Lunes 14 de enero de 2019. Comienza la semana decisiva para el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo presenta en el Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado con dudas más que acreditadas sobre su aprobación, pero en el corto plazo hay algo que preocupa más a los socialistas: su Real Decreto de medidas en materia de vivienda. A solo una semana de la votación en el hemiciclo, el PSOE busca la forma de salvar unas medidas que considera "necesarias" para el tensionado mercado del alquiler, sobre todo, en las grandes ciudades. El pacto con Podemos se daba por descontado en el partido de Pedro Sánchez, ya que pese a no incluir todas las propuestas de la formación morada, las páginas de este acuerdo "constataban un gran paso". Pero pese a los pronunciamientos favorables, ayer todo se fue al traste.
Ábalos, que ha abanderado la carrera por conseguir una reforma que en varias ocasiones ha tildado de necesaria, buscó durante toda la semana pasada una confirmación de Podemos que le diese la seguridad de que todo iba a salir bien. El proyecto de Presupuestos estaba sobre la mesa. Durante la tarde del lunes, en el Ministerio de Fomento se presentaban las cuentas de la cartera para 2019, pero en el PSOE las llamadas se sucedían para tratar de cerrar una cita con los morados que confirmase su apoyo al frente de vivienda.
Sin respuesta, "hoy no", una agenda complicada... Evasivas, al fin y al cabo, que no hacían presagiar un buen desenlace para el decreto de Fomento. Pero el PSOE no se rindió y siguió intentando cerrar una reunión que tardaría aún varios días en llegar.
Martes 15 de enero de 2019. Ábalos acude a la inauguración del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Murcia. Mientras, el Ejecutivo sigue centrado en lograr una fecha y una hora en la que ambos partidos puedan hablar del real decreto que se había presentado con las Navidades a la vuelta de la esquina. ¿La respuesta? La misma, "más largas", confirman desde el Ejecutivo.
Miércoles 16 y jueves 17 de enero. El nerviosismo empieza a hacerse notar en el PSOE, que intenta sin demasiados resultados un encuentro, ahora ya personalizado en Ábalos con la formación de Pablo Iglesias. "Podemos no encontraba el momento de sentarse", confirman a La Información fuentes del Gobierno y del PSOE.
Viernes 18 de enero de 2019. El tira y afloja entre ambos partidos da resultado y ya hay fecha y hora para la reunión. Será Irene Montero, como portavoz de Unidos Podemos, la que se siente a la mesa junto con el propio Ábalos. El encuentro se lleva a cabo en medio de una calma tensa que se puede respirar en el ambiente.
Ábalos pone sobre la mesa la posibilidad de completar el decreto que estaba en vigor desde diciembre con otro, "redactado a posteriori", que se comenzaría a negociar tras la aprobación de este. En él se incluirían, entre otras cosas, otras demandas de Unidos Podemos que no habían sido atendidas en el anterior. De acuerdo con la versión del Ejecutivo, la propuesta convence a Irene Montero, que le confirma a Ábalos que apoyarán el Real Decreto en la votación del Congreso que ha tenido lugar este mismo martes. Pero Podemos discrepa con esta narración de los hechos. En la formación morada reconocen que existió esta reunión; sin embargo, niegan lo que en el Gobierno se ha interpretado como una traición. Según las fuentes consultadas por La Información, no es verdad que Irene Montero garantizase a Ábalos su apoyo al Real Decreto Ley durante aquel encuentro 'in extremis'. "Estamos en el 'no' desde el viernes", aseguran.
Lo que está claro es que este mismo martes, en la votación que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, la norma presentada por el Ejecutivo ha sido rechazada con 103 votos a favor, 241 en contra y una abstención, con lo que ha dejado de estar en vigor. Tumbar una norma bajo la que ya se han llevado a cabo contratos mediante Real Decreto es algo ciertamente raro en la historia democrática de nuestro país. De hecho, solo se ha producido en cuatro ocasiones en los últimos 40 años -la última en 2017 cuando, también en el Ministerio de Fomento, se derrumbó el decreto de la estiba y que obligó obligó al Gobierno de Rajoy a presentar un nuevo proyecto-.
Una negativa por parte de Podemos que no ha sentado nada bien en el PSOE y que consideran una "patada a la mesa" de la formación de Pablo Iglesias. En cambio, en el seno de la formación de Pedro Sánchez ya había voces que alertaban de que esto podía pasar. De hecho, otro miembro del Ejecutivo del más alto nivel reconocía el pasado martes que no sabía lo que podía pasar. "Habrá que ver si se apoya en el Congreso", aseguraba.
Podemos se enroca en el pacto
En Unidos Podemos no solo no se encuentran de acuerdo con la versión del Ejecutivo. Están que echan humo por una norma que el Gobierno "se ha sacado de la manga, sin consenso", y que no recoge lo plasmado en el pacto presupuestario entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En aquel texto se recogía que se habilitaría a los ayuntamientos a elaborar un índice de precios de alquiler de referencia y declarar, "temporal y excepcionalmente", una zona urbana de mercado tensionado cuando se hubiera producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, algo que no contemplaba el Real Decreto que este mismo martes se ha rechazado en el Congreso de los Diputados.
Podemos cuestiona así abiertamente los argumentos del Gobierno, que se escudan en el criterio de la abogacía del Estado para justificar que la limitación de los precios del alquiler no podía incluirse en el decreto por el riesgo a que fuera tumbada jurídicamente. "Se trata de la modificación de un derecho fundamental -el de la propiedad privada- que no podría haberse modificado de ninguna forma mediante un real decreto".
"Ábalos está hoy muy enfadado", decían ayer fuentes conocedoras de las negociaciones que se han llevado a cabo en los últimos días para intentar engrasar la tramitación parlamentaria del real decreto ley. Los de Iglesias están convencidos de que "si quieren, pueden" limitar los precios de la vivienda en alquiler por decreto.
Este primer gran revés de Podemos al Gobierno no supone una cuestión menor. Y es que el tope a los alquileres es una condición 'sine qua non' para el 'sí' a los Presupuestos del principal socio del Ejecutivo. La formación morada, sin embargo, aún no da por finalizado el partido y aplaza un eventual divorcio. Todavía "hay formas y opciones" para atender sus demandas, como, precisamente, la introducción de enmiendas en los PGE. Eso sí, "el Gobierno tiene que cumplir con su palabra y con lo que ha pactado", advierten.
Por su parte, el Ejecutivo confirma que seguirá adelante intentando poner sobre la mesa mejoras en las políticas de vivienda actuales pero a través de la ley ahora vigente. Fuentes oficiales de Moncloa confirman esta tesis y señalan que deberá incluir "la creación de una estadística oficial de alquiler más transparente e instrumentos legales que eviten que los fondos buitre se queden con las viviendas sociales, así como la movilización de suelo público para la creación de 20.000 nuevas viviendas públicas".
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