La familia Franco acepta entregar "provisionalmente" el Pazo de Meirás al Estado mientras no se resuelva el recurso que han presentado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que les condenó a su devolución. Así consta en un escrito, que recoge Europa Press, dirigido al juzgado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que el Gobierno solicitaría la ejecución provisional de la sentencia.
En esa comparecencia, el ministro no concretó el uso que se daría al inmueble, pero incidió en que "lo verdaderamente importante es que sea el Estado el que tenga la gestión, y no la Fundación Francisco Franco". "Una cuestión que reclama toda la ciudadanía", apostilló. Ahora, en su escrito, los herederos del dictador sostienen que han tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la Administración General del Estado "ha dado instrucciones a su dirección letrada en las presentes actuaciones para que solicite la ejecución provisional de la sentencia".
Sobre esta decisión, avanzan que no tienen intención de oponerse "a tal solicitud", al tiempo que muestran su disposición a que "con carácter provisional", y a la espera de cómo se resuelva su recurso, "cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia", añaden sobre el inmueble en un escrito con fecha de este pasado martes, día 3.
Sobre la sentencia
La magistrada del juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, declaró nula la donación que se realizó el 1938 al entonces autoproclamado jefe del Estado. Para ello, esgrimió que hay dos argumentos principales para retirarles a los Franco la propiedad. El primero es que ese obsequio llegó tras la creación de la llamada Junta Pro Pazo, una asociación favorable a Franco. El segundo es que el regalo se hizo a la Jefatura del Estado, y no a Franco de manera personal. Además, la jueza también declara nula la compraventa de la familia del dictador en mayo de 1941, al considerar que fue una "simulación".
De hecho, llega a señalar que esa compra de la familia de Franco del Pazo hace casi 80 años es una "ficción", ya que el único interés de la misma fue "poner el bien a nombre de Franco". "El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el Pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista ya había renunciado a su derecho ex art. 811 del Código Civil. Franco nada compra", resalta el fallo. Lo que según la titular del juzgado evidencia la "mala fe" del dictador, ya que impulsó una escritura pública "con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno". Además, recuerda que hubo "transmisiones forzosas de las propiedad colindantes" y que el Estado "asumió todos los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del Jefe del Estado".
Esta explicación es la que la magistrada utiliza para rechazar que se produzca la liquidación del estado posesorio, por la que habría que indemnizar a los herederos de Franco por los gastos asumidos durante las ocho décadas que han mantenido el Pazo en su poder. También anula la parte de la escritura en la que se establece que los descendientes del dictador eran los nuevos dueños del inmueble, lo que también afecta a las fincas colindantes de las que se apropió el caudillo, según explica el fallo.
El fallo de este juzgado de Instrucción es recurrible ante la Audiencia de A Coruña, a la que los herederos del general golpista acudirán previsiblemente. Y aunque esta decisión es un duro golpe a los Franco y un espaldarazo a los planes del Ejecutivo central de librar más batallas judiciales con ellos, esto supone que nada es definitivo. Lo que no ha impedido a la jueza avalar la actuación de las administraciones demandantes, al señalar que su reclamación "nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años, que responde a una madurez de nuestro sistema democrático". Exposición con la que rebate las alegaciones de los demandados, que consideraban que la demanda se presentó con un retraso desleal.
Tras la exhumación del caudillo en octubre del año pasado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez suma una nueva victoria contra los nietos del dictador, liderados por Carmen Martínez-Bordiú, y el resto de los familiares de quien mantuviera una dictadura en España durante casi 40 años. El resto de planes del Gobierno de coalición en esta materia pasan por la ilegalización de la fundación Francisco Franco, aumentar las sanciones a quienes hagan apología del franquismo y la revisión de todas las medallas concedidas durante esa etapa por el autoproclamado jefe del Estado.
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