Reforma laboral

Las empresas afrontan un comienzo de año frenético para adaptar los contratos

La nueva regulación laboral da un periodo de 90 días al tejido empresarial para adaptar los contratos temporales de más de tres meses. Para el extinguido contrato de obra y servicio, el plazo es de seis meses.

Yolanda Díaz quiere seducir a Antonio Garamendi para que acepte un papel de convidado de piedra en las negociaciones de la reforma laboral
Las empresas afrontan un comienzo de año frenético para adaptar los contratos.
EP

Con la publicación de la reforma laboral en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, finaliza una de las negociaciones más importantes del curso político y, en parte, de la legislatura. El acuerdo alcanzado entre Trabajo, CEOE y sindicatos, ha supuesto un triunfo que desde La Moncloa han dejado que se anote Yolanda Díaz sobre la vicepresidenta primera Nadia Calviño.

 El texto, que entró en vigor este viernes, fija como objetivo principal el reducir la temporalidad del mercado de trabajo español, la segunda más alta de la Unión Europea (el 24,7% de los trabajadores en nuestro país tiene un contrato temporal) solo por detrás de Montenegro, según datos del Eurostat.

Para ello, la reforma laboral de Díaz  fija el tipo de contrato indefinido como el ordinario para la contratación, limitando de forma clara los casos en los que se puede echar mano de los temporales. De esta forma, el tejido empresarial español tiene ante sí un reto mayúsculo: transformar en un periodo de tres meses los cerca de 14 millones de contratos de este tipo que se firman al año -la cifra descendió en 2020 por la pandemia- para adaptarse a la nueva normativa.

Este será un gran desafío tanto a nivel logístico como a la hora de tomar determinaciones empresariales. "Este periodo de transición de tres meses era absolutamente imprescindible para poder tomar decisiones estratégicas. El acuerdo se cerró hace apenas unos días y las empresas han mantenido hasta el último momento una incertidumbre muy grande sobre su estrategia de capital humano", dice el presidente de Asociación de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal (ASEMPLEO), Andreu Cruañas.

No obstante, la vertiente operativa también cobrará especial relevancia en los próximos 90 días, con departamentos de recursos humanos de grandes y medianas empresas y gestorías echando humo para encajar contratos a destajo en la nueva legislación. "Necesitamos un tiempo para formar a las personas que se encargan de gestionar todas estas altas y bajas y toda esta formalización de contratos", añade Cruañas.

Pero no solo a nivel de RR.HH, las empresas también deben ajustar su logística informática para todos aquellos contratos que pasarán ahora a ser indefinidos, principalmente en todo lo referente a las nóminas y a las cotizaciones a la Seguridad Social, según explica a La Información personal de recursos humanos de una empresa estatal. Algo para lo que, por cierto, también ha de adaptarse la Administración, en todo lo referente a los nuevos modelos de contratos, que no se anexaron en el BOE del pasado jueves.

"Todas estas gestiones precisan de unos procesos muy serios y cuidados, porque además con la reforma se han elevado las sanciones", apunta Cruañas. Y es que, otra de las modificaciones importantes de la reforma laboral ha sido la modificación de las sanciones, que ahora ascenderán a 10.000 euros por contratado de forma irregular como temporal, y no por empresa, como estaba establecido hasta este momento.

"Nuestros asociados, hasta ahora, han empleado en estos días a más de 2.000 personas para informar de los cambios. El mapa de la contratación ha cambiado radicalmente", desgrana Cruañas. Un cambio que el tejido empresarial español, que a lo largo de 2021 ha presentado una recuperación positiva del empleo tras la parte más dura de la pandemia, deberá digerir en unos escasos tres meses -seis en el supuesto del extinto de obra y servicio. Y la cuenta atrás ya ha comenzado.

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