El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas Rafael García Monteys cuestiona que pueda informar sobre la validez de los avales que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) presentó para hacer frente a las fianzas reclamadas a los líderes del ‘procés’ ante un “posible conflicto de intereses”. El representante de los servicios jurídicos del Estado duda que pueda ejercer la "función consultiva" para atender a las dudas planteadas por la delegada instructora del órgano fiscalizador sobre la legalidad de dichos avales cuando a su vez forma parte del procedimiento en el que se ha solicitado su opinión.
Así lo manifiesta García Monteys en un escrito con fecha de este jueves en el que eleva la consulta a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y señala que responder a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas "podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva". En este sentido, indica que la emisión del informe solicitado por la delegada instructora Esperanza García podría también perjudicar "a la posición de esta Abogacía en el procedimiento en trámite, condicionando el resto de su actuación, y también a la propia tramitación de las actuaciones previas, al poder dar lugar a un supuesto de nulidad de actuaciones si se llegase a considerar que el informe emitido habría alterado el equilibrio entre las distintas partes intervinientes".
Esperanza García, la encargada en el Tribunal de Cuentas de analizar la cuantía presuntamente desviada para la promoción del proceso independentista en el exterior, requirió el pasado 27 de julio a la Abogacía del Estado que informara sobre si este mecanismo utilizado por un organismo dependiente de la Administración catalana, a la que se considera perjudicada, sirve o no para garantizar la mayoría de las posibles responsabilidades contables que les han sido reclamadas a 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por la cuantía de 5,4 millones de euros.
El abogado del Estado recuerda que el inicio del procedimiento contable que se dirige contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, entre otros, fue consecuencia de sendos informes emitidos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en los que se ponían de manifiesto una serie de irregularidades detectadas tras estudiar el documento de fiscalización elaborado por el Pleno del órgano fiscalizador. Desde entonces ha formado parte de todas las actuaciones practicadas en la fase de actuaciones previas, subraya.
Dudas para no emitir el informe
Por otro lado, destaca que, en virtud de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, corresponde a la Abogacía del Estado “evacuar también los informes en Derecho que le soliciten el Presidente, el Pleno del Tribunal, la Comisión de Gobierno y los Consejeros”, tal y como ha ocurrido en esta ocasión. No obstante, García Monteys subraya que ese precepto no implica "una competencia exclusiva" de los servicios jurídicos del Estado, sino que más bien se trata de una "función de asesoramiento en derecho". Por todas estas razones cree que "pueden existir dudas sobre la existencia de un conflicto de intereses que impidan la emisión del informe".
El pasado 28 de junio se dio a conocer el acta de liquidación provisional por el que reclamó a los 34 implicados por el presunto desvío de fondos públicos para las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat', que en los siguientes 15 días hábiles aportaran un total de 5,4 millones de euros, con el objetivo de garantizar su reintegro a las arcas públicas ante una eventual sentencia condenatoria. Debido a que el ICF anunció casi con el plazo expirado que avalaría las fianzas de 29 de los presuntos responsables contables, el órgano fiscalizador acordó dar 48 horas más. Fue una vez presentada toda la documentación, cuando la delegada instructora del Tribunal de Cuentas pidió a la Abogacía del Estado dicho informe "ante las dudas que, sobre suficiencia y legalidad" existen sobre la fórmula utilizada por la Generalitat.
Tras conocer la cantidad reclamada, la Generalitat creó un Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros y gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas, para poder actuar de contraaval al aval que una entidad financiera o cooperativa de crédito pusiera ante el órgano fiscalizador. Para llevar a cabo esta idea, el Govern de Pere Aragonès buscó hasta el último momento una entidad que apoyara su iniciativa, si bien tras no lograr su objetivo, finalmente tuvo que recurrir a la opción -inicialmente descartada- de que el ICF afrontara directamente las fianzas con el objetivo que los bienes y propiedades de los líderes independentistas no sean embargados.
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