Madrid.- El Defensor del Pueblo, en su informe anual correspondiente a 2009, lamenta la tardanza que se está produciendo para aprobar la nueva ley de protección de las víctimas del terrorismo, cuyo borrador ha sido presentado hoy por las fuerzas políticas a los diferentes colectivos de víctimas.
En el informe hecho público hoy, el Defensor del Pueblo afirma que "si el Estado ha de cuidar siempre de forma prioritaria de los intereses de aquellos que sufren las consecuencias de los delitos, con más razón debe actuar diligentemente para paliar el sufrimiento de quienes son objeto de la amenaza y las acciones terroristas".
Esta es una de las recomendaciones que la institución que dirige Enrique Múgica incluye en el capítulo dedicado a la seguridad ciudadana de su informe anual, en el que en relación a la administración de Justicia se destaca que en 2009 se recibieron un total de 2.454 quejas, 404 más que en 2008.
En concreto, el año pasado se tramitaron 550 quejas por dilaciones indebidas, de las que 237 se referían a la jurisdicción civil, 226 a la penal, 33 a la social y 54 a la contencioso-administrativa.
Además, en 2009 se recibieron 509 quejas sobre el funcionamiento de los Registros Civiles por la demora en la expedición de certificaciones, las esperas para realizar gestiones ordinarias debido al alto número de demandantes de los servicios del registro o las citaciones con meses e incluso años de antelación.
El informe se refiere, en este sentido, a una citación en el Registro Civil de Inca (Islas Baleares) para presentar los papeles de solicitud de la nacionalidad en 2017.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo elogia los pasos que se han dado para conseguir la modernización de la Justicia y, en concreto, menciona el Plan Estratégico 2009-2012, que ha contado con el acuerdo de Gobierno, partidos políticos y comunidades autónomas, el Poder Judicial y el resto de operadores jurídicos.
También manifiesta su coincidencia con la Fiscalía General del Estado al considerar necesaria una regulación actualizada de los procedimientos de instrucción y una nueva ley que aborde el procedimiento criminal, "a la luz de la evolución histórica y constitucional de nuestro país".
Como en años anteriores, el Defensor del Pueblo expresa su preocupación por las quejas que se reciben sobre malos tratos causados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La institución recuerda que el año pasado fue designada Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y califica de "graves y deplorables" los atentados a los derechos fundamentales, "y más graves aún si provienen de funcionarios públicos, cuyo primer deber es el respeto a la dignidad de todas las personas".
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