El pp acepta las comparecencias de dos ministros, de los diez que reclamaba la oposición


El PP aceptó este martes las comparecencias de dos ministros, el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y la de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de los diez que reclamaban los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados votó treinta puntos que contenían, entre otras cosas, veinteséis peticiones de comparecencias para que diez ministros del Gobierno comparencieran para dar cuenta de diversos asuntos. El PP aceptó la aprobación de nueve puntos que implican las comparecencias de dos ministros.
Entre otras cosas, Soria tendrá que explicar en el Congreso la subida del precio de la luz, y Báñez la congelación del salario mínimo interprofesional.
Además, se aprobó la convocatoria de una sesión extraordinaria de control al Gobierno que ya contaba con acuerdo del propio Ejecutivo y que había sido solicitada por el PSOE, y una sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea con un orden del día que también estaba previamente acordado.
El PSOE pidió sin éxito la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno para debatir monográficamente la reforma del aborto. Sobre ese asunto pedían también, como La Izquierda Plural y Grupo Mixto, la comparecencia de la vicepresidenta; del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la ministra de Sanidad, Ana Mato, tanto en esa comisión como en la de Igualdad. Ninguna de esas peticiones fue aprobada. Sí lo fue la del PSOE para que la ministra de Empleo informe de los criterios que ha utilizado para la congelación del salario mínimo interprofesional este año. También deberá dar cuenta del plan remitido a Europa para la implementación de la Propuesta de Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil.
Se aprobó también la petición del PSOE, de CiU y PNV, y de La Izquierda Plural y el Grupo Mixto para que el ministro de Industria, José Manuel Soria, comparezca por la subida del precio de la luz. Además, salió adelante la petición de los socialistas para que informe sobre el Plan del Carbón, y la de La Izquierda Plural y Mixto para que explique los planes para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Carbonífera del Ebro ubicada en Mequinenza.
No se aceptaron las peticiones para que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explique "las razones del desmoronamiento de la confianza de los ciudadanos en el sistema fiscal español” y sobre la evolución de la deuda y el déficit públicos.
También el PSOE pedía una sesión de la Comisión de Interior en la que el ministro, Jorge Fernández Díaz, informara sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, y sobre las denuncias de agresiones en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona.
En otros puntos, pedían la comparecencia de Ana Mato sobre las previsiones de excluir de la cobertura sanitaria pública a quienes se desplazan más de 90 días fuera de España; y la del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, por el retraso en la adopción de los acuerdos necesarios para la aplicación nacional de las ayudas asociadas a la Política Agraria Común.
La Izquierda Plural y el Grupo Mixto pedían también explicaciones a Montoro sobre las actuaciones de la Agencia Tributaria en relación al 'caso Nóos'. Sobre ese mismo asunto, pedían la comparecencia de Gallardón para conocer los criterios de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía en relación a la imputación de la infanta Cristina. Esos mismos grupos solicitaban, asimismo, que la ministra de Fomento, Ana Pastor, informara sobre su reciente visita a Panamá en relación a la situación de Sacyr, y CiU y PNV le reclamaban un balance de la política de vivienda en los últimos dos años.
CiU y PNV demandaban conjuntamente que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicara "el sentido, interés y circunstancias de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil los días 8 y 9 de enero de 2014, que culminó con la detención de abogados y miembros del entorno de la denominada izquierda abertzale", y que el responsable de Defensa, Pedro Morenés, esclareciera las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre "la posibilidad de que el puerto de Tarragona pueda ser punto de destino de armas químicas procedentes de Siria".
El PSOE había solicitado, también sin éxito, una sesión del pleno para debatir y votar la creación de una comisión de investigación sobre la “inaceptable utilización de Caja Madrid por parte del PP”.

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