El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se planta ante Pedro Sánchez. Este lunes se reúne el Pleno de manera extraordinaria para intentar frenar la reforma 'exprés' que el Gobierno ha impulsado para poder renovar un tercio del Tribunal Constitucional (TC), y lograr así la mayoría progresista en el seno del máximo intérprete de la Constitución. El órgano de gobierno de los jueces debatirá dos puntos: si solicita al Congreso de los Diputados que recabe su opinión antes de dar luz verde a la segunda modificación legal de sus competencias; y si debe llevar ante la Comisión Europea esta última 'maniobra' del Ejecutivo. No obstante, este último punto parece que no cuenta con el apoyo mayoritario de los vocales.
La polémica nace tras la presentación, por parte del PSOE, de una proposición de ley para volver a cambiar las funciones del CGPJ con el objetivo de permitir que este órgano pueda designar a los dos magistrados del TC que le corresponde. Con ello se pretende que el Gobierno no nombre en solitario a los otros dos miembros del tribunal de garantías que le toca, ya que existen dudas jurídicas de que pueda hacerlo en dicha situación. Sin embargo, esta reforma ha sido la gota que ha colmado el vaso, pues la institución que preside Carlos Lesmes -cuyo mandato caducó en diciembre de 2018- no entiende por qué se puede retocar parcialmente sus competencias y no se las devuelven íntegras para hacer nombramientos en la cúpula judicial (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), pese a las reiteradas advertencias de que este bloqueo está colapsando la Justicia.
Además, reprochan que la fórmula empleada haya sido una proposición de ley y no un anteproyecto, evitando así que el CGPJ emita un informe preceptivo, pero no vinculante. Bajo este contexto, nueve vocales del bloque conservador solicitaron a Lesmes incluir en el orden del día del Pleno que se iba a celebrar el pasado 30 de junio dicho asunto, si bien el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto -propuesta por el PSOE- obligó a suspender la convocatoria. Pero la "precipitación" del Ejecutivo para que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se haga en un solo día -entre este miércoles y jueves, coincidiendo con el debate sobre el estado de la Nación- ha provocado que los vocales del mismo sector instaran al presidente del CGPJ a reunir al Pleno con urgencia.
División sobre la Comisión Europea
En la última semana de junio todo hacía apuntar a que el planteamiento del bloque conservador de reclamar a la Cámara Baja que le pida un informe antes de dar el 'ok' a la reforma de la reforma de las funciones del CGPJ sería avalado por la mayoría de los vocales. Solo hacía falta un voto más. Ahora parece que las intenciones se mantienen. Incluso el propio Lesmes ha criticado que el Gobierno solo pretenda devolver sus atribuciones para la renovación del TC. Cabe recordar que el órgano del Poder Judicial ya hizo esta misma petición en diciembre de 2020 cuando se empezó a tramitar la primera restricción de sus facultades, que fue la que limitó su capacidad para hacer nombramientos discrecionales una vez que el mandato ha expirado. No obstante, la Mesa del Congreso no la tuvo en cuenta.
Donde parece que hay división -y ya existía antes- es en lo relativo a acudir a la Comisión Europea. Ni siquiera todos los vocales conservadores están de acuerdo con este punto, según señalan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Precisamente, el vocal Wencesalo Olea, que firmó el primer escrito que suscitó el debate para frenar las intenciones de la Moncloa, no ha plasmado su rúbrica en el segundo documento que ha promovido la reunión extraordinaria del CGPJ. Las fuentes consultadas apuntan que el cambio de opinión se debe a esta concreta cuestión. Tampoco se conoce la postura del vocal Vicente Guilarte (propuesto por el PP), quien no ha firmado ninguno de los escritos.
Las mismas fuentes indican que la controversia radica en si se debe de poner en conocimiento de las instituciones comunitarias la contrarreforma impulsada por el Gobierno o bien debe ser un asunto que se resuelva de manera interna en España. Así las cosas, y con el resultado de la votación de ambos puntos aún en el aire, los vocales trabajan para consensuar un texto que recoja todas las sensibilidades del CGPJ, en el que principalmente se reivindique su legitimidad y su capacidad para actuar con normalidad hasta que PSOE y PP cierren un acuerdo para su renovación.
La renovación del CGPJ en el aire
Todo este debate llega en un momento clave para el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces. El nuevo líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo devolvió las esperanzas para retomar las negociaciones frustradas y paralizadas desde tres años atrás sobre la renovación del CGPJ. En la primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se fijaron las personas que se sentarían a ambos extremos de la mesa: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Pero hasta ahí. Las conversaciones empezaron a aplazarse, primero por las elecciones en Andalucía el 19 de junio, y después porque los 'populares' anunciaron que mandarían en este mes de julio una propuesta para "renovar, reformar y regenerar" la Justicia.
Así, las fuentes consultadas destacan que si el Gobierno y el PP cierran un acuerdo esta semana para nombrar a los nuevos 20 vocales del CGPJ, no haría falta la reforma de la ley orgánica que controla su funcionamiento y el de los tribunales. No obstante, no confían mucho en que ello tenga lugar, ya que coincide con un momento de especial 'tensión' por el primer debate del estado de la Nación desde 2015, que se celebrará entre el 12 y el 14 de julio. La única posibilidad sería que el partido liderado por Núñez Feijóo remita sus propuesta antes de dicho encuentro en el Congreso y se cierre un pacto 'in extremis'.
El calendario previsto es que el miércoles se tome en consideración la proposición de ley presentada por el PSOE y se decida si se tramita por la vía de urgencia. De ser así, se prevé que el texto aprobado se envíe el mismo jueves al Senado para que, a la semana siguiente, concluya su tramitación y la deje lista para su entrada en vigor. De este modo, la puerta para la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional quedaría totalmente abierta.
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