El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cree que aún es prematuro decidir sobre la situación procesal del Banco Santander en el caso 'Popular'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha rechazado excluir a la entidad que dirige Ana Botín como posible responsable civil en la causa que investiga las presuntas irregularidades que habrían provocado la caída del banco extinto. El magistrado considera que la firma cántabra -que adquirió Popular en 2017 por el valor simbólico de un euro- no puede esgrimir la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE ) para quedar al margen del procedimiento.
El Banco Santander solicitó el pasado 10 de junio su exclusión de la causa, después de que el TJUE, el pasado 5 de mayo, determinara que los perjudicados por la ampliación de capital que Popular efectuó en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros no podían exigir indemnizaciones a la entidad presidida por Ana Botín como entidad 'heredera'. Esta sentencia declaraba que la normativa europea sobre resolución de entidades se opone a que los inversores que participaron en la operación antes de la desaparición del banco puedan exigir algún tipo de responsabilidad al banco sucesor alegando que la información contenida en el folleto no era veraz o ejercer una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones.
El juez Calama discrepa de la postura del Santander y señala que "en este procedimiento penal, a nuestro juicio, no resulta aplicable la sentencia del TJUE". En este sentido, en un auto dictado este martes, el magistrado instructor recuerda que el origen de la resolución del tribunal con sede en Luxemburgo se debe a una cuestión prejudicial que elevó la Audiencia de A Coruña "dentro de un procedimiento de naturaleza estrictamente civil y ajeno por completo al ámbito penal", que es el que se dirime en la Audiencia Nacional.
Sigue el criterio de Anticorrupción
De este modo, el juez sigue el criterio del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, y afirma que que la petición formulada por el Banco Santander es prematura. "Como acertadamente dice el fiscal en su meritado informe, 'la declaración del TJUE restringe su pronunciamiento a la acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto (...) no aborda ni resuelve la responsabilidad civil que puede derivar de las distintas situaciones y hechos que son investigados en la causa y no coinciden con los que han sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal de Justicia".
Así, insiste en que la sentencia del TJUE no afecta en ningún modo a la posible responsabilidad civil del Banco Santander que se ventila en un procedimiento penal. Por ello, el juez Calama enfatiza que no le corresponde "hacer un pronunciamiento exegético sobre la resolución del TJUE en la fase de investigación judicial en la que estamos, inmiscuyéndose en la interpretación genuina que es competencia de dicho tribunal".
Con todo ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 recalca que la causa, que acaba de ser prorrogada otros seis meses (hasta el próximo enero de 2023), sigue recabando pruebas que aclare si la gestión de las cúpulas directivas dirigidas por los expresidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, provocaron la desaparición de la entidad en junio de 2017, cuando la Junta Única de Resolución (JUR) aplicó el mecanismo de resolución. Por lo tanto, concluye que todavía no ha llegado al momento procesal en el que se debe determinar si los hechos investigados son constitutivos de alguna infracción penal. Será en esa fase cuando se valorará la posible responsabilidad civil del Banco Santander, advierte.
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