El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima que entre 2021 y 2030 será necesario invertir 41.846 millones de euros en redes y electrificación de la economía. La cifra supone un 18% sobre la inversión total prevista para cumplir con los objetivos previstos y el 80% correrá a cargo de las empresas. Paradójicamente, la cifra de inversión del documento elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica coincide prácticamente con las estimaciones recogidas en el informe Deloitte que las eléctricas y Red Eléctrica de España (REE) encargaron a la consultora en 2018 para reclamar un 7% de retorno de la inversión a partir de 2020.
El estudio que el PNIEC asume, al menos en parte, se denominó 'La contribución de las redes eléctricas a la transición energética'. Ponía cifras a las necesidades de inversión de la red hasta 2030 -entre 38.000 y 46.000 millones de euros- e introducía una atractiva previsión para convencer al Gobierno y al entonces ministro de Energía Álvaro Nadal: una inversión de tal dimensión tendría un impacto muy beneficioso en la tarifa eléctrica.
Según señalaba Deloitte, el coste de las redes -que se paga en los peajes- se reduciría hasta un 10%, lo que unido a la desaparición del déficit tarifario, al aumento de la demanda y al menor precio de la energía generada con renovables, abarataría el coste total del suministro en un 35% en el año 2030. De 130 euros Mwh en 2015 a los 85/90 euros en 2030.
Rebajas en la factura
Las previsiones del Gobierno Sánchez sobre el impacto de los planes de descarbonización y la inversión en redes es más modesto. El Ejecutivo prevé en el PNIEC que la descarbonización facilitará en 2030 una rebaja del 18,5% en la factura de la luz respecto al precio actual, gracias, sobre todo, a la entrada masiva de renovables.
Los argumentos de las empresas para justificar las inversiones tenían peso. Deloitte las consideraba necesarias no sólo para integrar el despliegue de nueva potencia renovable, sino para hacer un lifting en el sistema. La red de distribución, sostenía el documento, ha envejecido mucho y en baja tensión -la malla que da servicio a los hogares- el 40% de los transformadores tendrá más de 40 años en 2025. O se invierte o será el colapso. Sucedió en 2007 , con el gran apagón de Barcelona y el recuerdo todavía está reciente.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) recela de las cifras de inversión contenidas en los planes del Gobierno. "La CNMC no puede evaluar la cifra (los 41.846 millones del PNIEC)", sostienen fuentes de la comisión, "porque no está justificada". La inversión prevista, explican, supera con mucho el valor actual de la red que está en servicio y parece basada en la aplicación automática de modelos macroeconómicos.
Recelos del regulador
Los recelos del regulador del sistema eléctrico adelantan posibles fricciones si los planes enviados a Bruselas llegaran a ser aprobados. La CNMC, con nuevas competencias, es determinante para fijar las retribuciones de las empresas que transportan y distribuyen electricidad y, por lo tanto, puede condicionar sus inversiones. En la CNMC se ha impuesto la máxima de que la tecnología permite en estos momentos hacer más con menos.
Para el gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), el despliegue e inversión en redes es clave. El presidente de la compañía, Jordi Sevilla, lo explicó en un encuentro-debate público hace apenas unos días: “La transición energética -dijo- exige ponernos a trabajar ya y para ello es imprescindible que contemos lo antes posible con una nueva Planificación de la red de transporte de electricidad para el próximo periodo regulatorio 2020-2025”.
La cuenta atrás ha comenzado. Red Eléctrica ha abierto ha abierto el plazo de tres meses para que las empresas eléctricas, las comunidades autónomas y los promotores de nuevos proyectos de generación (renovables) propongan por dónde debe ir el desarrollo de las redes en el horizonte 2021-2026. Serán prioritarios "la mejora y actualización de la red existente y la utilización de nuevas tecnologías". Ninguna instalación que no presente un análisis costo/beneficio positivo podrá llevarse a cabo. Los principios están claros. Ahora sólo queda concretar la inversión. Con permiso de Competencia.
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