El abogado que llevó a los tribunales la causa del 8-M ha pedido a la jueza que investiga estos hechos que impute por delitos de desobediencia y omisión de socorro al director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias (CCES), Fernando Simón. Se trata de una diligencia que se cursa justo después de que la Guardia Civil haya aportado a la causa el atestado en el que considera que las manifestaciones en la capital se tenían que haber prohibido desde principios de marzo.
El denunciante pide en el escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso La Información, que se recaben todas las comunicaciones mantenidas relativas a la gestión de la crisis entre el CCAES y el Ministerio de Sanidad entre el 30 de enero y el 14 de marzo. Lo hace, según explica, amparándose en el informe de la Policía Judicial que ha estado en el centro de todas las dianas después de que éste fuera requerido sin éxito desde el Ministerio del Interior al coronel Diego Pérez de los Cobos, superior de los agentes actuantes en este caso. Así, el escrito del abogado Víctor Valladares recoge extractos del mismo relativos al papel de Simón en la gestión de la crisis.
En concreto, resalta las manifestaciones de Simón de finales de febrero en las que admitió que desconocían cómo había podido infectarse un paciente en Andalucía y que tampoco tenían muy claro cuándo había entrado el virus en España. "Las declaraciones generan una gran incertidumbre e implican un riesgo para toda la comunidad", plasmaron los agentes en el informe que ahora recoge el denunciante. Igualmente se hace eco de la reunión que desde el Ministerio de Sanidad mantuvieron Simón, el ministro Salvador Illa y otros altos cargos con representantes de la Iglesia Evangélica a quienes les trasladaron que el congreso previsto para mediados de marzo y en el que se esperaba una afluencia de 8.000 personas "no se podía hacer".
De testigo a imputado
El abogado, que ya actúa en esta causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, también reproduce la reunión que se mantuvo en el Ministerio un día después del primer encuentro con los miembros de la Iglesia Evangélica. En dicho encuentro, Simón planteaba a sus interlocutores que se estaba ante un escenario grave de pandemia, motivo por el que les instó a cancelar el Congreso anual que tenían previsto celebrar en la Caja Mágica. Y, de hecho, tras acceder los convocantes a las pretensiones del Ministerio de Sanidad, Simón se comprometió a remitirles un documento que acreditaba que no era posible celebrar el acto.
"Efectivamente, ahí radican los hechos presuntamente delictivos que aquí estamos denunciando, la actitud eminentemente dolosa del señor Simón (quien sabe si inducido por otras personas) con la prohibición de la celebración de unas manifestaciones absolutamente cercenadas por los informes de la OMS, UE y por el propio CCAES y Ministerio de Sanidad y la permisividad con la celebración de otras, incluso animando su presencia, tal y como la manifestación feminista celebrada el 8 de marzo en Madrid, coloquial y desgraciadamente conocida como el 'infectódromo'", reza el abogado.
Amplía denuncia contra Franco
Valladares, que actúa en nombre de la asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGCS) personada como acusación particular, había pedido en un primer momento que Simón testificara como testigo. No obstante, ahora le atribuye la imputación de dos delitos al considerar que contravino sus funciones y obligaciones por haber alentado, según dice, a participar en la marcha del 8-M pese a haber prohibido otros actos. "Desconocemos, por otro lado, si ha habido algún tipo de comunicación con los convocantes de la manifestación puesto que estos se han negado a aportar documentación alguna, tal y como el informe de la Guardia Civil expresa, y ante la ausencia total de documentación aportada por el CCAES", añade.
En un escrito separado, el abogado que ya denunció el pasado mes de marzo a José Manuel Franco por prevaricación anuncia que amplía la denuncia por delito continuado con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales. El abogado explica en este caso que lo hace en base igualmente al atestado policial según el cual se habría instado desde la Delegación de Gobierno a una docena de convocantes de marchas y actos para esos días que los anularan por voluntad propia. Los agentes explicaron en su atestado que, de las diligencias practicadas, se descubrió cómo funcionarios de la Delegación llamaron a los convocantes y les pidieron que fueran ellos los que llamaran y desconvocaran las marchas.
Según dice la asociación en su escrito, con estas llamadas la Delegación no siguió el procedimiento administrativo correspondiente contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Derecho a la Reunión (LODR). Añade que la cancelación se tendía que haber efectuado por escrito con una "fundamentación fáctica y jurídica" y no a través de un funcionario anónimo. Con todo, se trata de una diligencia que se acuerda después de la magistrada al frente de esta causa, Carmen Rodríguez-Medel, acordara retrasar la citación de José Manuel Franco hasta el día 10 de junio a petición expresa de la Abogacía General del Estado, la cual, por su parte, arremetió duramente contra la juez por hacer una "causa general" por la gestión del virus.
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