Unas 100 sentencias menos al año

El 'cártel de camiones' o las acciones de Popular provocan un SOS en el Supremo

La Sala de lo Civil pide cinco magistrados de apoyo para afrontar la "avalancha" de recursos que comienzan a llegar al Alto Tribunal tras la crisis del coronavirus. Avisa del incremento "extraordinario" de la litigiosidad.

Tribunal Supremo
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Europa Press

Varias Salas de distintos órdenes jurisdiccionales del Tribunal Supremo han pedido ayuda para evitar el colapso ante la "avalancha" de recursos que comienza ya a llegar al Alto Tribunal. La última en hacerlo ha sido la encargada de resolver y crear jurisprudencia en el área civil, que ha exigido el refuerzo de sus magistrados para poder hacer frente a todos los asuntos dispares que se pronostican que van a registrarse. Y es que, tal y como asegura la propia Sala Primera del tribunal, no solo se centran en aspectos relativos a las condiciones generales de la contratación, sino que también están empezando a conocer recursos sobre el 'cártel de camiones' o el 'cártel de sobres'; o los aquellos relacionados con la contratación bursátil y bancaria, como ocurre con las distintas demandas derivadas del proceso de adquisición de acciones del Banco Popular o "de productos financieros complejos".

Así consta en el "Informe de Situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Propuesta de Actuación. Octubre 2021", emitido por el presidente de dicha Sala, el magistrado Francisco Marín Castán, y que ha sido incluido en el acuerdo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal del pasado 15 de noviembre. En él, constata que desde 2014, la Sala de lo Civil ha experimentado "un claro y progresivo" incremento de recursos y que sólo en situaciones excepcionales como la pandemia del coronavirus se ha registrado una "ralentización del registro" de asuntos. No obstante, subraya que la tendencia ha vuelto a cambiar este año, en cuyos "nueve primeros meses" se ha visto un "regreso a la normalidad procesal", en la que además se "ha agudizado de forma extraordinaria" la línea ascendente de litigiosidad, pues, según calcula, se prevé que a 31 de diciembre de 2021 se superen los 11.200 casos.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que hace suyo este informe y remite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "a los efectos oportunos", ya advirtió el pasado mes de octubre de la "insostenible" situación que se vive por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, puso número a las consecuencias derivadas de que la institución que preside Carlos Lesmes no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras se encuentra en funciones -que va camino de tres años- y señaló que se dictarán 1.000 sentencias menos al año. Asimismo, alertó de los retrasos a la hora de la admisión, enjuiciamiento y resolución de asuntos si no se cubren las vacantes por la jubilación de magistrados, que en 2022 alcanzarán las 16. En concreto, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo calculó que la Sala de lo Civil redactará 100 sentencias anuales menos si persiste la situación provocada por la baja por jubilación de un magistrado aún pendiente de cubrir y la sobrecarga de trabajo.

El presidente de dicha Sala retoma este asunto y destaca que el "esfuerzo constante" de los magistrados ha permitido incrementar "año tras año" la tasa de resolución, si bien "se ha alcanzado un punto en el que ya no es posible mantener un tiempo de respuesta razonable si no se adoptan medidas de refuerzo o apoyo adicionales". En este sentido, recuerda que ante el "exagerado" aumento de asuntos ingresados en los tribunales sobre las "condiciones generales de los contratos celebrados por consumidores en el ámbito bancario", como pueden ser las demandas por cláusulas suelo, el CGPJ y el Ministerio de Justicia adoptó medidas de especialización de juzgados de primera instancia y refuerzo para evitar el colapso de los tribunales. Ahora, todos esos asuntos llegan al Supremo y sin suficientes medios.

"A pesar de ese encomiable esfuerzo, no es posible dar respuesta adecuada a la avalancha de recursos", señala Marín Castán, que pide el nombramiento de cinco magistrados "con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales" para que, en funciones de comisión de servicios en el Gabinete Técnico, apoyen a la Sala Primera del Tribunal Supremo con la preparación de proyectos de sentencias sobre cuestiones en las que haya doctrina jurisprudencial reiterada. Una medida que, según añade en el escrito, ya ha sido adoptada "como remedio urgente de unas situaciones extraordinarias" en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

"El perjuicio será doble"

La Sala de lo Civil recuerda que su labor no se centra en exclusiva a las condiciones generales de la contratación, pues "comienzan a llegar a la sala recursos en materia de defensa de la competencia", como las reclamaciones relacionadas con la sanción de más de 3.800 millones de euros que la Comisión Europea impuso en 2016 a los fabricantes de camiones Daf, Iveco, Daimler-Mercedes, Renault-Volvo, Scania y Man por haber formado parte de un cártel para pactar los precios de venta de los vehículos entre los años 1997 y 2011. También las demandas relacionadas con el denominado 'cártel de sobres' que fue desarticulado en 2013 por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), antecesora de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que entre 1977 y 2010 maniobró en el mercado de sobres de papel, causando un perjuicio para formaciones políticas y grandes compañías. El presidente de la Sala, Francisco Marín Castán, también apunta que otros de los grandes asuntos que ahora les toca resolver son todos aquellos relacionados con la adquisición de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016, cuyas primeras resoluciones ya han sido favorables a los perjudicados. Aunque estos asuntos "es de esperar que no alcanzarán el mismo volumen" que los casos de contratación, "exigirán redoblar esfuerzos y medios", destaca el informe. 

Con todo ello, la Sala Primera del Tribunal Supremo lanza un aviso: "Si no se adoptan estas medidas, el perjuicio para la administración de justicia será doble", pues "la dedicación de la sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos, que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aportan a la formación de jurisprudencia". Ello, advierte, provocará el 'atasco' tanto en los juzgados de primera instancia como en las salas de apelaciones, ya que no tendrán criterios que seguir para resolver los problemas de la ciudadanía, que aún no han sido analizados por el Alto Tribunal. 

Para concluir, el informe subraya que los cinco magistrados que se han solicitado como refuerzo son necesarios para dar un impulso a los recursos pendientes, pues en estos momentos se están estudiando las admisiones que datan de principios de 2019 "y que tienen su origen en demandas planteadas en 2017". "Este hecho genera la convicción de que estamos asistiendo al inicio de un proceso de enorme repercusión en el funcionamiento de la sala y que se exacerbará en los próximos años", concluye el magistrado Marín Castán.

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