El Constitucional español admite a trámite recurso contra la reforma laboral

Madrid, 5 nov.- El Tribunal Constitucional español admitió a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por el grupo socialista e Izquierda Plural, anunció hoy el alto tribunal.

La decisión fue tomada el pasado 30 de octubre cuando se acordó también comunicarla al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.

El recurso del grupo socialista -el principal de la oposición- e Izquierda Plural está dirigido contra siete artículos y dos disposiciones de la norma, que entró en vigor el pasado mes de febrero.

Dichos puntos de la ley atribuyen a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos la facultad para acordar la inaplicación de cuestiones pactadas por convenio (el acuerdo pactado con los representantes de los trabajadores) y dan preferencia al convenio de empresa, entre otras cosas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Izquierda Plural, que agrupa a varias formaciones minoritarias, entienden que estos cambios atentan contra el papel institucional reconocido a las organizaciones sindicales y empresariales.

Consideran asimismo que van contra el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la tutela constitucional y a la tutela judicial efectiva.

El Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento español) dio su visto bueno definitivo el pasado 28 de junio a la polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno del Partido Popular (PP, centroderecha).

La reforma, que fue inicialmente aprobada por el Ejecutivo por decreto-ley y entró en vigor el pasado 12 de febrero, generaliza la indemnización por despido improcedente en 33 días (antes era de 45) con un tope de dos anualidades y facilita que las empresas puedan despedir por causas económicas con 20 días por doce mensualidades.

También desaparece la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo.

Esta reforma es una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy frente a la crisis económica que atraviesa España desde 2008 y que se traduce en un fuerte crecimiento del desempleo, que supera el 25 por ciento de la población activa.

En el momento de su aprobación, los grupos de la oposición en el Parlamento la rechazaron por considerar que recorta los derechos de los trabajadores y rompe el equilibrio de poder entre empresarios y trabajadores.

Los sindicatos convocaron el 29 de marzo pasado una huelga general para expresar el rechazo a la nueva normativa, que tuvo un seguimiento desigual, con mayor incidencia en la industria y menor en los servicios, el comercio y el sector público.

Esta reforma laboral fue la segunda en dos años, ya que el anterior gobierno, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó otra que le costó asimismo una huelga general el 29 de septiembre de 2010.