Colau litiga hasta el Supremo para tener control exclusivo de la marca Barcelona

  • El consistorio pleitea contra la Oficina de Patentes para que ninguna empresa o particular use esa denominación sin obtener antes un permiso municipal
Ada Colau asegura que el estado de las autonomías "no tiene razón de ser"
Ada Colau asegura que el estado de las autonomías "no tiene razón de ser"
E.P

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España y de Freixenet, se mostró especialmente pesimista el pasado martes durante su discurso en el XVI Congreso de Directivos celebrado en Alicante. "La marca Barcelona está muerta", dijo tras conocerse que la capital catalana no será sede de la Agencia Europea del Medicamento. Esta actitud tan negativa no es compartida por el Ayuntamiento de esa ciudad. El consistorio que dirige Ada Colau (Barcelona en Comú) ha pleiteado hasta el Tribunal Supremo para controlar en exclusiva esa marca. Hasta el momento, sin embargo, no ha tenido mucho éxito.

Bonet se refería al supuesto desprestigio internacional que ha sufrido la ciudad gracias a proceso independentista que culminó con la fallida declaración de independencia y la intervención de la autonomía catalana por el Gobierno hasta los comicios del 21-D, pero el Ayuntamiento lleva años luchando en los tribunales por convertirse en dueño del nombre de Barcelona como denominación comercial. El periplo judicial comenzó en 2013, cuando todavía era alcalde el convergente (ahora en PDeCat) Xavier Trias. En las próximas semanas o meses será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que decidirá si tiene razón.

El Ayuntamiento inscribió "Barcelona" en la Oficina Española de Patentes y Marcas como denominación para cualquier producto o servicio, desde productos químicos o farmacéuticos, pasando por materias primas, muebles y hasta servicios jurídicos o de seguridad. Pero dos particulares, una agente oficial de la propiedad industrial, y una sociedad denominada Peritos Judiciales Barcelona, recurrieron esa decisión. La directora general de esa oficina les dio la razón a ambos frente al consistorio, al que privó de la propiedad de esa marca colectiva.

Con permiso municipal

El Ayuntamiento no se arredró y recurrió esas dos decisiones administrativas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El consistorio argumentó que su objetivo era "potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo Barcelona", tal y como se recogía en el Reglamento de Uso de la Marca aprobado por la corporación en 2011, que obligaba a los que quisieran utilizar esa denominación a obtener un permiso municipal y preveía sanciones para el que hiciera un mal uso.

Sin embargo, el TSJC volvió a quitarle la razón el 29 de diciembre de 2016, ya con Colau como alcaldesa. Los magistrados argumentaron que, en realidad, lo que el Ayuntamiento pretendía con su recurso era establecer "una prohibición absoluta" para impedir que se registraran como marcas "signos que reprodujeran o imitasen" la denominación del municipio "a menos que mediase la oportuna autorización".

Esa prohibición, recordó entonces la Sala, existía en la Ley de Marcas de 1988, pero no en la actual del año 2001. "Su vigencia -continuaba la sentencia- no puede ser restablecida mediante el registro de una marca colectiva, indicativa de origen geográfico, aplicable a la totalidad de productos o servicios".

El Ayuntamiento también recurrió esa sentencia en casación y, el pasado 25 de mayo, la Sala de lo Contencioso del Supremo decidió admitir a trámite su nueva reclamación. En ella, los servicios jurídicos municipales alegan, entre otros motivos, que otras ciudades como Madrid, Toledo o París sí figuran inscritas como marcas "para la mayor parte o todas las clases del nomenclátor", es decir, para todos los bienes y servicios que se puedan comercializar. Los magistrados del alto tribunal han aceptado estudiar el caso "porque no existe jurisprudencia" sobre ese supuesto.

Mostrar comentarios