La investigación que sigue la Audiencia Nacional por presunta falsedad contable en Abengoa llega a México. El magistrado Ismael Moreno, que dirige desde hace más de cuatro años este procedimiento penal, ha librado una comisión rogatoria al país norteamericano para que aporte el contrato que la multinacional sevillana firmó con Pemex en relación a la planta de cogeneración eficiente A3T. Se trató de uno de los proyectos estrella de Abengoa en dicho país aunque ahora está en el foco de la Justicia porque, de acuerdo con las periciales practicadas, se habría manipulado para alterar al alza en un 14,7% su margen de beneficio.
El instructor toma esta decisión después de que la Plataforma de Perjudicados por Abengoa pidiera al juez que identifique a todas las personas que participaron en este contrato para tomarles declaración. La Fiscalía respondió que bastaba con requerir el acuerdo con la petrolera mexicana para su posterior estudio, decisión por la que ha optado el instructor de esta causa, en la que también figuran como imputadas la propia Abengoa, Deloitte y su socio auditor. Así lo acuerda en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que se precisa que, a lo largo de la instrucción, se han recabado elementos suficientes como para considerar que se manipularon las cuentas de la compañía sevillana entre los años 2014 y 2016 "con efectos perjudiciales para sus socios, accionistas y/o terceros".
En concreto, expone que en esos ejercicios se ocultaron "sustanciales pérdidas de sus activos" y se incluyeron certificaciones de obras que no estaban suficientemente acreditadas y que derivaron en una "notable alteración" de la verdadera situación de la empresa. En lo que respecta a la comisión rogatoria que ahora libra el juzgado a México, el auto expone que se produce en base a la resolución de ICAC de febrero de 2018 así como a las declaraciones que se han tomado hasta la fecha. "Evidencian que han existido concretas operaciones contables de ocultación como de afloramiento de activos inexistentes de tal calado que exigen las pertinentes aclaraciones por vía de justificación documental", reza Moreno.
Beneficios ficticios
Precisamente los peritos de este órgano adscrito al Ministerio de Economía apuntaron que los auditores no solo no alertaron sobre estas irregularidades, sino que las avalaron. Destacan en concreto la "ilícita" variación al alza en un 14,7% del margen de beneficio del proyecto A3T que supuso unos ingresos en el ejercicio de 2014 de 528 millones de euros (lo que representó un 26% del total). Los investigadores quieren saber si este contrato, que se convirtió en el primer desarrollo propio de Abengoa en México, se abultó y sirvió para enmascarar unas cuentas que se presentaron como con beneficios de 125 millones de euros pese a que en realidad ocultaban pérdidas de 92,7 millones. Cabe destacar que Abengoa ha intentado vender sin éxito esta planta ubicada en Tabasco y sobre la que pesa una deuda con el Santander que ronda los 500 millones a través de bonos convertibles.
Con esta diligencia el juez da impulso al procedimiento que nació en el año 2016 con motivo de una querella contra los anteriores gestores. De hecho, según ha podido saber este diario, en las últimas semanas ha tomado declaración a los peritos del ICAC a la par que citó a más exempleados de la multinacional para esclarecer estos hechos. En concreto, el magistrado acordó imputar al que fuera director financiero en esos años, Jesús Ángel García-Quílez, y a su exnúmero 'dos', María del Sol Santana. Ambos fueron llamados a declarar como testigos en un primer momento pero se les cambió la condición a investigados por el conocimiento que pudieran tener en relación a la supuesta manipulación de los balances de aquellos años.
Fallida ampliación de capital
Igualmente, el instructor citó a Julián García Woods, gestor del fondo británico Oceanwood Capital que alcanzó cerca del 4% de Abengoa, y también a los peritos de KPMG que participaron en el bautizado como 'proyecto Palmera'. Consistió en un informe que elaboraron para la compañía en septiembre de 2015, año en que Felipe Benjumea abandonó la presidencia. El encargo se produjo a petición del Banco Santander y HSBC, los cuáles iban a respaldar la ampliación de capital que finalmente no se produjo y que abocó a la empresa ese mismo año al preconcurso de acreedores. Según trasladó la propia KPMG a la Audiencia Nacional, no se llegó a emitir informe en versión final del proyecto ante la deriva de los hechos, los cuáles han terminado también en la vía judicial.
Benjumea, a través de las sociedades de accionistas Finarpisa y Ardachón, demandó a estas dos entidades por retirarse de la operación que estaba valorada en 650 millones. La causa, que se investiga en el Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, se abrió tras la absolución del expresidente de Abengoa por el cobro de indemnizaciones millonarias al abandonar su puesto en esta empresa familiar. La Audiencia Nacional le juzgó tanto a él como al entonces CEO Manuel Sánchez Ortega y a los exmiembros de la comisión de nombramientos Antonio Fornielles, Mercedes Gracia y Alicia Velarde. Se da la circunstancia de que estas dos últimas han sido recientemente imputadas en este procedimiento en relación a la supuesta falsedad de las cuentas relativas a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
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