El Partido Popular de Cataluña recurrirá a la Justicia cualquier avance en el proceso soberanista que lleven a cabo las instituciones de la Generalitat y el bloque proconsulta. El cambio de estrategia lo ha iniciado este miércoles el grupo parlamentario presidido por Alicia Sánchez-Camacho, quien ha anunciado que llevará a la Fiscalía la votación del Parlament para que se cree la comisión de control del referéndum del 9N.
Después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera la convocatoria de consulta de Artur Mas, cualquier progreso en este sentido puede ser constitutivo de delitos de desobediencia o prevaricación, como ha concluido Ciutadans este miércoles. La ley de Consultas ha quedado suspendida legalmente por lo que el despliegue del texto puede tener consecuencias judiciales. En la jornada de hoy se ha desoído la providencia del TC y se ha debatido y votado sobre el artículo 14 de una ley suspendida de forma cautelar. De este modo, se ha dado un paso más en el proceso soberanista después de que la Generalitat retrocediera ayer y suspendiera su campaña institucional.
No lo estiman así los servicios jurídicos del Parlament, que en una nota han avalado el debate de hoy y la votación para designar a los miembros de la comisión de control del 9N basándose en un pequeño resquicio legal. El TC no estima anticonsitucional que una autonomía adopte medidas imprescindibles aunque estén suspendidas, si no se concreta cómo ejecutarlas.Socialistas y populares pidieron que no se votara
El PSC y el PPC habían pedido la retirada del orden del día del debate y la votación para crear la Junta electoral del 9N. La decisión la ha de tomar la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert. Finalmente, ese punto se ha mantenido.
Por ello, los populares están estudiando llevar ante la Fiscalía a la presidenta de la cámara catalana. Según el portavoz adjunto del grupo popular, Santi Rodríguez, los servicios jurídicos de su partido creen que pueden actuar contra de Gispert y los 86 diputados proconsulta por un delito de desobediencia. "La presidenta tiene la máxima responsabilidad", apunta el portavoz popular. "Podría haber anulado ese punto del orden del día pero ha decidido trasladar esa responsabilidad a todos los diputados".
Desde el PP entienden que la presidenta de la cámara acate las órdenes de CiU, pero estiman que la ley está por encima de los partidos. "Cuando alguien está en un cargo público, tiene que hacer cumplir las leyes". La bancada del PP en el Parlament está esperando a que la votación de hoy se publique en el Boletín Oficial de la cámara para denunciarla ante la Fiscalía.Artur Mas se enfrentaría hasta a dos años de inhabilitación
El PP también denunciará a los parlamentarios de CiU, ERC, Iniciativa y CUP por aprobar con sus 86 escaños la creación de la comisión de control. Entre ellos se encuentra el president de la Generalitat, Artur Mas. Según Rodríguez, la actuación de hoy "puede ir en contra del artículo 410 del Código Penal". La sanción para los funcionarios públicos quien lo incumpla conlleva una multa de tres a seis meses y una inhabilitación del ejercicio del cargo público de seis meses a dos años.
No sólo el PP ha puesto su atención en las incompatibilidades judiciales de la actuación de hoy en el Parlament. Ciutadans y UPyD han coincidido en la posibilidad de que los parlamentarios que hayan votado a favor hayan prevaricado. Por otra parte, Manos Limpias ha pedido prisión para el president de la Generalitat.
Sólo han votado en contra el PSC, el PPC y Ciutadans, quien se ha ausentado del Pleno en el momento de la votación. Los populares han protestado levantando las manos en el momento de pulsar el botón. El portavoz del grupo popular, Enric Millo, había pedido que la votación se hiciese a mano alzada. Además ha pedido a la presidenta del Parlament que si el procedimiento se hacía en secreto, le hiciera llegar la lista de diputados que han apoyado la propuesta.
En la nota elaborada por los servicios jurídicos del Parlament, cuyas formas no han gustado en el PPC, concluía que el desarrollo de la ley de Consultas no puede entenderse como un delito siempre que no se establezca una ejecución concreta del texto. Sin embargo, las alegaciones al TC para retirar la suspensión cautelar se apoyaban en la imposibilidad de desarrollar la ley aprobada por la cámara catalana
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