El PSOE explora nuevas alternativas con los jueces para la renovación del CGPJ

El Congreso de los Diputados ha vuelto ser el escenario donde PSOE y PP, Gobierno y primer partido de la oposición, han escenificado el estancamiento de las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado lunes con la reunión sin éxito que mantuvieron los dos negociadores: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional de los 'populares', Esteban González Pons. Y este miércoles durante el debate sobre la contrarreforma 'exprés' de las competencias del órgano de gobierno de los jueces para facilitar la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Todo ello marcado, además, por el tercer aviso de la Comisión Europea, que vuelve a urgir el nombramiento de los nuevos 20 vocales, en su informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea.

En este contexto, el PSOE ha reiniciado su ronda de contactos con las asociaciones de jueces para poder explorar nuevas alternativas que puedan servir de punto de encuentro con sus interlocutores y hallar una salida en el punto de no retorno en el que se encuentran, según han indicado fuentes cercanas a la negociación. El CGPJ lleva con el mandato caducado desde diciembre de 2018 y con pocas esperanzas de que se vaya a renovar en lo que queda de legislatura. Fuentes jurídicas recuerdan que en estos más de tres años siempre ha habido "algún motivo político" que ha paralizado las negociaciones. Así, reconocen que veían con esperanza que después de las elecciones andaluzas hubiera tenido lugar el pacto entre los socialistas y 'populares', si bien la necesidad de nombrar a un tercio de magistrados en el tribunal de garantías ha vuelvo a frenar las conversaciones.

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El PP se ha opuesto rotundamente a dar su voto a las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de devolver de forma parcial al CGPJ las competencias para nombrar únicamente a los dos magistrados del TC que le corresponde, evitando que el Ejecutivo designe en solitario a los otros dos que le toca. Así, el pasado lunes, remitió al PSOE su propuesta para "reformar la Justicia" y el compromiso de que sellarían un pacto 'in extremis' con respecto al órgano de gobierno de los jueces si retiraban la tramitación urgente de la reforma de la ley del Poder Judicial, que finalmente aprobará la Cámara Baja este jueves y remitirá al Senado para que obtenga el 'ok' definitivo la semana que viene.

Posturas encontradas

Sin embargo, tras 45 minutos de reunión, el PSOE dijo 'no' a todo el planteamiento del PP, al entender que era una "excusa" más para mantener en 'stand-by' la situación en la que se encuentra el CGPJ. Aun con todo ello, las formaciones políticas seguirán trabajando para encontrar una vía intermedia que permita a ambos mantener su postura sobre cómo renovar el órgano de gobierno de los jueces y que, a la vez, cumpla con los estándares europeos, que marca que los 12 vocales de procedencia judicial deben ser elegidos por los propios jueces. En este sentido, los socialistas han reactivado las reuniones con las asociaciones de jueces -ya tuvieron lugar el pasado mes de mayo, al igual que hizo el PP- para volver a escuchar sus propuestas y analizar las posibles alternativas.

Estas reuniones se enmarcan en un momento en el que, además, dos asociaciones de jueces, Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) -la segunda mayoritaria y la minoritaria en la carrera judicial, respectivamente- plantearon a finales de junio un nuevo sistema de elección "directo, proporcional y con voto cualificado" de los vocales judiciales del CGPJ. Este sistema permitiría que tanto las asociaciones del sector, como agrupaciones de electores y jueces a título individual, puedan presentar todas las candidaturas que logren los avales fijados. Cada elector podrá votar a un máximo de seis candidatos y el voto será "cualificado", es decir, se asignarían más puntos al primer votado que al segundo, y así sucesivamente, lo que permitiría garantizar la "pluralidad" y evitaría la 'ventaja' de las asociaciones más representadas.

Sistema de elección

Esta iniciativa aún no ha obtenido el aval de las otras asociaciones de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). No obstante, fuentes jurídicas señalan que este sistema podría servir de base para desbloquear el CGPJ, o para que en un futuro no se repita la misma situación que se vive en la actualidad, ya que si las asociaciones elaboran una lista acotada de candidatos a vocales, las Cortes podrían cumplir con su función de nombramiento al ratificar los nombres que en ella aparezca. Otra opción sería que en dicho listado se incluyan alguno más de 12 para que los grupos parlamentarios puedan elegir entre los aspirantes que previamente han sido votados por los jueces.

Este sistema de elección de los vocales presenta grandes diferencias con el vigente -que supone el principal punto de desencuentro entre PP y PSOE-, pues en el actual no hay ningún límite de candidatos y se pueden presentar todos aquellos que tengan 25 avales (apoyo de otros jueces y magistrados en servicio activo) o de una asociación judicial. Los grupos parlamentarios elegirán entre todos ellos. Este modelo se implantó en 2013, tras revocar el anterior, en el que los partidos contaban con un total de 36 aspirantes, previamente seleccionados por las asociaciones en función de su representatividad y magistrados no asociados con el 2% de avales de sus compañeros. Una fórmula similar a la planteada ahora por AJFV y FJI pero que dista en la forma de apoyar a los candidatos mediante la votación.

Todo ello son ideas que planean sobre la mesa de negociación para finalizar con la situación de interinidad del CGPJ, pero sin ninguna concreción sobre si este sistema puede servir de modelo para reformar el sistema antes o después de la renovación del órgano. Asimismo, coincide en un momento en el que Bruselas ha vuelto a pedir una solución al respecto. Así, en su informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea insta a que primero, y cuanto antes, se nombren a los nuevos vocales, ya que es una "prioridad"; y exige que "inmediatamente después" se inicie la reforma del sistema de nombramientos.