Los partidos que conforman el Gobierno de coalición quieren evitar que los condecorados por el franquismo mantengan esas distinciones. Esa es una de las líneas maestras del proyecto presentado ante el Congreso por PSOE y Unidas Podemos, que poniendo de ejemplo al policía fallecido acusado de torturas Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', buscan acabar con ese reconocimiento que hizo la dictadura a perfiles similares. Algo que tendrá que hacerse bajo el criterio discrecional del Ejecutivo y por decreto, ya que no hay fallos judiciales que acrediten que quienes acaben afectados por la medida cometieran delitos contra otras personas valiéndose de su posición de poder
En una Proposición No de Ley registrada en el Congreso, y que recoge además la nueva ofensiva contra el ducado de los Franco, socialistas y morados abogan por "revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista". Aquí entrarían quienes "hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos". Algo que en la actualidad no se puede dirimir en vía judicial, ya sea por el fallecimiento de los acusados o porque estos nunca han sido condenados por ello. También es clave la Ley de Amnistía, que impide juzgar delitos de esa época.
El primero que sufriría los efectos de esta nueva regulación sería 'Billy el Niño', al que ambos partidos mencionan de manera expresa en el texto presentado ante la cámara baja. "En particular, se revocarán las condecoraciones otorgadas a Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', ex inspector del régimen franquista imputado en su día por delitos de torturas y lesa humanidad", expone el documento en referencia a la conocida como 'Querella argentina" que abrió la jueza María Servini en el país latinoamericano por los delitos cometidos en el periodo entre la Guerra Civil y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones libres desde 1936. Una investigación que ya fue vetada por el Gobierno español, que rechazó su contenido por la prescripción de los posibles hechos delictivos y por la legislación de amnistía.
Que González Pacheco y otros de los posibles señalados hayan muerto no significa que vayan a esquivar la acción de esta nueva medida. Como señalan PSOE y Unidas Podemos en la PNL, "la revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido". Ahí será donde el Gobierno pueda encontrarse con la oposición de las familias de quienes colaboraran en la dictadura, ya que la pérdida de la condecoración implica no disponer de "todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos". Aunque esto se producirá "a partir de la notificación de la resolución que se declare", lo que cierra la puerta a que se reclamen todas las remuneraciones recibidas en virtud de esa medalla durante y después del franquismo, como han reclamado históricamente las asociaciones memorialistas.
Para socialistas y morados, revocar estas distinciones "es una muestra necesaria de calidad democrática y de transición permanente hacia un Estado social y democrático de derecho; una cuestión de memoria histórica y de salud democrática". Hasta el momento, el Estado paga por hasta 115 medallas policiales que se concedieron antes de 1979 a agentes de la policía franquista, muchos de ellos acusados de delitos de lesa humanidad. Pero aunque no existen mecanismos legales para que puedan revocarse, la coalición defiende que estos reconocimientos son "contrarios a nuestro ordenamiento jurídico más básico".
De las dificultades al Pazo y las fosas
En principio, esta propuesta no tendrá problemas para superar este trámite, ya que la inmensa mayoría de los grupos coinciden en desmontar todo el legado del franquismo. Por tanto, es previsible que el Parlamento acabe conminando al Gobierno a impulsar una nueva legislación en este sentido. Esa implicación del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez ya quedó de manifiesto cuando convirtió la Dirección General de Memoria Histórica en una Secretaría de Estado, que además cuelga de las funciones de la vicepresidencia primera que desempeña Carmen Calvo. Pero solo tendría dos fórmulas disponibles para hacerlo: o modificar la incorporarla a la Ley de Memoria Histórica y Democrática que ya se está tramitando en el Congreso, o utilizar un Real Decreto Ley como se hizo para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Aun así, este proceso no se prevé fácil, como ya ocurrió con la salida del dictador del mausoleo. Las reformas previstas y la más que probable oposición de las familias de los 'degradados' retrasarán y entorpecerán los planes del Ejecutivo, que ha relegado la mayoría de sus planes en materia de memoria histórica por el grave impacto del coronavirus en todo el país desde hace más de dos meses. Lo positivo para Moncloa es que en esta cuestión cuenta con una mayoría absoluta más que holgada, por lo que esa negociación no será tan complicada como sí le puede ocurrir en otros ámbitos.
Esta es una de las promesas que hizo la coalición que lideran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que por boca del vicepresidente segundo llegó a pedir disculpas a las víctimas de acusados de torturas como 'Billy el Niño' por no haber logrado que fuera juzgado antes de su muerte por la Covid-19. Pero hay otros temas de memoria que aún están sobre la mesa. Uno de ellos es el Pazo de Meirás, el cual el Gobierno quiere arrebatar a la familia Franco. El otro es el de las víctimas enterradas en fosas comunes, para las que Sánchez anunció que habría reparación a través de un programa para desenterrar e identificar los restos y cederlos a sus familiares.
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