La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, llamó el lunes por la tarde a los primeros espadas de las principales compañías eléctricas para avanzarles la decisión que iba a adoptar el Consejo de Ministros horas más tarde, la aprobación del real decreto-ley de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Según informan fuentes del Gobierno, la ministra quiso hablar con algunos de los principales ejecutivos del sector, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el de Endesa, José Damián Bogas; y el de Naturgy, Francisco Reynés, en un día importante para el Gobierno.
La iniciativa fue de Ribera. La ministra para la Transición Ecológica quería transmitir en primera persona a estos ejecutivos de las eléctricas el movimiento que iba a anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en TVE. El contacto, por tanto, se produjo antes de que el jefe del Ejecutivo diera a conocer en horario de máxima audiencia que iba a detraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas y que iba a topar el gas para intentar bajar el precio de la luz.
Ribera, explican las mismas fuentes, explicó a estos directivos en qué iba a consistir el real decreto-ley en ciernes y defendió ante ellos las medidas que iba a dar a conocer el presidente esa misma noche. La vicepresidenta, que mantiene una relación fluida con todos los operadores, les comunicó en primera persona por qué el Gobierno iba a adoptar ese conjunto de ocho medidas que buscan abaratar la factura de la luz de forma urgente. Las fuentes consultadas se limitan a expresar que fueron conversaciones en términos técnicos, no políticos, y que la propia Ribera comentó que estaba dialogando con varios de los implicados.
El Gobierno está incorporando, desde el martes, a sus argumentarios nuevos términos para justificar el 'decreto Ribera'. Son palabras que, según las mismas fuentes, no se emplearon en las conversaciones con el Ibex eléctrico. De esta forma, tanto el presidente como la vicepresidenta tercera han expresado en las últimas horas que las decisiones se deben al objetivo de poner "siempre por delante el interés de la ciudadanía", frente "al interés personal". Y "ante cualquier presión particular", llegó a decir Sánchez este miércoles desde Barcelona. Es un "mensaje rotundo y claro para quien quiera escucharlo", añadió.
Las eléctricas, por su parte, han protagonizado un primer movimiento a través del Foro Nuclear, avisando de un posible parón nuclear incluso antes de conocer el contenido final del decreto. En el comunicado de la discordia, la organización defendía que las medidas que entran en vigor este jueves no deben "aplicarse sobre la energía nuclear". La decisión, argumentan, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".
Las compañías afectadas por un 'hachazo' que el Gobierno cifra en unos 2.500 millones estaban esperando a la publicación en el BOE del real decreto-ley para activar a sus equipos jurídicos y tomar decisiones. Ya han echado sus propios números y ahora tendrán que concretar si acuden a los tribunales. El Gobierno es consciente de que el escenario que se abre desde ahora es complejo y por eso, también, ha intentado blindar jurídicamente las medidas extraordinarias y urgentes. Existe un precedente al que miran de reojo: el de los laudos por las primas a las renovables abiertos desde la época de José Manuel Soria y en los que aún el Estado se juega 9.000 millones de euros, según cálculos oficiales del Ejecutivo, en arbitrajes internacionales. Además, el Estado acaba de ser condenado a devolver el llamado 'canon hidráulico' que el Gobierno Rajoy impuso a las eléctricas para gravar el uso de aguas: más de 1.400 millones.
Las eléctricas ya han activado a sus equipos jurídicos por el 'decreto Ribera'
Fuentes gubernamentales consideran que las normas estarían "amarradas jurídicamente" y lo argumentan empleando criterios de "oportunidad" y "urgente necesidad" ante un escenario inédito en el que "los consumidores y pequeñas empresas, principalmente, están viendo mermadas sus economías". Otro argumento empleado por el Gobierno es el "principio de necesidad y de proporcionalidad", dos criterios que consideran reconocidos tanto por el derecho nacional como por el comunitario. La Abogacía del Estado ha participado en el blindaje del real decreto-ley.
El Gobierno sigue manteniendo negociaciones con la Comisión Europea para intentar forzar una reforma comunitaria del mercado eléctrico que evite situaciones como las actuales. La vicepresidenta tercera ya envió una carta al vicepresidente Timmermans reclamándole, por un lado, "una asignación eficiente de recursos y la generación de señales de precios adecuada" y, por otro, "una justa y equitativa distribución de los beneficios asociados a la transformación del mix de generación". Esta vía, que fue defendida este miércoles por Josep Borrell, sin embargo, no tendrá avances en el corto y medio plazo y por eso el Gobierno ha dado este paso con el 'decreto Ribera'.
Hay que recordar que la mayoría del Congreso que apoya al Gobierno de coalición tiene previsto también forzar un interrogatorio a los presidentes de las grandes compañías eléctricas. Los citados Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola; Francisco Reynés, de Naturgy; y José Bogas, el consejero delegado de Endesa, son algunos de los comparecientes que el PSOE y otros grupos parlamentarios quieren citar en el Congreso en el marco de la comisión parlamentaria para el estudio del precio de la luz que va a ser constituida en la cámara baja.
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