Gobierno mexicano es ambiguo sobre cuarteles, afirman padres de desaparecidos

México, 16 ene.- Los padres de los 43 jóvenes que desaparecieron hace casi cuatro meses en el sur de México pidieron acceso a todos los cuarteles del estado de Guerrero, afirmó hoy su abogado, Vidulfo Rosales, que acusó al Gobierno de ser ambiguo en torno al tema.

"La solicitud ha sido sobre todos los cuarteles de Guerrero y nosotros entendimos (...) que se accedía sobre la solicitud en su conjunto; ahora hay un acotamiento", dijo el letrado a Radio Fórmula sobre la aclaración del Gobierno de que el ingreso solo sería al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aseguró el jueves que los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre solo tendrán acceso al cuartel de Iguala, en virtud de que en ese sentido fue su petición.

Habrá que "volverlo a platicar", señaló hoy Rosales, quien lamentó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto mantenga su "reticencia" y "ambigüedad sobre el tema".

En la reunión celebrada el martes con Osorio y el fiscal general, Jesús Murillo, los familiares expresaron la importancia de entrar a los cuarteles para buscar a sus hijos y "ellos dijeron: 'pues sí, eso ya está resuelto, ustedes póngase de acuerdo cuándo lo hacemos'", comentó.

Por ello, apuntó, los padres de las víctimas se reunirán el próximo domingo "para diseñar una propuesta de un formato de cómo se haría la revisión" y presentarla al Gobierno federal.

"Seguramente la revisión tendrá lugar la semana que viene", añadió Rosales.

La Fiscalía señaló el martes en un escueto comunicado que los cuarteles del Ejército "están abiertos a todos los ciudadanos", pero aclaró que el ingreso debe ser ordenado y "con respeto a las instituciones".

Tras el anuncio, los familiares de los jóvenes desaparecidos aseguraron que buscarían en todos los cuarteles del país.

Los padres reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, pues al menos una decena de alumnos de la Normal Rural Ayotzinapa aseguran que los militares participaron.

El ministro de Gobernación aseguró el jueves que "no hay ninguna prueba" que pueda ligar a las Fuerzas Armadas con esos hechos", y añadió que lo que sí está "muy claro" es la implicación de policías locales y autoridades de Iguala infiltradas por el crimen organizado.

Según la versión oficial, policías locales atacaron a tiros a los estudiantes por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar que interrumpieran un mitin de su esposa, María de los Ángeles Pineda, causando la muerte de seis personas y heridas a otras 25.

Además, los policías capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, cuyos miembros aseguran que los asesinaron e incineraron en un basurero, aunque solo uno de ellos ha sido identificado a partir de restos calcinados analizados en Austria.

Los familiares no creen en esta versión y aseguran que mientras no haya una prueba científica e irrefutable de que fueron asesinados, van a continuar con la búsqueda.