"No quito valor a mi firma del decreto del 1-O, pero la firma importante es la del president". Con esta declaración, la exconsejera catalana de Gobernación intentó quitarle importancia al hecho de que su departamento autorizase los contratos para la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
Como hija de Jacint Borràs, uno de los fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), la vida de Meritxell (Hospitalet de Llobregat, 12 de abril de 1964) estaba destinada a estar ligada a la política, aunque dedicó nueve años a las farmacéuticas tras licenciarse en Farmacia y realizar un máster en Gestión Empresarial en la Universidad de Barcelona.
Trabajó nueve años en este sector, siete en Menarini y dos en Almirall, dando sus primeros pasos en la política como concejal del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat por CDC. El partido de su padre le sirvió para coger experiencia desde la ejecutiva nacional como responsable de políticas sociales y de ahí llegar a diputada del Parlamento de Cataluña.
Es una de las más longevas del Parlament ya que fue diputada en las legislaturas V, VI, VII, VIII y IX con puestos en las comisiones de Economía, Finanzas y Presupuesto, Medio Ambiente y Vivienda, Bienestar e Inmigración y Trabajo, entre otras.
En la XI legislatura subió un escalón siendo nombrada consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, puesto que, por sus decisiones independentistas, la llevaría a prisión. La Fiscalía señala que su departamento autorizó los contratos necesarios para el referéndum y pide 7 años de prisión y 16 de inhabilitación más una multa de 30.000 euros por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Por su parte, la Abogacía del Estado solicita 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros los mismos delitos.
Ante estas acusaciones, Borràs alegó que el día de la declaración de independencia estuvo "parcialmente" en el Parlament y que solo se leyó un preámbulo de la DUI "que no obliga a nada ni establece nada". Su defensa niega la desobediencia porque no era diputada cuando se deliberaron y aprobaron las leyes de desconexión.
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