El Gobierno tomó en apenas 72 horas dos decisiones que podrían marcar la legislatura de Sánchez. En Moncloa lo asumen y por eso han meditado durante tanto tiempo ambas medidas. El decreto de la luz, por ejemplo, fue fraguandose durante todo el mes de agosto de una forma discreta. De hecho, las ochos medidas ni siquiera pasaron por la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el conocido como 'consejillo' que prepara el Consejo de Ministros ni por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Y la de subir el Salario Mínimo Inteprofesional ha llegado tras nueve meses exactos de tira y afloja interno entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Ambos movimientos, en cualquier caso, no cuentan con el apoyo de todos los actores implicados; es más, representan una afrenta para los sectores afectados, las eléctricas y la patronal. Europa mira a España y reclama consensos.
El 'decreto Ribera' para intentar abaratar la factura de la luz no fue sencillo de alumbrar. El Gobierno ha sido pionero en Europa a la hora de legislar en la materia y eso ha sido valorado por el Financial Times. Pero también cuentan con una guerra feroz por parte de las eléctricas. El problema es económico pero también se ha convertido en político. La vicepresidenta tercera intentó hacer una voladura controlada de la medida que iba a aprobar el Consejo de Ministros con una llamada en la tarde del lunes a los primeros espadas de las compañías del sector. El problema es que los afectados ya avisan de posibles acciones judiciales o, incluso, de un posible parón nuclear. Y eso podría alargar durante años y años el problema.
La 'batalla eléctrica' amenaza con prolongarse, por tanto, durante toda la legislatura y en el Gobierno son conscientes de ello. Por eso están incorporando a sus argumentarios palabras como las pronunciadas por Sánchez esta misma semana: pondrá "siempre por delante el interés de la ciudadanía", frente "al interés personal"; y "ante cualquier presión particular". Existe un precedente que citan en Transición Ecológica: el de los laudos por las primas a las renovables abiertos desde la época de José Manuel Soria y en los que aún el Estado se juega 9.000 millones de euros, según cálculos oficiales del Ejecutivo, en arbitrajes internacionales. El fantasma, por tanto, se llama inseguridad jurídica.
La decisión de intentar atajar el recibo de la luz llega, además, en un momento en el que Bruselas tiene puesta la lupa sobre nuestro país. Las medidas adoptadas fueron negociadas con la Comisión Europea durante los últimos días. De hecho, fuentes del Ministerio destacan que el real decreto-ley ha sido medido al máximo para no contravenir ni el derecho nacional ni el comunitario. Ribera, por tanto, no infringe el marco legal europeo pero sí está recorriendo una travesía con sus riesgos.
Fuentes gubernamentales consideran que las normas estarían "amarradas jurídicamente" y lo argumentan empleando criterios de "oportunidad" y "urgente necesidad" ante un escenario inédito en el que "los consumidores y pequeñas empresas, principalmente, están viendo mermadas sus economías". Otro argumento empleado por el Gobierno es el "principio de necesidad y de proporcionalidad", dos criterios que consideran reconocidos tanto por el derecho nacional como por el comunitario. La Abogacía del Estado ha participado en el blindaje del real decreto-ley.
Hay que recordar que el Gobierno sigue manteniendo negociaciones con la Comisión Europea para intentar forzar una reforma global del mercado eléctrico que evite situaciones como las actuales. Este movimiento es para Moncloa importante. La vicepresidenta tercera ya envió una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Green Deal, Frans Timmermans, reclamándole, por un lado, "una asignación eficiente de recursos y la generación de señales de precios adecuada" y, por otro, "una justa y equitativa distribución de los beneficios asociados a la transformación del mix de generación". Y Sánchez apostó este viernes en la cumbre de los países europeos del sur en Atenas por un debate a nivel comunitario sobre el marco normativo de los mercados eléctricos. Esta vía también fue defendida este miércoles por Josep Borrell. Sin embargo, no tendrá avances en el corto y medio plazo y por eso el Gobierno ha dado este paso con el 'decreto Ribera'.
El PSOE venía confeccionando el decreto de la luz en solitario y sólo lo abrió a sus socios a última hora
Los ritmos de la Comisión Europea, en definitiva, son más lentos. Ante ello, y por un escenario de escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista, el Gobierno optó por acelerar y llevar en mano el decreto al Consejo de Ministros. Este es un mecanismo que se suele utilizar cuando un ministro negocia hasta las horas previas al cónclave en Moncloa su iniciativa en cuestión. Y así ocurrió. El PSOE venía confeccionando el decreto en solitario y sólo lo abrió a sus socios a última hora. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, interlocutó con Josep Vendrell, el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, durante el fin de semana y el mismo lunes. Ahí se cerró el texto.
La segunda decisión adoptada por el Gobierno esta semana también pone en riesgo la agenda de reformas que están por venir y ahí Bruselas ha sido aún más contundente. La Comisión implora que los acuerdos se hagan en el diálogo social, de forma que excluir a los empresarios del pacto para subir el SMI este 2021 no sienta un buen precedente. La CEOE se ha mostrado molestar en las últimas horas, una posición verbalizada por su presidente, Antonio Garamendi, que ha llegado a decir que los políticos no saben lo que cuesta crear empleo y facturar en este país. Vienen tres negociaciones importantes de aquí a final de año -ERTE, laboral y pensiones- y las relaciones en el diálogo social ahora mismo están deterioradas. De hecho, Yolanda Díaz se movió para que los sindicatos se sumaran al acuerdo, pese a que la subida es sensiblemente inferior a lo que inicialmente reclamaban, pensando en esas conversaciones que ya están en marcha.
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