Primero fue Francisco Martínez, luego el exministro Jorge Fernández Díaz y ahora Diego Pérez de los Cobos. El coronel de la Guardia Civil ha comparecido en calidad de testigo en la Audiencia Nacional para explicar el conocimiento que pudo tener de los pagos que salieron del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz al espionaje de Luis Bárcenas. Sin embargo, el alto mando del Instituto Armado, que entonces desempeñaba en la Secretaría de Estado de Seguridad, ha asegurado que desconocía por completo el destino del uso de los fondos y que no tuvo constancia de ningún operativo bautizado con el nombre de Kitchen. No obstante, sí se ha referido a las partidas que manejaba Interior para determinados departamentos y, al respecto, ha explicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciben una asignación de 6 millones de euros anuales.
Así lo confirman fuentes presentes en la declaración en la que el coronel ha explicado al detalle su cometido como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Al respecto ha dicho que el control sobre los fondos reservados que ejerce la Secretaría que dirigía entonces Francisco Martínez es meramente formal ya que se trata de un sistema piramidal y ellos solo son el último eslabón encargado de dar el visto bueno al gasto solicitado. Según ha explicado, la partida de estos fondos para Policía Nacional y Guardia Civil era de seis millones de euros anuales y de ahí salían los pagos a confidentes y demás bases operativas.
El coronel, que fue cesado en mayo como máximo responsable de la Guardia Civil, se ha pronunciado de este modo en sintonía con lo explicado por el entonces secretario de Estado de Seguridad. Francisco Martínez también dijo que el visto bueno del uso de los fondos era, en cierto modo, una cuestión de confianza puesto que eran de carácter confidencial. El magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, citó al exjefe de la Guardia Civil como testigo para que aclarase el papel de Martínez en la autorización de estos pagos que salieron de los fondos reservados. Igualmente ha dicho que con Martínez no despachó ningún asunto y que sus encuentros con Jorge Fernández Díaz se ciñieron a preparar las comparecencias sobre el uso de fondos reservados.
Contraoperativo policial
Además de Pérez de los Cobos, el juez también había citado para este mismo lunes a dos agentes policiales dependientes de la Unidad de Asuntos Internos que dirigía en el momento de los hechos Marcelino Martín-Blas. El primero de ellos, que fue jefe de Sección de Vigilancias de esta unidad policial, ha terminado siendo imputado en la causa por los delitos de malversación, obstrucción a la Justicia y prevaricación. El instructor acordó la citación de Vicente Galán para que explicase los motivos por los que se realizaron labores de vigilancia en los alrededores del domicilio de Luis Bárcenas. El ahora imputado ha confirmado las sospechas de los investigadores asegurando que se le ordenó que vigilara esa zona y, en concreto, que pusiera el foco en un coche de color oscuro y sin matrícula que rondaba el domicilio de los Bárcenas-Iglesias.
El juez le quería escuchar en sede judicial para comprobar cual era la finalidad de esta orden ya que se trataba de un "cometido totalmente ajeno" al que desempeña Asuntos Internos. Las explicaciones prestadas por el mando policial, que aterrizó en Asuntos Internos en el año 2012, han llevado a García Castellón a preguntarle si no le parecía rara la situación teniendo en cuenta que ya había más coches policiales rastreando la zona donde vive el matrimonio espiado. De este modo, se abre una nueva vía de investigación para esclarecer si hubo una doble vigilancia al extesorero del PP teniendo en cuenta que este operativo parapolicial siempre se ha achacado a la excúpula de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), a cuyo frente se encontraba Eugenio Pino.
Rosalía Iglesias, en peligro
Igualmente, también ha desfilado por la Audiencia Nacional la agente policial dependiente de la Sección de Vigilancias a cuyo frente estaba Galán, la cual ha ratificado la declaración prestada ante la Policía Judicial del caso Tándem. A preguntas del magistrado, la agente ha confirmado dos labores de vigilancia en las que ella participó en el domicilio de Bárcenas y el despacho que tenía su mujer en la calle General Díez-Porliel. Según ha dicho, se les encargó este cometido aduciendo que tenían que seguir de cerca a la mujer del exgerente del Partido Popular porque estaba en peligro. Las explicaciones de esta testigo no han casado con las prestadas en segundo lugar por su superior jerárquico, el cual no ha sabido precisar por qué se acometieron estos trabajos. Sus dudas sobre las preguntas formuladas han llevado a acordar su imputación teniendo en cuenta que los testigos están obligados a decir verdad.
Para este martes estaba citado a declarar el propio Martín-Blas. Se trataría de su segunda comparecencia en la causa puesto que ya fue interrogado ante el juez en marzo de 2019. El objetivo es esclarecer qué función jugó exactamente la Unidad que él dirigía en los años de vigencia de esta operación (2013-2015) así como preguntarle por algunos archivos que se incluyen en uno informe policial del pasado mes de octubre. Sin embargo su citación ha quedado suspendida. El miércoles le toca el turno al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, también imputado en el procedimiento tras haber sido captado por la red de Villarejo para espiar de manera ilegal a Bárcenas. Ríos Esgueva, que acabó aprobando las oposiciones a funcionario, ha solicitado esta diligencia de manera voluntaria después de asegurar en sede judicial que desconocía la presunta finalidad real del encargo.
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