El director de Comunicación de BBVA, Paul Tobin, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, que acumuló tanto para el expresidente del banco Francisco González, y posteriormente para su sucesor, Carlos Torres -actualmente en el cargo-, información tanto interna como externa relacionada con el caso 'Tándem', la macrocausa judicial centrada en las presuntas irregularidades de los 'negocios' del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien trabajó una década para la entidad financiera, investigada como persona jurídica por estos hechos. En este sentido, ha indicado que ha reportado a sus jefes las noticias que aparecían en la prensa sobre el avance de la investigación, a iniciativa propia y aunque éstos no se lo pidieran, al entender que éste era su deber.
Tobin ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional como investigado por un delito de encubrimiento en la novena pieza del caso 'Tándem', dedicada a la contratación del agente encubierto por parte del banco. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, le imputó el pasado mes de julio con el objetivo de esclarecer si la entidad financiera ocultó información a la investigación, tal y como sospecha la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, Tobin ha pasado de puntillas sobre estos hechos, pues no ha ofrecido grandes detalles al respecto ya que las acusaciones no le han inquirido en especial sobre ello, según han señalado fuentes jurídicas presentes en la declaración a La Información. Cabe destacar que BBVA reprochó al Ministerio Público su actuación en este sentido por pedir la imputación de alguno de sus directivos sin tener "la más mínima evidencia" de su supuesta actividad delictiva, simplemente por el hecho de que "no le satisfacía la forma" en la que el banco cumplimentó "un ofrecimiento voluntario de aportar documentación".
La imputación del director de Comunicación tiene su origen en la declaración de otra investigada, la jefa de Seguridad de BBVA, Inés Ochagavía, que afirmó que iba a aportar a la causa un dossier con toda la información recopilada sobre los encargos realizados al comisario jubilado, documentación que finalmente no entregó. La que fuera sucesora en el puesto de Julio Corrochano, uno de los principales investigados en esta pieza separada -y cuya declaración aún está pendiente de fijarse- por ser el interlocutor entre Villarejo y el banco, explicó que la carpeta de Google Drive se creó a instancia de Tobin para “levantar la información” que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto. En este contexto, concretó que el primer fichero contenía un resumen de lo que se conocía en dicho momento y que el director de Comunicación era el que autorizaba a las personas el acceso a dichos archivos. La defensa del banco insistió en que dicha carpeta no contenía ningún archivo que no hubiese sido aportado con anterioridad a la causa.
Tobin, que sólo ha contestado a las preguntas del juez de refuerzo, que en ocasiones le ha pedido mayor concreción en sus manifestaciones, y de Anticorrupción, ha explicado que efectivamente esta carpeta 'Drive' se creó en mayo de 2018, por orden de Francisco González imputado en la causa por delitos de cohecho, revelación secretos y apropiación indebida-, ante la demanda informativa que existía en el momento, con el estallido del caso 'Tándem', tras la detención del comisario jubilado en noviembre de 2017, si bien ha precisado que el expresidente no tenía acceso a esta carpeta 'online'. De hecho, ha subrayado que él no sabía ni qué era Cenyt ni cómo se escribía hasta que empezó a salir en la prensa. Asimismo, ha señalado que se reunieron distintos archivos de varios departamentos y que dejó de funcionar unos meses más tarde, en octubre, cuando se encargó una investigación interna al departamento de Auditoría Interna, que después, en enero de 2019, se completó con un 'forensic' encargado a PwC.
Así, aunque reportaba a iniciativa propia a los presidentes del banco sobre la información que iba saliendo en los medios de comunicación sobre el caso 'Tándem', ha detallado que siguió las instrucciones que le llegaban del departamento jurídico, primero dirigido por el investigado Eduardo Arbizu, y después por María Jesús Arribas, sobre la información que tenía que ofrecer a la prensa, en respuesta a sus preguntas sobre el caso 'Tándem'. El juez García Castellón abrió en diciembre de 2018 una pieza separada para investigar la contratación de Villarejo por parte de BBVA entre 2004 y 2017 para realizar presuntas labores de espionaje, por los que habría cobrado más de 10 millones de euros. Así, tras ir indagando en la extensa documentación que obra en la causa -que ya acumula más de una veintena de tomos y más de 8.000 folios- sobre los distintos 'proyectos' que el comisario fue realizando, empezando por el intento de frenar el asalto de Sacyr Vallehermoso en el Consejo de Administración del banco, el magistrado decidió en julio de 2019 imputar como persona jurídica al banco.
Ronda de declaraciones
Con esta declaración, el juez Gadea, en sustitución al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, cierra la primera ronda de declaraciones que se quedó pendiente en julio, antes del parón judicial por las vacaciones de verano. Este miércoles escuchó a dos testigos, un empleado de BBVA que detalló que Cenyt abrió en 2004 una cuenta en la sucursal en la que trabajaba, con capacidad de disponer de un crédito de hasta un millón de euros. Con esta testifical, la Audiencia Nacional pretendía aclarar si el banco de algún modo pidió a la empresa de Villarejo que abriera una cuenta para facilitar el pago de sus servicios. A esta comparecencia le siguió la de un perito que elaboró un informe con toda la documentación que se había almacenado en el Google Drive por el que hoy ha sido llamado a declarar Tobin.
La próxima cita prevista es el próximo 20 de diciembre, cuando está convocado al exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez en relación a una denuncia anónima presentada en 2015 contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc. Además, está pendiente que se marque en el calendario el interrogatorio de Corrochano, cuya declaración fue instada por la Fiscalía Anticorrupción, después de que éste mandara un extenso escrito haciendo una serie de 'confesiones' sobre la contratación de Villarejo, así como el de exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano, que se ha prestado a declarar voluntariamente. Estos exdirectivos del banco se acogieron a su derecho a no declarar en 2019 alegando que las pesquisas se encontraba entonces bajo secreto de sumario y por tanto no conocían en detalle por qué se les investigaba.
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