Corrupción. El psoe propone prohibir los indultos y que la audiencia nacional sea quien investigue los casos

El Partido Socialista publicó este miércoles un documento titulado ‘La declaración de Valencia’ en el que detalla sus propuestas para combatir la corrupción e impulsar la regeneración democrática, entre las que está su intención de prohibir los indultos y que los casos de corrupción sean instruidos por la Audiencia Nacional.
La Ejecutiva Federal del PSOE, que celebró hoy su reunión en Valencia, aprobó una declaración “por una democracia limpia” en la que se afirma que el país vive “una situación de crisis en distintos ámbitos que no hace sino profundizarse ante la falta de liderazgo del Gobierno”.
Los socialistas abogan por una “profunda reforma de la actual Carta Magna, que además de abordar la cuestión territorial y reforzar determinados derechos, suponga progresar, evolucionar y avanzar en la calidad de la democracia española”.
Dentro de su deseo de “reforma de la política”, el PSOE afirma que “la democracia representativa necesita una urgente modernización, que la haga más abierta, más transparente, más cercana, más eficaz”.
Ante los casos de corrupción, “la actual situación es dramática” porque “se acumulan casos de enorme repercusión” que afectan “principalmente al partido en el gobierno y las instituciones que controla, pero también al resto de los partidos”. Acto seguido, reconocen que “la corrupción que más nos repugna es la que afecta a los que se llaman compañeros y compañeras que, con su actuación corrupta, nos mancillan”.
Para el PSOE, “no hay institución en España que no sufra un fuerte desprestigio” por la corrupción. “Todas ellas, desde el TC hasta el CGPJ, desde el Parlamento hasta el Gobierno, pasando también por las CCAA y los Ayuntamientos, sufren un fuerte grado de desafección ciudadana”.
En este sentido, los socialistas señalan que “la política debe dejar de prometer, y pasar a la acción” y proponen este documento, que presentarán tanto en las instituciones como a la sociedad civil, un total de 50 medidas para hacer frente a la corrupción y en favor de la regeneración democrática.
En concreto, 33 de estas 50 iniciativas se centran en combatir la corrupción y pasan, entre otras cuestiones, por la modificación directa de siete leyes.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
En materia de lucha contra la corrupción, el Partido Socialista aboga por una “reforma del delito fiscal para rebajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral de la cantidad defraudada que constituye delito fiscal, elevar la pena de prisión a seis años y consiguientemente el plazo de prescripción” y por un “incremento de la duración de las penas (principales o accesorias) de inhabilitación”.
Exigen que los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado deben "obtener y presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria que acrediten, tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública y la inexistencia de deudas tributarias vencidas y exigibles, como la situación patrimonial y las variaciones que en ésta se hayan producido durante el tiempo en que se hayan desarrollado sus funciones".
Así como por “atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción política” y la “prohibición de las sentencias de conformidad (acuerdos entre fiscal y acusado) en los juicios por delitos relacionados con la corrupción”. También pide “mejorar la protección de los denunciantes en los casos de corrupción”.
Entre las medidas, el PSOE pide la “prohibición de indultos en el caso de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero” y que se debe informar a la “Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sobre los indultos concedidos”.
Como medida para combatir la corrupción, los socialistas apuestan por la creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales, con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos”.
Así como la suspensión de los parlamentarios y concejales en el momento en el que sean llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean condenados” así como que se incorpore en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de “una causa de inelegibilidad para quienes, en el momento de aprobación de listas electorales, se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política”.
También elevan de dos a cinco los años el periodo de incompatibilidad para los altos cargos que “pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”.
REGENERACIÓN
Respecto a las medidas para la regeneración política, el PSOE propone el establecimiento de un sistema de participación de, al menos, los afiliados en la elección de los responsables máximos del partido mediante sufragio activo libre, directo y secreto”, y “de un período máximo de cuatro años para la reunión del máximo órgano del partido”. Reducir los aforamientos y suprimir la posibilidad de “declarar en su despacho oficial” cuando sean llamados como testigos.
Junto a la reducción de la cuantía máxima permitida de donaciones dinerarias a los partidos por parte de personas físicas, el PSOE impulsa la dedicación exclusiva de los parlamentarios, y aboga por el “establecimiento de un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno”.