El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiere disponer de toda la documentación acerca de cuál debió ser el precio de la luz a finales de 2013 antes de decidir qué hacer con la causa abierta sobre el 'tarifazo' eléctrico en plena ola de frío. Tras acordar a mediados de julio no ampliar más tiempo la investigación que se inició hace cuatro años, pronto deberá decidir si propone juzgar a Iberdrola y a cuatro de sus directivos, o si da carpetazo al procedimiento decretando su archivo. Para ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha reclamado documentación que acredite cuántas plantas tenía la compañía eléctrica en dichas fechas que trabajasen a partir de energías renovables y qué volumen de energía generaban las mismas.
Así consta en un auto dictado el pasado 27 de julio, al que ha tenido acceso La Información, en el que requiere a Iberdrola Generación que informe tanto de las unidades de venta acogidas al régimen de retribución específica -instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos- como del volumen de energía comercializado por las empresas de su grupo a precio fijo durante cada una de las horas comprendidas entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, pide a OMI, Polo Español, gestor del mercado ibérico de electricidad, que amplíe su informe inicial para incorporar las unidades de venta de la compañía eléctrica, investigada como persona jurídica, acogidas a dicho régimen de retribución, así como la "verificación de las condiciones complejas en el cálculo de las ofertas de ventas consideradas". El magistrado instructor ha accedido a la práctica de estas diligencias instadas por una acusación, pese a que 13 días antes había decidido no prorrogar la instrucción del procedimiento. Según explica en su auto, las pruebas interesadas son "pertinentes y necesarias a los fines de la presente investigación" porque "se refieren a cuestiones de absoluta trascendencia para el esclarecimiento de los hechos".
Pendiente de las últimas diligencias
Tal y como adelantó este diario, el procedimiento que se abrió en mayo de 2017 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que acusó a Iberdrola de haber obtenido un "lucro ilícito de 20 millones de euros" con la alteración de los precios de mercado ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, está encarando ya su recta final a falta de practicar las últimas diligencias. En este sentido, a la espera de recibir la última documentación solicitada y, tras ello, concluir la instrucción, el magistrado desestimó el pasado 27 de agosto la petición de la propia compañía eléctrica de archivar el procedimiento.
Según indica el juez Moreno en su resolución, en la que asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, en "este momento procesal" no procede acordar el sobreseimiento de la causa con respecto a Iberdrola porque aún se encuentran "pendientes" algunas de las diligencias que han sido acordadas anteriormente, como la que precisamente se ha requerido a Iberdrola. De forma clara lo expone el Ministerio Público en su informe, que subraya que no se puede atender la petición de la compañía eléctrica pues "aunque el plazo de investigación no se ha prorrogado, la instrucción de la causa no ha finalizado".
Iberdrola ha defendido en todo momento que el precio de la luz a finales de 2013 lo marcó las "demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales". En este sentido, ha asegurado que en esas fechas no se ofertó menos cantidad de producto y que el precio de mercado subió por "circunstancias ajenas" a la compañía, como la escasez de agua.
Numerosa prueba recabada
La causa por el 'tarifazo' eléctrico cogió impulso en el último año de instrucción, después de que a principios de 2020 el juez instructor requiriera a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), que en 2015 impuso una multa a Iberdrola Generación de 25 millones de euros -cuyo pago dejo en suspenso la Audiencia Nacional- por la supuesta "manipulación fraudulenta" de los precios de la luz, que volviera a estudiar la situación y calculara cuál debió ser el coste real de la luz en los dos últimos meses de 2013. Al hilo, el magistrado también pidió a Red Eléctrica de España y a la Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados información técnica. Y para completar toda estos datos, solicitó a la Agencia Española de Meteorología (AEMET) que documentara "las precipitaciones de agua y datos de viento, por zonas peninsulares", entre los meses de noviembre y diciembre de los años 2009 a 2013, ambos inclusives.
Tras analizar toda esta documentación, el juez citó a declarar a cinco testigos claves para la causa: dos directivos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE); otro de Operación de Red Eléctrica de España; al exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria; y al que fuera su 'número dos', Alberto Nadal. El turno del entonces responsable del Ministerio competente en esta materia fue el 4 diciembre de 2020, quien afirmó ante el juez Moreno que Iberdrola infló el precio de la luz, reafirmando así las acusaciones de "burdas manipulaciones" que lanzó tras saltar el escándalo de la subasta eléctrica del 19 diciembre de 2013. De hecho, el Gobierno se vio obligado a anular dicha puja con el fin de evitar que en enero de 2014 la luz se encareciera de golpe casi un 11 por ciento. El Ejecutivo también cambió todo el sistema de fijación trimestral de costes que existía entonces: la subasta Cesur.
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