La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha defendido este jueves su nombramiento y ha asegurado que "no supone una contaminación política" al no ser "comparable" con los cargos de magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha dicho en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Senado, donde ha acudido para presentar la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado de 2020, así como para informar sobre las medidas contra la okupación y sobre la situación en el Ministerio Público tras las declaraciones del teniente fiscal del Supremo sobre el exfiscal del 'caso Villarejo'.
Delgado ha precisado que en su rol como fiscal general se encarga de desarrollar la "política criminal" del Ejecutivo, tal y como lo contempla la Constitución de 1978, por lo que a su juicio su nombramiento "no supone una contaminación política". "Soy fiscal y es lo que quiero ser", ha subrayado para luego insistir en que como fiscal no desarrolla funciones jurisdiccionales, sino funciones ejecutivas destinadas a una política criminal.
En este sentido, ha explicado que el cargo de fiscal general del Estado tiene una "específica naturaleza" así como una "específica función" que "no puede ser comparable a ser magistrado del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, ni siquiera vocal del Consejo General del Poder Judicial". En el marco de su intervención, ha asegurado que esta comparecencia le "brinda la oportunidad de hacer pedagogía" y para explicar qué es la Fiscalía, a dónde va y a quién se debe. En esta línea, ha recordado que "el cargo de fiscal general del Estado es de designación del Ejecutivo" y que ello es así porque "el legislador constituyente" así lo decidió.
Al hilo, ha hecho referencia al caso de Francia y Alemania, donde según ha explicado el ministro de Justicia puede instruir órdenes a "fiscales de a pie", al que en España "es imposible". Así, ha puesto en valor el trabajo de la Fiscalía General del Estado, que lleva a cabo su actuación con "autonomía" y dentro de un marco estatutario, con "transparencia" y "sometida a controles".
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