Los colectivos ciudadanos y asociaciones que denunciaron el caso del almacén de gas Castor hace un año siguen apuntando las baterías contra los negocios de la constructora ACS y la gestión de su presidente, Florentino Pérez. El Observatorio de la Deuda en la Globalización, una de las asociaciones que batallan por la deuda del Castor -3.280 millones-, ha incluido el caso de la autopista AP7, que gestiona Abertis (de ACS y Atlantia), en un informe europeo que cuestiona los grandes proyectos de colaboración entre el sector público y el privado, un sistema que también criiticó el Tribunal de Cuentas Europeo en 2018 por falta de control.
Además de poner el caso de la gestión de la AP7 y la posible renovación de la concesión en el escaparate de la crítica, las asociaciones preparan acciones contra las aspiraciones de ACS y de su presidente Florentino Pérez en la gestión de la autopista. La dirección y la profundidad de esas acciones, sostienen fuentes de las organizaciones, dependerá en buena medida del resultado de las elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril y de la formación de un nuevo Gobierno.
Es una carrera contra el reloj. Florentino Pérez quiere que Abertis, la concesionaria que controla junto a la italiana Atlantia, gestione la gran infraestructura más allá del año 2021, cuando finaliza la concesión. Con ese fin, batalla para que el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cambie de planes. Ábalos ha explicado de forma reiterada que las autopistas de peaje dejarán de serlo cuando acabe su concesión.
Litigio con Fomento
Pérez no quiere ni oir hablar del tema. Además de mantener vivo desde Abertis un litigio judicial contra Fomento -al que le reclama más de 3.000 millones de euros por el incumplimiento de las previsiones de negocio de las vías en concesión-, quiere renovar el negocio más allá de 2021. Para ACS, la AP7 es uno de los negocios fundamentales. ACS prevé que el 20% de su beneficio provenga de su recién adquirida Abertis.
ACS tiene tan claro el negocio como sus críticos la necesidad de no prolongarlos. Las asociaciones que se oponen a la renovación de la AP7 sostienen que muchos de los proyectos de colaboración entre el sector público y el sector privado ocultan, en realidad, contratos que sólo benefician a una parte con viejas artimañas como las denuncias por incumplimiento de las previsiones del contrato de concesión.
Lo cierto es que los errores en las previsiones, en el caso de las concesiones de autopistas, vienen de serie. Una investigación realizada por los profesores Maria Ángeles Baeza (Universidad de Granada) y José Manuel Vassallo (Universidad Politécnica de Madrid) concluyó que "el modelo de concesión español adolece de un grave problema: los estudios de tráfico se incumplen desde hace cuarenta años".
Una piedra en el zapato
Es la piedra en el zapato, más o menos aceptada, de todos los ministros de la obra pública: una rueda que gira con dos fuerzas opuestas, beneficios privados y pérdidas públicas. Todo aderezado con contratos osados, a la baja, y previsiones como las de tráfico, que nunca se cumplen... porque lo importante es lograr la concesión.
En algunos casos, como el almacén de gas Castor, los proyectos de colaboración -financiados por entidades como el Banco Europeo de Inversiones (BEI)- acaban perjudicando a los contribuyentes. El Tribunal de Cuentas Europeo examinó 12 proyectos (APP) cofinanciados por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Concluyó que la distribución de riesgos entre los socios públicos y privados fue por lo general "inadecuada, incoherente e ineficaz", mientras que los elevados índices de remuneración (hasta el 14 %) que ofrecía el capital de riesgo de los socios privados no siempre reflejaban los riesgos asumidos.
La European Network on Debt and Development , una red en la que participan 47 ONG de 20 países también apuntaron al sistema de colaboración público privado en un documento publicado en octubre del pasado año. El documento, en el que ya se incluía el polémico caso del Castor en España, examinó 10 proyectos en Colombia, Francia, India, Indonesia, Lesotho, Liberia, Perú, España (Castor) y Suecia. Entre sus conclusiones: los proyectos de colaboración público-privados, no siempre responden al interés general y tienen como objetivo "eludir las restricciones presupuestarias y posponer el registro de los costos fiscales. Algunas prácticas contables permiten a los gobiernos mantener el costo del proyecto y sus pasivos contingentes fuera de balance".
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