El Consejo de Seguridad de la ONU respalda investigar el desvío de la ayuda en Somalia

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU expresó hoy su respaldo a la apertura de una investigación independiente de las actividades del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Somalia, tras analizar un polémico informe que denuncia el desvío de la mitad de la ayuda que recibe el país.

"Hay consenso en cuanto a la idea de apoyar una investigación independiente", dijo a la salida de una reunión del Consejo de Seguridad el embajador de México ante la ONU, Claude Heller, quien preside el comité de ese órgano encargado de supervisar el régimen de sanciones a Somalia.

El diplomático aseguró que los quince miembros del máximo órgano de Naciones Unidas resaltaron también en las discusiones la "disposición" del PMA a colaborar con cualquier investigación de sus operaciones somalíes.

Heller señaló que el comité se reunirá de nuevo en los próximos diez días para escuchar a representantes del PMA y de Somalia, antes de decidir formalmente si pone en práctica las recomendaciones del informe.

El documento, elaborado por un grupo de expertos independientes, asegura que la mitad de los alimentos enviados a Somalia acaban en una red de distribuidores corruptos, insurgentes islamistas y empleados locales del organismo multilateral.

En particular, cita el caso del empresario somalí Adbdullah Ali Luway, a quien identifica como un "financiero" del grupo rebelde islamista Al Shabab y lo vincula con el cobro del rescate de 1,6 millones de dólares por el secuestro de tres cooperantes franceses.

El embajador mexicano indicó que en el Consejo "fue muy bien recibida" la decisión adoptada por el PMA la semana pasada de suspender las relaciones con los tres grandes contratistas somalíes acusados por los expertos de desviar la ayuda humanitaria.

"Es un paso muy positivo hasta que se produzca la investigación", agregó.

De todas formas, no indicó si el Consejo favorece la propuesta del informe de que sea el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien se encargue de la investigación.

Fuentes diplomáticas dijeron a Efe que otra posibilidad es que el consejo de administración del PMA, un organismo de Naciones Unidas con sede en Roma, sea el responsable de impulsar la indagación.

Heller también señaló que el comité que preside sigue estudiando la implementación de las sanciones impuestas el pasado diciembre a Eritrea por suministrar armas a los rebeldes islamistas somalíes y negarse a negociar en su conflicto fronterizo con Yibuti.

Para ese fin, sus miembros viajarán en las próximas semanas a la zona, agregó.

Eritrea es una de las fuentes de apoyo a los rebeldes somalíes identificada por el informe sobre Somalia divulgado la semana pasada, y que ha causado un alto grado de alarma tanto por sus denuncias, como por su sombría descripción de la situación del país.

Sus autores se muestran muy escépticos sobre la capacidad del Gobierno Federal de Transición, en el que la comunidad internacional ha puesto la esperanza de que pueda establecer el orden en el país tras dos décadas de caos.

"Pese a la infusión de ayuda y adiestradores extranjeros, las fuerzas de seguridad gubernamentales siguen siendo incompetentes, desordenadas y corruptas", afirma el documento.

También subraya que se viola de forma continua el embargo de armas impuesto a Somalia en 1992, ya que siguen entrando desde Yemen y Eritrea fusiles, municiones, morteros y armas antitanques, entre otros materiales.

Otra fuente de armas de los rebeldes islamistas son los miembros de las milicias gubernamentales, que venden su armamento al mejor postor, aunque sea su enemigo, según el informe.

Asimismo, las autoridades regionales del norte del país colaboran con los piratas que operan en las aguas de la región, mientras que algunos ministros se enriquecen con actividades ilegales como la subasta de visados diplomáticos, agrega.

El PMA anunció en enero pasado que abandonaba el sur de Somalia tras recibir amenazas y exigencias por parte de Al Shabab como la de no emplear a mujeres y la de pagar al grupo integrista islámico un "impuesto de seguridad".

Según estadísticas divulgadas por el PMA y otras agencias de la ONU, unos 3,64 millones de personas, cerca de la mitad de la población de Somalia, necesitan asistencia alimentaria para sobrevivir.

Somalia no ha tenido un Estado efectivo desde 1991, cuando el dictador Siad Barré fue derrocado, y se encuentra desde entonces en un permanente conflicto civil que tiene como protagonistas a diferentes clanes y grupos islamistas radicales que quieren imponer una versión estricta de la "sharía" (ley islámica) en el país.