Fiscalía pide al Gobierno herramientas para descubrir fraudes con las 'criptos'

El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, ha valorado "positivamente" el conjunto del anteproyecto de ley por el que se modifica el Código Penal para luchar contra el fraude digital. No obstante, el Ministerio Público hace una serie de "matizaciones, concreciones o correcciones", en la que advierten de la necesidad de mecanismos legales para perseguir los delitos económicos y sus nuevas formas, haciendo hincapié en las criptomonedas. En este sentido, los fiscales subrayan que deben incluirse expresamente en la ley para que puedan disfrutar del "mismo nivel de protección frente a los delitos de fraude" que otros activos o medios de pago. 

Así se desprende de un informe fechado el pasado 4 de marzo, y firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como presidenta del Consejo Fiscal, sobre la reforma legislativa que aprobó el pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros para la transposición de la directiva en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Así, el Ministerio Público -cuyas conclusiones no son vinculantes- sugiere que se aproveche la modificación del artículo 248.2 del Código Penal para incluir la "expresa mención de las monedas virtuales" para dar "mayor efectividad que se pretende con la directiva".

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El texto que propone tramitar el Ejecutivo define la conducta de quienes serán acusados de un delito de estafa informática haciendo una referencia general a "cualquier activo patrimonial". Y es en este sentido en el que los fiscales consideran necesario introducir la mención expresa de las criptomonedas, que se encuentran en auge. "Resulta evidente que las monedas virtuales se encuentran comprendidas en el concepto de cualquier activo patrimonial, en este caso, inmaterial", dice el informe. Pero, según recuerda, la directiva europea aprobada en 2019 que ahora se intenta transponer "anima a los Estados miembros a garantizar en sus respectivas legislaciones nacionales que las monedas de carácter virtual que emitan en el futuro sus bancos centrales u otras autoridades públicas disfruten del mismo nivel de protección frente a los delitos de fraude que los medios de pago distintos del efectivo en general".

Adaptación a la "nueva realidad"

Fuentes fiscales consultadas por La Información advierten de que cada vez son más los procedimientos que estudian los tribunales sobre delitos económicos virtuales, la mayoría consistentes en hacer ofertas engañosas a través de critpodivisas. Por ello, ven necesario que las normas se adapten a la "nueva realidad" y contemplen un abanico de posibilidades delictivas que se están utilizando para después poder perseguir a los infractores con "eficacia". Por ejemplo, la Audiencia Nacional ya investiga dos de las causas que pueden ser las mayores estafas relacionadas con dinero virtual en España: por un lado, la investigación que se dirige contra el 'bróker' Javier Biosca y su familia por el presunto fraude de más de 200 millones de euros en inversiones en criptomonedas; y, por otro lado, el denominado 'caso Arbistar', la estafa piramidal, cuyo perjuicio económico se estima en más de 41 millones de euros, aunque podría alcanzar los 100 millones de euros.

También la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) participa en la lucha contra este tipo de engaños y ha hecho pública una guía para detectar e identificar las entidades y personas que no tienen autorización prestar servicios de inversión, a los que denomina como "chiringuitos financieros". De hecho, el organismo que preside Rodrigo Buenaventura recientemente ha regulado la publicidad de los criptoactivos, exigiendo comunicación previa de las campañas masivas.

Instrumentos de pago 

El informe del Consejo Fiscal también hace una buena valoración a la definición que el anteproyecto de ley hace sobre los "instrumentos de pago distintos del efectivo". "Cualquier dispositivo, objeto o registro protegido, material o inmaterial, o una combinación de estos, exceptuada la moneda de curso legal, que, por sí solo o en combinación con un procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al titular o usuario transferir dinero o valor monetario incluso a través de medios digitales de intercambio", reza el texto. No obstante, los fiscales hacen una breve advertencia con respecto a su posible interpretación a la hora de ponerlo en práctica y aconseja que en la nueva redacción del Código Penal se sustituya las referencias a "medios de pago distintos del efectivo" por "instrumentos de pago distintos del efectivo".

Con ello, lo que se pretende es poder perseguir tanto el acto defraudatorio como la preparación de la comisión del delito de estafa, como puede ser la suplantación de identidad ("phising"), clonación o redireccionamiento de usuarios de servicios de pago a páginas web falsas, o la venta de información falsa sobre tarjetas de crédito en internet. De hecho, el órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado plantea la necesidad de incluir en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que delimita las causas que puede conocer la Audiencia Nacional- la referencia a estos "instrumentos de pago" electrónicos para evitar conflictos de competencia, ya que dicho órgano tiene la capacidad para estudiar las causas relativas a la "falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viaje falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales".

Por último, el Consejo Fiscal también aborda la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. En este sentido, entiende que "se debe aprovechar la ocasión" para incluir al Ministerio Fiscal entre las autoridades que pueden requerir directamente certificaciones al Registro Central de Penados y eludir el cauce habilitado para ello a través del Punto Neutro Judicial. "No resulta inusual que obtenga directamente la información para aportarla al órgano judicial", añade el informe. Así, la Fiscalía exige al Gobierno tener mayor capacidad de decisión y que, al menos, sea consultada antes de que la "autoridad central" acepte enviar a otro Estado "información relacionada con un procedimiento penal", para evitar que ésta pueda tener una "incidencia relevante en el ámbito de las investigaciones transnacionales o, en general, en la cooperación judicial penal".