La Audiencia Nacional acoge desde este lunes un macrojuicio contra un centenar de personas implicadas en el timo de las 'cartas nigerianas'. Se trata de la mayor vista oral celebrada sobre este fraude tanto por la cuantía total estafada, que asciende a 47 millones de euros, como por el alto número de víctimas, que supera las 6.500. El fiscal acusa a los timadores de integrar una organización criminal en la que participaron hasta 134 locutorios repartidos en todo el país.
La mayor banda de este tipo de timos fue desarticulada por agentes de la Policía Nacional en una macrooperación que tuvo lugar hace ahora cinco años. Sin embargo, no será hasta este lunes cuando todos ellos se sienten en el banquillo de los acusados por los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que una decena de los acusados ha sorteado la vista al encontrarse en situación de busca y captura. Con todo, las mismas fuentes explican que la vista arrancará con un principio de acuerdo de conformidad para poco más de una treintena de acusados, los cuáles aceptarán penas de prisión que rondan los dos años.
El resto se enfrenta a una petición de cárcel que oscila entre los siete y los cerca de 10 años por integrar esta red que estafó a más de 6.500 personas de los cinco continentes. De acuerdo con el auto del Ministerio Público al que ha tenido acceso este medio, la engañifa consistía en que enviaban cartas masivas a ciudadanos de todo el mundo haciéndoles creer que habían sido premiados en la lotería, habían recibido una herencia o bien se habían visto involucrados en una situación de emergencia. Bajo estos asuntos, completamente falsos, hacían creer a las víctimas que era necesario el envío por adelantado de pequeñas cantidades de dinero si querían cobrar estas cuantías.
Pasaportes con el rostro de famosos
Las que caían en el engaño enviaban estas cuantías en concepto de tasas y aranceles que eran recibidas ya en España desde los locutorios implicados en esta trama delictiva. El fiscal sitúa al frente de los mismos a agentes de la compañía de envío de dinero Western Unión. Estos lo que hacían era por un lado recibir las cuantías estafadas a las víctimas y, por otro, enviarlas a los verdaderos cerebros de la operativa, ubicados en su mayoría en Nigeria. Para ello, los implicados se hacían valer de pasaportes falsificados elaborados con fotografías de clientes de los locutorios que nada tienen que ver con este asunto.
Incluso hasta emplearon fotografías de personajes famosos como Jude Law, Christian Bale o Marion Cotillard, tal y como denunció la policía judicial en uno de los informes que obran en la causa. De este modo, escogían instantáneas de todas estas celebridades y les ponían nombres falsos. De hecho, la organización empleó lo que el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals denomina 'documentos plantilla'. Sobre estos se iban añadiendo las diferentes filiaciones utilizadas para la estafa; hecho que han acreditado los investigadores al comprobar que en los pasaportes falsificados se notaban marcas como arrugas o bordes sombreados, lo que prueba que los habían utilizado con anterioridad.
El importe total del fraude según las denuncias recogidas asciende a 17,5 millones de euros si bien la cantidad que se remitió a Nigeria desde los locutorios investigados es superior a los 47,1 millones de euros; cifra que refleja la magnitud de esta presunta estafa. La diferencia entre la cuantía denunciada y la que de verdad se embolsaron los timadores reside en que muchas de las personas que fueron objeto de este fraude (en su mayoría naturales de Estados Unidos) no denunciaron los hechos por vergüenza e incluso miedo a recibir amenazas de los integrantes de esta banda.
Western Union como responsable civil
El fiscal determina que debe responder como responsable civil subsidiario la empresa Western Union con un total de 17,5 millones de euros. Las fuentes consultadas explican que la multinacional ya fue condenada por estos hechos en Estados Unidos y resarcirá con esa cuantía a las víctimas afectadas en este procedimiento penal. Cabe destacar que la Fiscalía pide además que se inhabilite a todos los acusados al ejercicio relativo a las transferencias de dinero durante un periodo de siete años.
El escrito, de 120 páginas, detalla las maniobras de cada uno de los acusados así como locutorios implicados en la red y que estuvieron bajo la lupa de los agentes entre mediados de 2009 y finales de 2012. Destaca el caso de la acusada Fanny Salami, natural de Nigeria, que regentaba un locutorio en Móstoles. Este centro recibió durante todo ese tiempo un total de 2,8 millones de euros en 2.530 envíos provenientes de 90 países diferentes. Como denuncia el fiscal, el establecimiento no solo recibió estas cuantías sino que también se encargó de enviarlas a los países destinatarios del timo que eran Nigeria y Marruecos. Una dinámica que se repitió en más de un centenar de centros cuyos dueños se sientan desde el lunes en el banquillo.
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