Pensionistas, parados, afectados por las ayudas del alquiler y así hasta un total de 12 colectivos frenaron sus intenciones de manifestarse en la capital a petición expresa de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El órgano, cuya gestión se investiga en un juzgado de Madrid por presunta prevaricación, había autorizado un total de 130 marchas entre los días 5 y 14 de marzo, en plena crisis por el coronavirus. Sin embargo, y para evitar problemas tras la celebración del 8-M, instó a los covoncantes a que ellos mismos pidieran la anulación de las marchas que previamente habían solicitado.
Así se desprende del informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso La Información y que describe el 'modus operandi' que se llevó a cabo desde el órgano que dirige José Manuel Franco. Así pues, en los días previos a la celebración de estos actos, todos estos convocantes recibieron una llamada de funcionarios de la Delegación en la que les instaron a pedir la anulación de manera voluntaria. Los agentes constatan tras tomar declaración a todos ellos que en las llamadas se advertía que no se podía celebrar los actos por la crisis sanitaria pero que lo tenían que pedir ellos por escrito "para dejar constancia".
Sin embargo, la Policía Judicial concluye que las intenciones eran justo las contrarias; esto es, no reflejar en ninguna parte del expediente que se había pedido a los convocantes que dieran marcha atrás. De hecho, aseguran que los documentos recabados a petición de la magistrada al frente del caso, Carmen Rodríguez-Medel, dejan claro cómo se oculta este extremo ya que simplemente figuran como desconvocadas. Con todo, destacan los agentes que estas advertencias de peligro de contagio chocan con la permisividad con la que se autorizó la manifestación del Día Internacional de la Mujer, pese a que ya sabían, porque así se lo habían trasladado los promotores 'Comisión del 8-M', que esperaban una afluencia de un millón de personas.
"La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, así como el especial interés en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar por un lado la posible intencionalidad de la Delegación en que las mismas no figuren en ningún registro oficial y, por otro, el amplio conocimiento de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran", reza el atestado.
Marchas después del 14-M
De hecho, en la documental que la Delegación ha entregado a la Policía Judicial se puede ver cómo los funcionarios escribieron a mano encima de cada expediente si 'desconvocarían' voluntariamente o no, en función del resultado de las llamadas. Y eso que para muchos de los convocantes esas peticiones les resultaron "extrañas", tal y como relató a la Guardia Civil el portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, Pedro Gallego, el cual había solicitado permiso para celebrar un marcha los días 15 y 14 de marzo. "La mujer que le llamó estaba preocupada, como si alguien la estuviera obligando a realizar las llamadas telefónicas con la finalidad de convencer a los convocantes de que fueran ellos quienes las anularan de forma voluntaria", reza el atestado policial.
Los dos agentes encargados de estas pesquisas, que precisan que tampoco hay rastro de estas llamadas telefónicas, aseguran que la Delegación logró así sortear la celebración de una docena de marchas, aunque advierten de que algunas incluso se celebraron después de la declaración del estado de alarma. La Guardia Civil analiza un total de 177 actos entre esos días pero pone el foco en uno que se autorizó al presidente de la Asociación Solimundo. El informe concluye que la marcha se desarrolló "de la forma en que estaba prevista" el mismo día en que Pedro Sánchez declaraba la aplicación del estado de alarma. Sin embargo, en los expedientes analizados no solo no hay ni rastro de la llamada efectuada para desconvocarla sino que figura como que finalmente no se realizó.
Alerta desde dentro de la Delegación
El duro atestado, que ha provocado un auténtico cisma en el Ministerio del Interior y ha terminado con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, recoge toda una serie de informes y advertencias que el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública efectuaron desde principios de marzo en relación con el avance de la pandemia, si bien desde la Secretaría de la Delegación siempre han insistido que nadie les advirtió expresamente del peligro que suponía celebrar algunos actos. En respuesta, los agentes afean que discriminaran en cuanto a la autorización de las marchas (se permitió celebrar el Día de la Mujer pero se prohibió tajantemente que tuviera lugar un congreso de la Iglesia evangélica) e insisten en que la Delegación sí sabía del peligro.
Para ello se basan no solo en las notificaciones del Ministerio que dirige Salvador Illa o de las resoluciones efectuadas, sino también en la propia campaña interna que puso en marcha desde el mes de febrero el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno. Destaca la Guardia Civil la elaboración de este documento sobre las medidas a adoptar en el entorno laboral para evitar el contagio y que data de finales de febrero, es decir, semanas antes de que la Delegación autorizara el 8-M por no ver riesgo en la convocatoria.
Pesquisas 'in situ'
Los agentes lograron verificar que este informe se envió desde la cuenta de correo de Riesgos Laborales a la Secretaría General de la Delegación y se publicó también en la Intranet. Según explican, accedieron a este documento tras personarse el pasado 6 de mayo en la propia Delegación del Gobierno situada en la calle Miguel Ángel. Y no fue la única vez. Los agentes de la Policía Judicial encargados de estas pesquisas se han llegado a personar hasta en dos ocasiones para hacer cumplir los requerimientos de la magistrada que abrió diligencias el pasado mes de marzo imputando a Franco delitos de prevaricación y lesiones imprudentes, aunque este último se lo acabó retirando.
En relación a los requerimientos solicitados por la instructora, los agentes precisan que durante el mes de Madrid se pidieron a la Delegación de Gobierno los correos que obrarían en su poder del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al menos hasta en tres ocasiones. La Secretaría respondió que no habían recibido ninguna de las dos resoluciones que la Comunidad de Madrid hizo públicas el 6 de marzo sobre recomendaciones a seguir frente a la Covid. Sin embargo, el 22 de abril rectificaron y respondieron que sí tenían en su poder los correos que el Gobierno de Ayuso aseguró haber enviado a la Delegación. Este punto generó una fuerte tensión hace unas semanas puesto que la postura oficial del órgano que dirige Franco provocó que el Ejecutivo regional desmintiera esa tesis asegurando que ellos sí tenían en su poder las advertencias del peligro del coronavirus desde el mismo 6 de marzo.
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