La causa abierta en los juzgados de Madrid contra el delegado de Gobierno José Manuel Franco busca ahora esclarecer qué manifestaciones prohibió la Delegación entre los días 9 y 14 de marzo. El atestado elaborado por la Guardia Civil e incorporado la pasada semana a la causa ha servido de impulso para que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel abra una nueva vía de investigación centrándose no solo en las marchas que se celebraron sino también en las que se desautorizaron.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que la Delegación del Gobierno de Madrid aportó recientemente un listado de 21 manifestaciones que se prohibieron en la capital justo en el intervalo de tiempo que va desde el día después de la marcha por la mujer hasta la declaración del estado de alarma. Se trata de una entrega que efectuó el órgano que dirige José Manuel Franco a requerimiento de la Policía Judicial adscrita a la investigación del caso y que ha estado liderada por el recién destituido coronel Diego Pérez de los Cobos.
La Guardia Civil, que en el marco de sus diligencias interrogó al coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y otros cargos de Sanidad, recabó de la Delegación del Gobierno no solo las marchas prohibidas en los días previos a la declaración del estado de alarma sino también cómo se gestionó la desconvocatoria de estas manifestaciones. La Delegación asegura que todos estos movimientos acordados en plena crisis de la pandemia del coronavirus quedaron recogidos en la aplicación 'Gestión de Concentraciones y Manifestaciones', pero la magistrada quiere más detalles y pide pruebas fehacientes de los expedientes administrativos que avalarían el registro de esas gestiones.
El papel clave de la Guardia Civil
Con todo, estas son dos diligencias de una batería que ha reclamado a tenor de las averiguaciones efectuadas por la Guardia Civil. A este cuerpo le encargó la elaboración del atestado en aras a dirimir si el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, cometió delito de prevaricación al dar luz verde a algunas marchas que se celebraron en la capital teniendo en cuenta que ya había sobre la mesa entonces serias recomendaciones del Ministerio de Sanidad advirtiendo sobre la propagación del virus.
De hecho, y como consecuencia de las primeras pesquisas de la Policía Judicial, la magistrada no solo recaba información de la Delegación y del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso como ha hecho hasta ahora sino que se dirige al Gobierno central. En concreto, pide al departamento de Sanidad que dirige Salvador Illa todos los informes que elaboraron desde el 3 de marzo advirtiendo en relación a la pandemia así como la recomendación de la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, sobre la celebración de actos multitudinarios. El objetivo es tenerlo en el juzgado antes del día 1 de junio para analizarlo antes de tomar declaración a Franco.
Versiones cruzadas
Será entonces cuando la magistrada ponga el acento en un asunto clave: ¿Contó la Delegación con la información necesaria como para atribuirle una responsabilidad penal por los contagios del virus? A falta de conocer la versión del delegado del Gobierno, desde el órgano han insistido en escritos presentados al juzgado que "no consta" la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020. Por eso la juez quiere saber si los organismos oficiales enviaron sus advertencias a las delegaciones, la fecha en la que lo hicieron y el cauce, o si bien si colgaron en sus respectivas webs los informes elaborados.
La documentación que remitió el secretario general de la Delegación, Fernando Talavera, tuvo una rápida respuesta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid que negó la mayor y aseguró que sus resoluciones del 6 marzo sobre medidas en materia de salud fueron enviadas por correo electrónico a la Delegación. De hecho, la propia Orden 367/2020 recogía en uno de sus puntos que había que dar parte de estas advertencias a la Delegación. Por ese motivo, y a pesar de contar en la causa con toda esta documental, la magistrada ha requerido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ayuso que justifique que efectivamente esos avisos de "riesgo inminente" llegaron al órgano que dirige Franco.
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