La comisión de hasta 24 millones de euros pactada por el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha hecho saltar las alarmas por la posible existencia de irregularidades tanto administrativas como penales. La Fiscalía Anticorrupción ha recibido la primera denuncia contra el capitán del equipo blaugrana y el máximo responsable del organismo deportivo por el contrato que se selló en 2019 para llevar la Supercopa de España en Arabia Saudí durante seis años, por lo que ahora deberá estudiar si los hechos expuestos son constitutivos de delitos.
Por el momento, según han indicado fuentes jurídicas a La Información, el Ministerio Público no tiene bajo su lupa este contrato que se firmó con la empresa pública saudí Sela al no haber tenido información que le haga sospechar de la existencia de conductas ilegales, sino tan solo conocimiento de unos audios y documentos publicados en medios de comunicación. No obstante, la presentación de la denuncia por parte de Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE), podría cambiar el panorama. Ahora, Anticorrupción debe analizar si los hechos descritos en la denuncia relacionados con el 'pelotazo' de 24 millones de euros pueden ser presuntamente delictivos antes de decidir si abre una investigación preliminar que le permita recabar pruebas que acrediten o descarten las ilegalidades.
Tanto Piqué, presidente de Kosmos Holding -empresas con la que se realizó el contrato-, como Rubiales han asegurado que todo se hizo bajo la legalidad y que no tienen nada que esconder. No obstante, el pacto ya se encuentra bajo el radar de algún que otro organismo para descartar cualquier anomalía. El Consejo Superior de Deportes (CSD), encargado de velar por la legalidad de las operaciones que lleve a cabo la RFEF, es uno de los que puede supervisar dicho contrato. Tal y como señala su Código de Buen Gobierno, el consejo debió estar informado de todas y cada una de las negociaciones que se llevaron a cabo con Arabia Saudí. Se da la circunstancia de que la federación recibe un 0,5% del dinero que genera el fútbol profesional, así como subvenciones públicas.
De hecho, el organismo que preside Rubiales maneja unos 17 millones de euros anuales procedentes de las arcas públicas. En concreto, como "subvenciones de capital", la federación de fútbol recibió tanto en 2019 como en 2020 más de 13 millones de euros de la recaudación por el impuesto sobre actividades del juego, en relación con las apuestas mutuas de fútbol, que debería invertirse en campos e instalaciones deportivas no profesionales, según la auditoría de las cuentas anuales de 2020 realizado por Ernst & Young, que ha podido ser consultado por este diario. A ello, se debe sumar otros 2,5 millones de euros en concepto de "subvenciones de terrenos"; unos 900.000 euros para "inversiones en campos municipales"; y más de 91.000 euros por "otras subvenciones de capital".
La intermediación de Rubiales
Asimismo, el artículo 24 del Código de Buen Gobierno recoge que los miembros de la RFEF "no aceptarán, entregarán, ofrecerán, prometerán, recibirán, pedirán o solicitarán comisiones, en su beneficio o en el de terceros, por negociar o cerrar acuerdos u otras transacciones en relación con sus funciones, salvo que así esté establecido en un contrato legítimo". De este modo, una grieta en el cumplimiento de estos supuestos puede abrir la puerta a una investigación penal. De acuerdo con lo publicado por El Confidencial, Rubiales habría intermediado a favor de Kosmos Holding, el entramado de de Piqué, para que Arabia Saudí abonara hasta 24 millones de euros a cambio de que la Supercopa se celebre en dicho país.
Es por ello que Miguel Ángel Galán -excandidato a la Presidencia de la RFEF, que ya ha interpuesto otras denuncias con escaso éxito contra Rubiales en distintos juzgados- pide en su escrito que se investigue si el contrato de la Superliga perjudicó el patrimonio de la RFEF con el cobro por parte de Piqué de cuatro millones de euros por cada año que la competición se trasladara a Riad. Así concluye que, en base a la información publicada, el central catalán tuvo un "trato privilegiado por motivos no aclarados", lo que, en su opinión, vulnera el precepto antes mencionado. "Se trató de ocultar la participación del futbolista del Barça en el contrato", pues las comisiones "no aparecerían reflejadas ya en el contrato de Kosmos y la RFEF", asegura el denunciante que califica los hechos de "corrupción entre particulares, corrupción en los negocios, administración desleal, prevaricación administrativa y cohecho".
Así, la RFEF se ve envuelta en otra polémica con posibles tintes judiciales. Ángel María Villar, antecesor de Rubiales, es el principal investigado del 'caso Soule', que estalló en julio de 2017, y en la que además también se personó como acusación popular el presidente de Cenafe. Una causa en la que la Audiencia Nacional trata de aclarar si hubo un desvío de fondos del organismo deportivo, de diferentes federaciones territoriales de fútbol y de otras entidades vinculadas a ellas, a través de pagos ficticios por servicios no realizados, como podía ser la contratación del personal, que recaería fundamentalmente en familiares; o la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.
