El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se resiste a dar carpetazo al caso 'Titella'. Tras descartar anular la causa judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha acordado prorrogar seis meses más la investigación de la pieza separada abierta para esclarecer si la trama criminal, cuyo liderazgo se atribuye a José Luis Moreno, blanqueó capitales derivados de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas. De este modo, da más tiempo a los funcionarios de la Agencia Tributaria designados como auxilio judicial para que puedan profundizar en si existen irregularidades fiscales, y a la Policía Judicial para que analice la documentación y dispositivos intervenidos en los registros realizados en diversos domicilios el pasado 29 de junio, día que estalló la operación policial en la que fue detenido el productor de televisión y otras 50 personas más.
Así consta en un auto con fecha del pasado 29 de octubre, al que ha tenido acceso La Información, en el que el magistrado instructor considera que esta pieza separada debe seguir en curso, ya que "se encuentran pendientes de resultado diversas diligencias de investigación acordadas que se estiman esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados, de las personas responsables y del órgano competente de enjuiciamiento".
Las pesquisas sobre la red criminal en la que se ha visto implicado el productor de televisión se iniciaron en 2018 en los juzgados de instrucción de Madrid tras una querella interpuesta en febrero de ese año por Abanca, si bien por la acumulación de varios procedimientos en distintos órganos judiciales repartidos por todo el territorio nacional, y tras un auto del Tribunal Supremo determinando quién tiene la competencia para instruir estos hechos, la Audiencia Nacional se hizo finalmente cargo del conocido como 'caso Titella', que recibe su nombre de la traducción de la palabra títere al catalán.
El juez de la Audiencia Nacional recuerda en su resolución que la investigación principal se centra en "un importante entramado criminal de carácter económico, con múltiples ramificaciones y cuyo objetivo fundamental consiste en la defraudación de cantidades millonarias de dinero a entidades financieras, alterando las reglas básicas del funcionamiento económico y generando enormes pérdidas de dinero a las entidades víctimas de fraude y por tanto a la Hacienda Pública". Dicha organización se dedicaba a la obtención de dinero procedente de las entidades bancarias por medio del conocido sistema de "peloteo" de cheques y pagarés, o a la consecución de líneas de crédito mediante el "engaño" o la connivencia con empleados de las mismas, indica el magistrado. En varias resoluciones ya se ha apuntado a que el perjuicio ocasionado se elevaría a 85 millones de euros.
La trama de blanqueo
En cuanto al presunto blanqueo de capitales obtenido del tráfico de drogas, el juez Moreno subraya que esta línea de investigación se inició el 13 de noviembre de 2020 al constatarse, mediante un oficio policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que varios investigados "habían sido contactados por individuos presuntamente dedicados al narcotráfico a gran escala, los cuales les habrían participado en actividades de introducción y distribución de cocaína en cantidad de notoria importancia a través de la importación de cocaína base y el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos por medio de los entramados empresariales objeto de investigación". La Policía Judicial señaló en un reciente informe que una organización, encabezada por Carlos Brambilla, utilizó a la supuesta organización en la que figura Moreno para "blanquear el dinero" obtenido de este acta actividad ilícita, según informa Europa Press.
Con todo ello, y teniendo en cuenta que el plazo de instrucción de esta pieza separada caducaba el próximo 4 de noviembre, el magistrado acordó el pasado 25 de octubre dar a las partes dos días para que informaran sobre la pertinencia de prorrogar las actuaciones. Como era de prever, los investigados en esta pieza separada rechazaron frontalmente que estos hechos sigan investigándose, pues insisten en que la causa judicial no tiene validez desde el 23 de agosto de 2018, o "en el peor de los supuestos, el 6 de septiembre de ese mismo año", cuando aún estaba la causa en manos del juzgado madrileño, que acordó ampliar la instrucción de las diligencias que estaban a su cargo un año después de que el plazo expirara.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que impulsó la formación de dicha pieza separada, argumentó en su informe que procede dejar viva esta pieza separada, al menos medio año más, porque las sucesivas prórrogas de la investigación principal justifican la ampliación del periodo de instrucción de sus piezas separadas, "toda vez que se trata del mismo procedimiento". Asimismo, hizo hincapié en que aún queda por incorporarse al sumario el informe policial sobre el análisis de los efectivos incautados en las diligencias de entrada y registro. Por su parte, las acusaciones particulares ejercidas por Unicaja y BBVA, personadas como perjudicadas de esta trama criminal, no se han opuesto a seguir investigando durante seis meses más la comisión de presuntos delitos fiscales.
Las últimas actuaciones del juez
Cabe recordar que el juez Ismael Moreno ya rechazó el pasado 4 de octubre la pretensión de varios de los investigados, entre ellos el productor televisivo, de anular la causa, al entender que los problemas derivados de los plazos instrucción se resolvieron en el momento que el asunto pasó a disposición de la Audiencia Nacional. Asimismo, destacó que la reforma, en el verano de 2020, del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija el tiempo máximo para investigar los procedimientos penales, puso el contador a cero de todas las causas que se estaban investigando en ese momento, como es el caso de 'Titella'.
De hecho, en este último mes, el juez no ha dejado de recabar pruebas y datos de cómo funcionaba la presunta trama criminal con el interrogatorio de varios investigados. Por otro lado, también ha estudiado una de las peticiones del ventrílocuo, que niega haber estafado 30 millones de euros a Alejandro Roemmers, quien fuera su socio para la producción de una serie sobre la vida de San Francisco de Asís. Para tratar de aclarar este asunto, el instructor aceptó el pasado 13 de octubre, en un auto al que también tuvo acceso este diario, llamar a declarar -aún sin fecha- al empresario argentino, personado en la causa como perjudicado; así como la admisión dos informes periciales aportados por la defensa de José Luis Moreno. No obstante, rechazó una segunda solicitud de este investigado: formar una pieza separada secreta para custodiar los episodios de 'Glow & Darkness', cuya producción ya estaría finalizada.
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