El juez de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga el 'pelotazo' de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, comienza a estrechar los círculos para esclarecer cómo los empresarios investigados por cobrar 6 millones de dólares en comisiones llegaron hasta Elena Collado, la encargada municipal para la compra de material sanitario en uno de los momentos más duros de la pandemia. Así, el magistrado ha citado a declarar como testigo a María Díaz de la Cebosa, la "amiga" de Luis Medina que facilitó el contacto del primo del alcalde de Madrid. Por otro lado, el instructor ha dejado en el aire la citación de este familiar de José Luis Martínez-Almeida, pues ha preguntado a las partes qué condición debería tener durante su posible comparecencia: si la de testigo o la de imputado.
El pasado 25 de abril, Medina explicó durante su declaración como imputado que, aunque no conoce personalmente a Carlos Martínez-Almeida, comparten una "amiga en común": una profesora de la Universidad CIS en la que el investigado estuvo un año. Se trata de María Díaz de la Cebosa, quien, tras comentarle que estaba buscando alguien del "Ayuntamiento o de la Comunidad" para ofrecer la posibilidad de suministrar material sanitario, le facilitó el contacto del primo del alcalde. En este sentido, Medina añadió que el pariente del primer edil le trasladó la dirección de correo electrónico de Elena Collado, la responsable del Área de Hacienda y Personal del consistorio madrileño que se encargó de gestionar la compra de mascarillas, guantes y test rápidos.
Así, con el fin de aclarar el inicio de las relaciones de los dos comisionistas investigados con el Ayuntamiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 47, Adolfo Carretero, ha citado a declarar a Díaz de la Cebosa el próximo 9 de mayo, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso La Información. Precisamente ese mismo día está convocada Elena Collado, quien negoció directamente todos los puntos de los contratos con el otro investigado, Alberto Luceño, según reconocieron los dos empresarios imputados, y tal y como se desprende de los mensajes de WhatsApp incorporados al sumario del denominado 'caso Mascarillas'.
La citación de la profesora de universidad se produce justo tres días después de los interrogatorios de los dos comisionistas y tras la petición al respecto de las acusaciones populares ejercidas por Más Madrid y Podemos. Las acusaciones también solicitaron la declaración del primo de José Luis Martínez-Almeida, si bien el juez no ha tomado por el momento ninguna decisión al respecto, pues ha solicitado a las partes que en el plazo de tres días se pronuncien sobre la condición en la que debería acudir al juzgado: si como investigado (como pidió Podemos) o como testigo (como instó Más Madrid).
Por otro lado, el magistrado Carretero sí ha atendido a la solicitud de poder tomar declaración como testigo a Cristina Sierra Daimiel y a Javier Martín Moreno, responsables de las entidades bancarias en las que Luceño y Medina ingresaron los 6 millones de dólares que obtuvieron de la operación de compraventa de mascarillas, por la que se les acusa de haber estafado al Ayuntamiento de Madrid. Ambos empleados de banca deberán acudir al juzgado también el próximo 9 de mayo.
"No se ha alterado ningún elemento"
Entre otras cuestiones, el juez Adolfo Carretero también tiene pendiente decidir si cita a declarar al gerente de la funeraria municipal, Fernando Sánchez González. La formación política Más Madrid solicitó su imputación por un supuesto delito de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia al constatar que las cartas de encargo aportadas a la Fiscalía por la empresa municipal son diferentes a las cartas de encargo enviadas por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid mediante oficio de 5 de abril de 2021.No obstante, Anticorrupción ha remitido un escrito al juzgado en el que se opone a dicha solicitud al entender que "no se ha alterado ningún elemento o requisito esencial de los documentos".
El fiscal Luis Rodríguez Sol admite que los documentos no son los mismos, pero precisa que sí coinciden en la fecha, en las personas que lo firman y su contenido. Por ello, el Ministerio Público coincide con el Ayuntamiento de Madrid -que este mismo miércoles envió un escrito al juez - en que no hay "ningún obstáculo" para la investigación que se inició en noviembre de 2020 de la mano de Anticorrupción. En esta línea, el Ministerio Pública subraya que "ninguna otra actuación" del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid ha perjudicado al avance de las pesquisas, ya que "han respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados".
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