La llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno ha hecho crecer de forma exponencial el tamaño de la 'corte de asesores' que trabajan en el Complejo de La Moncloa. Según los datos que proporciona el Boletín Central de Personal, a la altura del pasado mes de enero la cifra de eventuales que trabaja para Presidencia del Gobierno se situaba en 489, frente a los 402 que estaban adscritos a Moncloa según el último dato oficial disponible de la 'era Rajoy'.
Las necesidades de personal de apoyo del Gabinete de Pedro Sánchez han desbordado con mucho los márgenes presupuestarios que previó en su día Cristóbal Montoro -recordemos que el Presupuestos vigente continúa siendo el del año 2018, el último que elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy-, ya que la incorporación de ese nuevo 'batallón de asesores' al servicio de Moncloa ha llevado la cifra total de eventuales del Gobierno a 781, cuando las previsiones presupuestarias -que en aquel momento parecían holgadas- se realizaron sobre la base de un número de eventuales de 718.
Sobre esa base, Montoro 'pintó' en su día una previsión de gasto en personal eventual de 41,73 millones de euros. Lógicamente, no se cumplió. Los datos oficiales de ejecución presupuestaria proporcionados por el Ministerio de Hacienda revelan que ya en 2018 el equipo de María Jesús Montero tuvo que ampliar en algo más de dos millones de euros esa partida para poder pagar puntualmente a los nuevos asesores incorporados por el Gobierno, principalmente en la estructura de Moncloa. Este año 2019 la cosa ya se ha descontrolado.
El Gobierno descontó que la aplicación de las subidas salariales previstas para 2019 (2,25%) elevarían esa cuenta por encima de los 41,73 millones estimados en su día por Montoro hasta el entorno de los 43 millones, pero es que a lo largo del ejercicio la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda se ha visto obligada a impulsar una serie de modificaciones al alza de este capítulo que, según los últimos datos publicados correspondientes al mes de septiembre, llevará esa cuenta por encima de los 50 millones de euros (ver gráfico), nueve más que los previstos en los Presupuestos Generales del Estado, cerca de ocho millones de euros más de los estimados por el equipo de María Jesús Montero en la prórroga presupuestaria y una cifra sin precedentes.
El capítulo de 'personal eventual' no es el único que se está incrementando en 2019 por encima de lo previsto dentro del denominado capítulo 1 de los Presupuestos, el que establece los créditos para el personal al servicio de la Administración General del Estado. En un contexto general en el que los gastos de personal se están incrementando un 3,12%, en línea con la subida general del 2,25% de la nómina de los funcionarios y los primeros efectos del repunte de la plantilla al servicio del Estado gracias a las ofertas públicas de empleo de 2017 y 2018, la partida de 'incentivos al rendimiento' también se destaca con un incremento del 13,6% respecto a lo inicialmente presupuestado.
Esa partida refleja el gasto en 'pluses de productividad' y gratificaciones a empleados públicos por rendimiento o la consecución de determinados objetivos, premios que salvo en casos muy contados -la Agencia Tributaria, por ejemplo- se reparten a criterio de los responsables del Departamento sin atender a parámetros objetivos. El presupuesto prorrogado preveía un gasto próximo a los 700 millones de euros por este concepto, pero el devenir del ejercicio ha obligado al Ministerio de Hacienda a ampliar en cerca de 100 millones de euros esta partida hasta los 793 millones de euros, de los cuales 778 millones ya estaban comprometidos al cierre del mes de septiembre.
La modificación presupuestaria de la cuenta de 'incentivos al rendimiento' llama especialmente la atención en un ejercicio en el que el Gobierno ha estado el 90% del tiempo 'en funciones' y no ha habido grandes novedades legislativas. Desde el Ministerio de Hacienda se normaliza este incremento en la partida de 'incentivos al rendimiento' y se recalca que "no implica incremento de gasto alguno, sino que lo que se hace es adecuar los créditos iniciales -correspondientes al Presupuesto de 2018 prorrogado- al gasto previsto". Las fuentes ministeriales añaden que "además, la mayoría de las modificaciones se realizan redistribuyendo el crédito entre los distintos conceptos de un mismo capítulo de gasto". Según Hacienda, bajo estas premisas "no se puede concluir que el gasto en personal eventual o en incentivos sea superior al realizado para funcionarios" pese a que el incremento porcentual de las modificaciones realizadas en estas partidas sea más relevante.
Hacienda subraya que "lo correcto sería afirmar que para atender el gasto en personal eventual y en incentivos al rendimiento se han tenido que realizar modificaciones presupuestarias, debido a que los PGE de 2018 no contemplaban una correcta adecuación de los créditos para el gasto previsto para 2019". Una argumentación que continúa sin explicar los motivos por los que se han producido mayores incrementos comparativos en estas partidas respecto al gasto en salarios de los funcionarios, ya que de no mediar otros factores el incremento porcentual debería ser similar o como mínimo más cercano.
Al cierre de septiembre ya se había comprometido la práctica totalidad (salvo 15 millones de euros) de esos premios de productividad, mientras que al mismo tiempo el Ejecutivo dilata la ejecución de la subida salarial pactada en el acuerdo con los sindicatos de funcionarios en un puñado de empresas públicas y organismos dependientes del Estado.
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