El Tribunal Supremo ofrece datos para constatar la urgencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): 1.000 sentencias menos al año y más retraso en los tiempos de respuesta si PSOE y PP no llegan pronto a un acuerdo para elegir a los nuevos 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, tal y como hicieron este jueves con respecto al Tribunal Constitucional y otros tres órganos constitucionales. Para el Alto Tribunal, el hecho de que la institución que preside Carlos Lesmes siga bloqueada hace que la situación cada vez sea más "insostenible", pues mientras siga estando funciones no podrá hacer nombramientos en la cúpula judicial, lo que implica que no se cubrirán las vacantes que con el paso de los días van en aumento.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidida también por Lesmes, ya advirtió el pasado 27 de septiembre de las "perniciosas consecuencias" derivadas de la imposibilidad legal de nombrar magistrados. Con el objetivo de poner cifras a esa problemática, solicitó al Gabinete Técnico del Tribunal un análisis de la situación a la que se enfrentarán las diversas Salas del Alto Tribunal en el caso de que se prolongue situación de interinidad del CGPJ y, por tanto, siga sin poder buscar relevos a los magistrados que ya se han jubilado o están a punto de hacerlo.
En estos momentos, el Supremo en total cuenta con un total de 11 vacantes (un 14% de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados. “Una situación que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial”, señala el informe del Gabinete Técnico. Y todo ello en un contexto de crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus que está provocando un incremento de la litigiosidad.
En este sentido, advierte que las plazas sin cubrir repercutirá tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión. “Tal estado de cosas no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo, asignando más ponencias a los magistrados", indica el Supremo. En este sentido, hace especial hincapié en que "selección rigurosa" de los recursos que se admiten para la formación de la doctrina jurisprudencial también lleva su tiempo de "estudio y de deliberación muy reflexivo", ya que es la que después orientará "la actividad de todos los órganos judiciales de la distintas jurisdicciones". Así subraya que la dilación en el tiempo de admisión de estos asuntos tendrá su repercusión en el "conjunto de todos los escalones jurisdiccionales", pues entiende que los tribunales de instancia tampoco podrán solventar sus asuntos pendientes "con rapidez y seguridad jurídica", si el Supremo como instancia superior no ha podido analizar las problemáticas que le entran con agilidad.
“Es imprescindible por ello la pronta cobertura de las vacantes existentes en el Tribunal Supremo así como las que de forma inminente van a producirse, si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país”, concluye el informe, que además recuerda que el Tribunal Constitucional ha reiterado en multitud de ocasiones que la justicia tardía no es verdadera justicia pues puede suponer un menoscabo de la tutela judicial efectiva.
Situación de cada Sala
Haciendo un repaso de cada una de las Salas, el Supremo define como preocupante la situación si las vacantes no se cubren con urgencia, salvo la de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que no se verá afectada en un futuro inmediato. No ocurre lo mismo con la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde hay actualmente seis vacantes sin cubrir (casi un 20% de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022. Ello tendrá un "grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual”. En la Sala de lo Civil se destaca que la vacante que está actualmente sin cubrir representa un 10 por ciento de la planta, además de que la anterior vacante tardó seis meses en cubrirse. Todo ello se considera “un evidente perjuicio” por la sobrecarga de trabajo, y que, de persistir la situación, se calcula que dictará 100 sentencias anuales menos.
Con respecto a la Sala de lo Social, son tres las vacantes actualmente y otras dos previstas antes de octubre de 2022, entre ellas su presidenta, María Luisa Segoviano -la primera mujer en ser elegida para este cargo en el Supremo-. En este sentido, el documento técnico resalta que es prácticamente un 40% menos de su planta de 13 magistrados, lo que sería "absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total", con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos. Por último, en la Sala de lo Militar solo cuentan con una plaza vacante y otra más prevista en 2022, lo que no hace dudar a los técnicos de que ello tendrá también un inevitable impacto.
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