPMG
Desde Deloitte, no obstante, apuntaron que el ICAC no cuestionó la auditoría de 2014 sino que el expediente se refirió a la falta de evidencia de documentación en los papeles de trabajo. Sin embargo, el magistrado considera necesario seguir investigando por esta vía y, por ese motivo, cita a declarar a los dos exaltos cargos de la multinacional de acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso La Información. Además, según confirman fuentes jurídicas a este medio, la misma se conoce después de que el instructor haya tomado declaración en calidad de testigos-peritos a los responsables del ICAC que denunciaron irregularidades contables que alteraron la imagen fiel de una compañía que acabó acogiéndose al pre-concurso de acreedores en noviembre de 2015.
Igualmente, ese mismo 14 de enero, el magistrado escuchará en sede judicial a Julián García Woods, gestor del fondo británico Oceanwood Capital que alcanzó cerca del 4% de Abengoa, y también a Luis García. Este último es uno de los socios de KPMG que participó en el 'proyecto Palmera'. Se trata de un informe que elaboró la firma para Abengoa en septiembre de 2015 a petición de Banco Santander y HSBC que iban a participar en la ampliación de capital de la sevillana anunciada ese año y que al final no se produjo debido a la retirada de la operación de los bancos. Un día después desfilarán por la Audiencia Nacional otros tres socios de la auditora responsables igualmente de este trabajo que, según trasladó la propia KPMG a la Audiencia Nacional, no se llegó a emitir informe en versión final.
Cabe destacar que el asunto de la ampliación de capital ya se trató en el juicio que se siguió en la Audiencia Nacional contra Benjumea y se estudia también en otro procedimiento penal que inició el expresidente de Abengoa contra el banco que preside Ana Botín y HSBC. La sociedad familiar del empresario, Inversión Corporativa (IC), interpuso una primera demanda contra ambas entidades y después hicieron lo propio las sociedades accionistas de Abengoa, Finarpisa y Ardachón. En total les reclama más de 1.000 millones de euros por retirarse de la fallida ampliación de capital valorada en 650 millones de euros y que dejó a la empresa al borde del colapso.
La vista oral que se celebró hace tres años, también sentó en el banquillo a las consejeras de Abengoa e integrantes del comité de auditoría Mercedes Gracia Díez y Alicia Velarde. Ambas fueron absueltas en lo relativo a las indemnizaciones percibidas aunque rinden cuentas en la parte del procedimiento relativo a irregularidades en las cuentas de la matriz. La Fiscalía consideró pertinente abrir esta vía de investigación por el papel que tuvo el comité de auditoría en las irregularidades de las cuentas que afectaron no solo a la matriz sino también a las firmas Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía. De hecho, el Ministerio Público respaldó a los querellantes apuntando que la ocultación de las deterioros y la inclusión de certificaciones de obra no suficientemente acreditadas derivaron en un maquillaje de la verdadera situación de la multinacional.
