"Las construcciones de la finca se encuentran en ruinas y abandono desde 1994, lo cual afecta gravemente al hipotético valor que pudiera tener". Así de rotundo lo expresan los afectados personados en la Audiencia Nacional por una de las mayores estafas piramidales en inversión en criptomonedas para manifestar su oposición al aval hipotecario que el presunto 'cabecilla' de la trama ha aportado para conseguir su excarcelación. Se trata de Javier Biosca, dueño de la empresa Algorithms Group, que se encuentra en prisión desde hace un año como principal investigado por, presuntamente, haber ocasionado un perjuicio que se estima superior a los 280 millones de euros.
Biosca lleva meses intentando quedar en libertad provisional. Ahora tiene la oportunidad de lograrlo, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara, el pasado mes de marzo, su recurso contra la postura del juez instructor, Alejandro Abascal, que ha denegado hasta en tres ocasiones que pueda abandonar el centro penitenciario en el que se encuentra desde que fue detenido en junio de 2021. El CEO de Algorithms Group incluso llegó a mostrar su intención de devolver a los perjudicados las cantidades iniciales que entregaron para invertir en monedas virtuales, algo que fue rechazado por los mismos, ya que advirtieron que, de ese modo, no recuperarían las rentabilidades generadas.
Así, tras conseguir el beneplácito de los magistrados de la Sala de lo Penal para poder salir de la cárcel, al entender que el riesgo de destrucción de pruebas es menor, el juez instructor le ordenó abonar un millón de euros como fianza, bajo la advertencia de que rastreará el origen de la caución antes de dar luz verde a la excarcelación. El 'bróker' intenta cumplir con este mandato y ya ha presentado una garantía, aunque no lo ha hecho en metálico. Ha presentado un aval hipotecario a través de un inmueble situado en una aldea de la localidad de Llanes (Asturias). Se trata de otra fórmula válida, siempre y cuando sea el doble del dinero reclamado inicialmente, según marca la ley.
En concreto, ha sido el empresario del mundo de la construcción Juan Santiago Zuluaga Bilbao quien se ha presentado como "fiador hipotecario" y ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional una "finca urbana", cuyo valor estima en más de 2,4 millones de euros, según indica, conforme a la tasación de un arquitecto. Junto a ello, el empresario ha adjuntado la escritura de compraventa del inmueble en octubre de 2004 para certificar su propiedad. Sin embargo, las víctimas personadas en la causa que se dirige contra Biosca cuestionan que la finca pueda garantizar el importe reclamado. Según la acusación representada por el letrado Juan Carlos Gómez, la tasación aportada por el fiador "ofrece serias dudas de la verosimilitud", ya que, en su opinión, se trata de un "precio absolutamente desorbitado respecto de una finca que presenta un estado de ruina y abandono".
Una finca de uso agrario
Así lo manifiesta el abogado en un escrito, al que ha tenido acceso La Información, en el que expone además que si el inmueble que se presenta como garantía es el Palacio de Pendueles, tal y como se ha puesto en conocimiento del juez Abascal, no solo las construcciones están en mal estado "desde 1994", sino que "se trata de una finca no urbanizable, cuyo uso es agrario, lo cual convierte en más sospechosa, si cabe, la sobrevaloración otorgada por la tasación aportada". Además, subraya que el terreno está gravado con una hipoteca por el importe de 420.000 euros y presenta otras cargas como la anotación de embargo preventivo por más de 10.000 euros.
Añade que la tasación aportada "no está elaborada por una de sociedad homologada por el Banco de España", por lo que entiende que deben extremarse las precauciones. Por todo ello, ha solicitado al juez instructor que la valoración realizada por el arquitecto sea analizada por los peritos de la Audiencia Nacional. Una petición que también ha planteado la acusación ejercida por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, representada por la abogada Emilia Zaballos, que asegura que el valor real de la finca es "dos veces y medio" menor del requerido por el juzgado. "No supera el valor de 435.715 euros", afirma, según se puede comprobar a través de portales inmobiliarios.
Por ello, la letrada comparte su desconfianza con el examen realizado y presentado, ya que se ha realizado "por un perito de parte". Asimismo, considera necesario que se oficie al Ayuntamiento de Llanes que aclare "el tipo de desarrollo" que se puede realizar en el inmueble, "si es rústico o urbano, superficie de edificabilidad, usos...". Por el momento, el juez de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de contrastar las conclusiones del arquitecto y ha dado dos días a los peritos adscritos al Juzgado Central de Instrucción número 1 para que examinen si el aval hipotecario presentado tiene el valor que dicen tener y, por tanto, es suficiente.
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