Giró gana tiempo para que un Tribunal de Cuentas renovado acepte sus fianzas

El Govern aprieta el acelerador para salvar sus avales. Tras desestimar el Tribunal de Cuentas que la Generalitat cubra el importe de las fianzas de los encausados independentistas, una suma que asciende a 5,4 millones, el conseller Jaume Giró se ha plantado, molesto, tildando el fallo de "venganza". Pero no se rendirá. Tanto Giró como el Govern afirman que interpondrán un recurso para defender que los avales gestionados a través del Instituto Catalán de Finanzas están "vigentes" y son "legales". Un trámite jurídico que augura una batalla legal, y que está enmarcada en la renovación del órgano que precisamente deniega los avales. Los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, que se conocerán en el próximo pleno del día 25, abren una tenue puerta a que se revise el 'caso de los avales' con un resultado más piadoso, según han explicado fuentes cercanas al Departamento de economía de la Generalitat. Todo está por ver, pero por ahora el conseller juega con las cartas que le quedan para ganar tiempo: el recurso ante altas instituciones y la búsqueda de entidades financieras que releven al Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Desde que la Generalitat anunciara en verano los avales, el conseller ha sido el artífice de 'coser', incansablemente, el plan financiero para cubrir a los servidores públicos encausados a través del ICF. Giró remató la faena mediante el decreto ley que apoyaba dichos avales en un Fondo Complementario de Riesgos creado por el Ejecutivo catalán. Un fondo de 10 millones que obtuvo apoyo parlamentario hace apenas unas semanas en su trámite legislativo como proyecto de ley. En ese momento, la mayoría de partidos se mostraban a favor, incluido el PSC, al votar en contra de la enmienda a la totalidad que presentó Ciudadanos al texto del fondo. En su camino legislativo, el texto preveía incluir unas anotaciones técnicas para ajustarse a los estándares que pedía el Consell de Garantías Estatutàries (CGE), que pretendía, precisamente atajar las ambigüedades. 

Se trataba de requisitos muy específicos para explicar, por ejemplo, los procesos de retorno del dinero dado a los encausados, los trámites de solicitud del fondo y la gestión del ICF, otra clave del asunto. Es por eso que el PSC se había mostrado a favor de dicho Fondo Complementario de Riesgos cuando se tuvo que votar la enmienda, porque se amparaban tras la decisión del CGE que, a pesar de solicitar modificaciones en el texto, se mostró favorable al aval diciendo que tenía solidez jurídica. Pero ahora, el beneplácito del CGE se ha caído. El Tribunal de Cuentas ha pasado por encima y pide el embargo de bienes de los 28 excargos del Govern al considerar que, con el rechazo de los avales, el tiempo para depositar la fianza reclamada por la acción exterior de la Generalitat ha expirado. 

Tanto Giró como el Govern afirman que la Generalitat no se quedará de brazos cruzados y defenderán una fórmula "vigente" y  "legal" a través del ICF. Sin embargo, en el escrito presentado por la instructora del Tribunal de Cuentas, deja claro que no admite los 28 avales por la dudosa legalidad de que sean organismos públicos quienes lleven a cabo la fórmula. Para apoyar su fallo, la instructora hace uso del artículo 3 del Código Civil y rechaza que se cubra con fondos públicos a "conductas marcadas por actos realizados con negligencia".  Así, los solicitantes se ya preparan para los embargos: Artur Mas, uno de ellos, ya ha afirmado que ofrece su vivienda al Tribunal de Cuentas.

La segunda clave, más allá de la renovación del Tribunal de Cuentas, está, como indica la instructora, en la gestión desde instituciones públicas de dichos avales, por la Generalitat y el ICF, que es una entidad financiera pública cuya única accionista es, precisamente, la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries ya vio un posible imprecisión en la entidad gestora y por eso, advirtió, que debía especificarse que el órgano se haría cargo de la gestión mientras se buscan entidades financieras que se pudieran hacer cargo. Hasta la fecha, ninguna ha accedido. Desde el Departament d'Economia no han cesado de trabajar en ese sentido, y lo hacen ahora con más ahínco tras el rechazo del Tribunal y para ganar tiempo para que se revise el aval.

Como confirmó a este medio el Departament, los bancos se echan atrás por temor a incurrir en malversación. De hecho, en verano, Giró tanteó incluso buscar bancos extranjeros. La explicación que dan fuentes cercanas al conseller a la tardanza de una entidad que confíe en la propuesta está en "cuestiones entremedio que echan para atrás a las entidades".  Resulta significativo, en este sentido, que una de las cosas que haya afirmado Giró al saberse el 'revés' del Tribunal de Cuentas sea que el Departament mantiene vías abiertas con las entidades financieras. Una posible entidad que acceda a la gestión de los avales y un recurso a punto de tramitarse por parte del Govern son las dos armas de la Generalitat para ganar tiempo y que se vuelva a valorar la fórmula en la que llevan tanto tiempo trabajando. Una fórmula que han querido blindar con suma meticulosidad incluyéndola en el decreto ley del Fondo de Riesgos. 

Por último, el bloque independentista ha formado un frente común en contra del Tribunal de Cuentas. Pere Aragonés ha arremetido contra el organismo declarando que esta politizado por el PP y formar parte de una "venganza" de la causa general. Por su parte, Jaume Giró ha criticado que no se haya dado ningún margen antes de ejecutar los embargos y denuncia, con ironía, que "casualmente", el fallo del Tribunal de Cuentas ha llegado tras el pacto por renovar sus miembros por parte del PP y el PSOE. Por su parte, el PSC ha declarado que respeta la decisión del Tribunal pero que el órgano hace mucho tiempo que está pendiente de renovarse. Así, la renovación del órgano es la primera gran clave del asunto de los avales, al considerar el bloque independentista que la instructora Esperanza García tenía el mandato caducado y esperar, con más o menos ganas, que los nuevos miembros sean más flexibles. El que menos lo espera es Artur Mas, que no cree que se archive el caso a corto plazo y ya 'sacrifica' su vivienda.