El exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano ha vuelto a saltar al escenario de la novena pieza separada del caso 'Tándem', en la que se investigan las presuntas irregularidades en los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para la entidad financiera durante más de una década y por la que se abonaron más de 10 millones de euros. El exdirectivo del banco ha enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para defender su inocencia en esta causa en la que se encuentra investigado desde 2019. En este sentido, ha informado al magistrado instructor del encargo que ha contratado a un perito para que analice sus cuentas bancarias con el fin de demostrar que no obtuvo ningún beneficio con la contratación del agente encubierto.
Corrochano compareció ante el juez instructor en julio de hace dos años, momento en el que se negó a declarar alegando que el sumario de la causa estaba bajo secreto. En ese momento eludió su ingreso en prisión tras pagar una fianza de 300.000 euros, pero no se libró de seguir imputado. Desde entonces, el exjefe de Seguridad de BBVA ha tenido un cierto protagonismo en esta línea de investigación por su papel de intermediario entre el banco y el entramado empresarial liderado por Villarejo, el Grupo Cenyt. Ahora, una vez que su defensa ha tenido "acceso al procedimiento, y por tanto conocidos ya los hechos objeto de investigación", pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que practique una serie de diligencias encaminadas a ilustrar su mínima y desinteresada intervención en la contratación de Villarejo.
Dentro de la batería de pruebas que solicita que se incorpore a la causa, Corrochano interesa que BBVA especifique el número de facturas emitidas desde 2004 a 2017 -los años en los que Villarejo realizó presuntas labores de espionaje- "por año y por departamentos", e indique qué porcentaje de las mismas corresponde al Departamento de Seguridad. También pide que la entidad dirigida por Carlos Torres aporte un ejemplar del libro publicado en 2016 sobre "Riesgos de Yihadismo", que se nutrió de los informes que el comisario jubilado elaboró sobre la amenaza terrorista que había en todos aquellos países en los que el banco tenía presencia.
Asimismo, Corrochano se suma al 'frente común' de los jefes de Seguridad de otras empresas del Ibex 35 que también están imputados en la macrocausa para reivindicar que era "inimaginable" pensar que Villarejo seguía en activo en la época que prestaba servicios para grandes compañías del país. "Su actividad diaria, los viajes, su gestión y dirección de las empresas y la apariencia que exhibía desde sus despachos en el conocido Edificio Torre Picasso de Madrid, evidenciaban que efectivamente su actividad era única y exclusiva en el ámbito de la empresa privada, haciendo incompatible a simple vista que pudiera estar compaginando esa actividad con la policial, como también era inconcebible que pudiera estar en activo en la policía y a la vez ser abogado ejerciente, colegiado como tal en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid", destaca la defensa del exjefe de Seguridad de BBVA en un escrito que ha sido recientemente incorporado a la causa.
Por otro lado, Corrochano detalla su intervención en cada una de las facturas que el banco pagó a Cenyt a lo largo de 13 años, limitada, según indica, a "testar en el mercado una empresa adecuada" para requerir los servicios que le reclamaban sus "superiores" y servir de "interlocutor" entre la compañía seleccionada -en este caso el Grupo Cenyt- y el exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano y el expresidente de la entidad Francisco González, ambos también imputados. El que fuera responsable de Seguridad de la entidad financiera asegura que él no tuvo ningún interés especial para que la entidad contratada para desarrollar distintas labores de investigación fuera de la Villarejo.
Así, para rebatir las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción al respecto y que sustenta en el hecho de que la cuenta bancaria del exdirectivo del banco recibió el "doble" de ingresos de lo que le correspondería por su salario, la abogada de Corrochano ha encargado un informe pericial contable para acreditar que su cliente "nunca ha recibido" de las empresas de Cenyt, ni de ningún otro proveedor, "dádiva, comisión ni precio alguno". Aunque las conclusiones del perito contratado se aportarán al juez "próximamente", tal y como señala el escrito, adelanta que dicha cuenta bancaria era "común" con su esposa, por lo que además del salario del exresponsable del Departamento de Seguridad de BBVA, entraba la nómina de su mujer. Además, señala que, coincidiendo con los años en los que Corrochano estuvo trabajando en el banco, en dicha cuenta también se ingresó una herencia familiar, de la que habrían hecho uso tanto él como su mujer, con la que estaba casado en régimen de "bienes gananciales".
"En nada influyó" su relación con Villarejo
Con todo ello, Corrochano -que su anterior etapa profesional fue comisario general de Policía Judicial- hace especial hincapié en que la relación previa que tenía con Villarejo por su coincidencia en el Cuerpo Nacional de Policía "en nada influyó" a la hora de contratar al entramado del agente encubierto. Según destaca en su escrito, en la selección del Grupo Cenyt solo predominó "las buenas referencias que esta empresa tenía de otras grandes empresas" que anteriormente la habían contratado. En esta línea, apunta que era consciente de que el comisario jubilado mantenía "muy buenas relaciones personales con miembros de la policía en activo, y con miembros del CNI", si bien afirma que es habitual que los agentes que cesan o pasan a estar en "situación especial" sigan teniendo contacto con "antiguos compañeros".
De hecho, enfatiza que estos contactos no le hizo sospechar de ninguna actuación irregular, como que la información que Cenyt aportaba a BBVA pudiera proceder de bases policiales, sino que siempre ha considerado que los datos obtenidos eran recabados de "fuentes abiertas y siempre por medios y cauces legales". Del mismo modo, señala que tampoco se podía presumir que algún policía en activo estuviese colaborando con Villarejo, ya que también era una práctica común que este tipo de empresas que realizaban labores de investigación contratara a exmiembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "por su eficacia y pericia" a la hora de obtener información.
La actuación que desarrolló Villarejo en sus 'negocios' privados hasta que fue detenido en noviembre de 2017 en el marco de la 'operación Tándem' comienzan a juzgarse precisamente este miércoles en la Audiencia Nacional. Casi cuatro años después de que se iniciara la macrocausa, y por la que el comisario jubilado ha pasado más de tres años en prisión provisional, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal celebra una vista oral en la que el agente encubierto se enfrenta a más de 100 años de prisión. El juicio versará sobre tres piezas separadas -ninguna de ellas relacionada con las grandes compañías que se han visto salpicada por este caso- y que determinará aspectos claves como si el expolicía podía prestar servicios privados mientras se encontraba en activo, o si las grabaciones de sus conversaciones y las anotaciones en sus agendas a lo largo de los años sirven como prueba para abrir una treintena de líneas de investigación, en las que se han visto imputados los máximos responsables de empresas del Ibex 35 y la excúpula policial.
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