Congreso pide que los etarras excarcelados no cobren ayudas sin arrepentirse

Madrid, 20 nov.- El Congreso instará al Gobierno a modificar la actual legislación para que los etarras excarcelados por la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot no puedan recibir ayudas estatales, salvo que cumplan determinados requisitos, como arrepentirse, pedir perdón o colaborar con la Justicia.

A falta de la votación de la moción de UPyD, a la que el PP ha presentado una enmienda transaccional, que se producirá mañana, el Congreso aprobará la iniciativa pactada entre ambos grupos en la que solicitan al Ejecutivo que adopte medidas para evitar la percepción del subsidio por desempleo y otras ayudas públicas a los etarras excarcelados.

Con la posición en contra del PSOE, Izquierda Plural, CiU y PNV, la líder de UPyD, Rosa Díez, ha defendido que una persona no parece que esté dispuesta a reinsertarse en la sociedad democrática cuando en prisión no ha mostrado "ningún interés" por el trabajo.

Actualmente la Ley de Seguridad Social de 1994 establece el derecho a cobrar un subsidio por desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.

El recluso deberá además carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Para Díez, unos condicionamientos mínimos que deben ser complementados en el caso de los presos de ETA.

Así, para que estos puedan acceder a este subsidio o a otra ayuda estatal una vez en libertad, UPyD y el PP proponen que los etarras abandonen y rechacen la actividad terrorista, se arrepientan de sus crímenes, pidan perdón a las víctimas y colaboren con la Justicia.

También insta Díez a que el Gobierno establezca como requisito que estos internos hayan trabajado un periodo mínimo en la cárcel.

"Estamos hablando de criminales que asesinaban para destruir la democracia", ha dejado claro la líder de UPyD, antes de recordar que más de dos millones de "honestos" ciudadanos no cobran ningún tipo de subsidio por desempleo.

Para el PP resulta paradójico que "aquellos que han querido dañar la democracia se puedan beneficiar de ella", en palabras de su diputada Julia Micheo, que ha expresado el compromiso de su partido en evitar la percepción de cualquier beneficio entre los reclusos de ETA que salgan de prisión en aplicación de una sentencia, la de Estrasburgo, "tremendamente dolorosa e injusta".

"Esta sentencia los saca de la cárcel pero no cambia su condición, que nunca podrá absolver un tribunal", ha subrayado Micheo, tras lo cual ha recordado que, ante este "nuevo escenario", el Gobierno no modificará su política penitenciaria e impedirá cualquier "atajo" a la Justicia.

Contrario a una moción que esconde una "estrategia electoralista" y "una componenda para tratarse de quedarse con las víctimas" se ha mostrado el diputado del PSOE Antonio Trevín, que considera que es la Justicia la competente para decidir sobre los presos excarcelados.

"Una cosa es la radical condena y otra muy distinta es la utilización sectaria del Parlamento", ha reprochado Trevín.

Además, ha advertido de que para cuando se aprueba la moción y se adopten estos requisitos, "ya habrán salido todos los presos" beneficiados por la sentencia de Estrasburgo, con lo que no podrán aplicarles de forma retroactiva la nueva normativa.

Precisamente de "mala resaca" del fallo de Estrasburgo ha tildado el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares la moción de UPyD, una iniciativa "desafortunada", que no soluciona ningún problema y que supone simplemente "una huida hacia delante" para tratar de ser "empático" con las víctimas con el objetivo de "relajar el ambiente".

Tampoco CiU votará mañana a favor de la moción al entender, según su diputado Jordi Jané, que la propuesta se aleja del objetivo principal de reinserción que fija el sistema penitenciario, consideración compartida por el PNV, cuyo diputado Emilio Olabarria, ha tachado de "repugnante" la pretensión de "patrimonizar" el dolor de las víctimas y buscar "réditos electorales".

Más allá ha ido el diputado de Amaiur Rafael Larreina que ha acusado a UPyD y al PP de enarbolar con esta iniciativa "una bandera que le da votos".

Para Larreina, las ayudas públicas a los reclusos una vez son excarcelados tienen la finalidad de ayudarles a reinsertarse y están vinculados con la "generosidad" de la Justicia.

"Plantar la batalla en algo tan nimio es de sistemas penitenciarios totalmente retrógrados", ha añadido el diputado de Amaiur, que ha recriminado al Gobierno de solucionar los problemas con "palo y tiente tieso".