El tribunal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Ángela Murillo tiene por delante la tarea más complicada del ya bautizado como caso Bankia: redactar la sentencia que determinará si las 34 personas vinculadas a la entidad que se han sentado en el banquillo durante diez meses son responsables de una presunta cadena de irregularidades que derivaron en el mayor rescate bancario de la historia del país. Muchos son los aspectos que van a tener que analizar los magistrados que juzgaron las tarjetas 'black' pero el principal de ellos va a ser determinar cuál era el verdadero estado patrimonial de un banco al que se le tuvieron que inyectar 22.500 millones de euros de capital público a los dos años de nacer.
Para ello, y aunque el núcleo del asunto reside en el proceso de salida a bolsa de la entidad, van a tener que fijar como punto de partida el proceso de fusión fría de la siete cajas que integraron el SIP, con Caja Madrid y Bancaja a la cabeza. Uno de los aspectos centrales para la Fiscalía Anticorrupción en este punto incipiente del asunto es precisamente el daño que supuso el traspaso a Bankia de las participaciones inmobiliarias de la entidad valenciana, que llegó a calificar de "desastrosas".
Para pronunciarse sobre esta primera etapa, el tribunal al frente del caso, estudiará con especial determinación no solo los interrogatorios y las testificales de todos los protagonistas del juicio sino también las pruebas periciales que se vieron durante la vista oral y muy especialmente las del Banco de España. Los peritos Víctor Sánchez Noguera y Antonio Busquets expusieron en infinitas sesiones de la vista que en la combinación de negocios de las siete cajas se ocultaron importantes deterioros. Para ello los magistrados responderán a un asunto clave de todo el procedimiento: si se produjo un tratamiento contable que respetó la normativa del supervisor; dicho de otra forma, si el hecho de cargar las pérdidas contra reservas y no a la cuenta de resultados tiene encaje legal o fue una triquiñuela consentida por el BdE.
La sombra del BdE
Aunque los máximos responsables del Banco de España en aquel momento se libraron casi 'in extremis' de sentarse en el banquillo de los acusados, la sombra del papel del supervisor ha estado presente desde el arranque hasta el mismo final de la vista, que cerró Rodrigo Rato con un discurso en el que volvió a delegar responsabilidades en el Banco de España y la CNVM. De hecho, si la fase de testificales destaca por algo es porque evidenció la falta de sintonía entre inspectores y superiores de la entidad que no valoraron de la misma forma las consecuencias de la salida a bolsa. Al respecto cabe destacar la comparecencia del inspector José Antonio Casaus en sede judicial. En la misma se pronunció de idéntica manera que en fase de instrucción, esto es: los técnicos que seguían el control de Bankia no veían viable la operativa.
A ello hay que añadir que, por si no fuera suficiente todo el material que ha acumulado la causa en cinco años de instrucción, durante el juicio también se han añadido documentos que servirán a los tres magistrados a pronunciarse sobre estos hechos. Como ejemplo destacan la incorporación de más correos electrónicos internos del inspector Casaus ya en fase posterior al debut bursátil de 2011, comunicaciones del auditor Francisco Celma en las que trasladaba al comité de auditoría su preocupación ante la ausencia de información clave para dar el visto bueno a los estados de 2011 o una nota interna del BdE tras un encuentro mantenido con Rato que plasma que el expresidente de la entidad era consciente en marzo de 2012 que ésta no era viable.
Fraude... ¿Y falsedad contable?
El tribunal pondrá todos estos elementos sobre la mesa en aras a determinar si los máximos responsables de Bankia desvirtuaron la imagen real de la entidad en su folleto de OPS para captar accionistas, en su mayoría minoristas que mantiene el pulso en un procedimiento penal que arrancó en 2012. La Fiscalía insiste en que la reformulación de las cuentas que provocaron un afloramiento de pérdidas superiores a los 300 millones para el ejercicio de 2011 no solo es constitutivo de fraude de inversores sino también de falsedad contable.
De hecho, a este caso ya complejo de por sí debido a su carácter tan técnico se le suma una dificultad añadida y es la planteada por la fiscal Carmen Laúna con la modificación de sus conclusiones finales. De este modo, Anticorrupción ya no solo considera culpables del presunto maquillaje de los estados financieros a la excúpula de la entidad sino que además incluyó a una decena de exaltos cargos de Bankia, muchos de ellos miembros del Comité de Auditoría, y al mismo auditor Francisco Celma. Todos se sentaron en el banquillo por el papel que ejercían las acusaciones pero su situación se ha recrudecido después que pase a actuar también en su contra el Ministerio Público.
Frente a estas tesis, las prestigiosas defensas de los banqueros acusados han mantenido como principales argumentos el hecho de que Bankia estaba controlada al milímetro no solo por el Banco de España y la CNMV sino por el Gobierno así como que la entidad superó todos los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. Con todo, el juicio derivó en determinados momentos en una vertiente más política principalmente en lo que concierne a la salida de Rato de la entidad, el cual apuntó al exministro Luis de Guindos. Al respecto cabe destacar que una de las incógnitas que no se han podido dilucidar en este tiempo es por qué el FMI adelantó sus conclusiones sobre la situación de los principales bancos de España, poniendo a Bankia al borde del abismo. El motivo fue el silencio de Christine Lagarde la cual logró con éxito esquivar su intervención en calidad de testigo.
¿Qué es entonces lo que precipitó la caída del banco? Para muchos de ellos el factor crisis. Al mismo aludió el propio Rato en su turno de última palabra en el que, además, aprovechó para apuntalar que si su sucesor al frente de la entidad, Ignacio Goirigolzarri, reformuló las cuentas no fue por errores contables previos sino por previsión de futuro. Lo que está claro es que el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal tiene la ardua tarea de tener que poner blanco sobre negro en todos y cada uno de estos asuntos antes de pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los acusados en el gran juicio por la crisis bancaria del país.
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